Oficializaron las modificaciones por decreto a la Ley de Medios

El Boletín Oficial publicó este lunes la creación del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), que disuelve y reemplaza a la AFSCA y AFTIC, y modifica artículos centrales de la «Ley de Medios». La Defensoría del Público exigió una «urgente intervención» de la Comisión Interamericana por los Derechos Humanos (CIDH), haciéndose eco de múltiples denuncias que recibió el organismo.

El decreto 267, con fecha del 29 de diciembre, estipula la creación del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), modificando la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA, mal conocida como Ley de Medios) y la ley 27.078 «Argentina Digital». El nuevo organismo, según dicta su articulado y sus consideraciones, sustituirá a las autoridades de aplicación de ambas legislaciones (AFSCA y AFTIC respectivamente) y será un «ente autárquico y descentralizado, en el ámbito del Ministerio de Comunicaciones», creado por Mauricio Macri por decreto y a cargo del radical Oscar Aguad.

El directorio del Enacom, de acuerdo al texto publicado en el Boletín Oficial, estará integrado por un presidente y tres directores nombrados por el Poder Ejecutivo Nacional y tres directores propuestos por la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologias de las Telecomunicaciones y la Digitalizacion (uno de la mayoría o primera minoría, uno de la segunda minoría y uno de la tercera minoría parlamentarias).

A su vez, el presidente y los directores durarán en sus cargos cuatro años (que coincidirán con el mandato presidencial) y podrán ser reelegidos por un período. Los mismos «podrán ser removidos por el Poder Ejecutivo Nacional en forma directa y sin expresión de causa».

Entre las consideraciones, el decreto argumenta que la LSCA “es una norma anticuada y distorsiva en numerosos aspectos” ya que “desconoce el rol de la digitalización en la multiplicación de espacios de contenidos, el papel de las sinergias en el desarrollo de modelos de negocios de la industria, la escala que se requiere para desarrollar servicios convergentes”. Además, adjudica a esa supuesta «falta de adaptación a la realidad de la industria y el mercado», «la imposibilidad de aplicación práctica de muchas de las disposiciones de la Ley 26.522 y el alto grado de controversia que se ha generado al momento de su implementación».

Sumado a la creación del Enacom, el decreto modifica varios de los artículos de la LSCA, como por ejemplo el que fija las reglas para la cantidad de licencias. En el orden nacional, se amplía de 10 a 15 la cantidad de licencias de servicios de comunicación audiovisual cuando se trate de televisión abierta o radio. Como adición, se modifica el artículo 40 que establecía que las licencias tenían una prórroga única de 10 años previa audiencia pública. A partir de ahora, serán a cinco años de manera automática y luego a 10 años por concurso.

También aumenta la proporción de acciones de las sociedades titulares que podrán comercializarse en el mercado de valores: del 15% que indicaba la ley, se incrementó hasta el 45%.

“La crítica situación del sector configura una situación excepcional que hace imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución”, asegura el gobierno de Mauricio Macri como justificación por no aguardar al comienzo de sesiones del Congreso para plantear modificaciones a esta normativa, que había sido considerada constitucional por la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2013.

La Defensoría del Público en defensa de la «autonomía, independencia y pluralidad»

La Defensora del Público, Cynthia Ottaviano, solicitó la intervención de la CIDH “en el marco de sus facultades” ante la sanción de los decretos emitidos por el Gobierno Nacional que afectan a la LSCA y a su organismo de aplicación. Se trata de “una situación que amenaza el respeto de los principios que desde el sistema interamericano se han defendido” puesto que se están “vulnerando los estándares internacionales en materia de autonomía, independencia y pluralidad de este tipo de autoridades de medios audiovisuales”, indicó.

De acuerdo a Ottaviano, las medidas dictadas por el Gobierno Nacional “desarticulan todo el andamiaje institucional que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) había creado para garantizar la autonomía, independencia y pluralismo de la Autoridad de Aplicación y para dar adecuado cumplimiento a los estándares internacionales en la materia”.

La solicitud de “urgente intervención” efectuada por la Defensoría al Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA), Edison Lanza, tiene “el fin de evitar que las medidas adoptadas signifiquen un retroceso en la protección de los estándares interamericanos en materia de libertad de expresión”. Además, solicita que el funcionario de la OEA “arbitre los medios necesarios para convocar a una audiencia con carácter urgente con el objeto de analizar la situación aquí planteada”.

El anuncio de Marcos Peña, posterior a la intervención a los organismos de aplicación de las leyes mencionadas ya había sido controversial. Ahora el texto del decreto oficializado, reafirma que «avanza en el sentido exactamente contrario al espíritu democrático y pluralista» de la LSCA, tal cual anticipó Notas.