Notas

La inacción de la Justicia ante el embarazo de la niña wichi violada

La inacción de la Justicia ante el embarazo de la niña wichi violada
junio 08
01:29 2016

El pasado 3 de junio, mientras en más de 200 puntos del país se desarrollaba la masiva manifestación exigiendo ni una mujer asesinada más y reclamando por derechos de las mujeres, a una niña de la comunidad wichi le realizaron una operación cesárea en el Hospital Materno Infantil de Salta capital. Esto sucedió tras haberse comprobado que se trataba de un caso de gestación de un feto anencefálico.

Esta práctica se podría haber evitado si la familia y la niña hubiesen sido informados sobre el derecho a realizarse un aborto no punible y hubiesen tenido así la posibilidad de elegir. Según la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito esto constituye “un caso de violencia obstétrica e institucional (Ley 26.485 y 25.929 de parto humanizado), vulnerando los derechos humanos de la niña a ser oída y en desconocimiento de las leyes que protegen sus derechos como paciente (Ley 26.529)”.

El caso tomó visibilidad en los medios en estos últimos días aunque ya van siete meses de una sucesión de vulneración de derechos tras otra. La niña, cuyo nombre no fue revelado para resguardar su intimidad, vive en Lhaka Honha (Nuestra Tierra) en Alto la Sierra de Salta. Tiene 12 años y en noviembre de 2015 fue víctima de una violación colectiva por hombres que no pertenecen a su comunidad.

Su padre hizo la denuncia y un médico boliviano brindó atención médica. En la consulta comprobó que la niña había sido abusada pero no pudo firmar el acta ya que su título no está revalidado en Argentina. En su lugar, un bioquímico prestó la firma y este detalle fue utilizado por la defensa para favorecer a los acusados.

La Justicia salteña actuó ante la denuncia pero dilató los tiempos y, aunque pudo haber aplicado el protocolo de aborto no punible, no lo hizo. La reglamentación indica justamente que, en casos de violación, la víctima tiene el amparo legal de abortar de manera segura. Desde la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito denunciaron: “A pesar de encuadrar su caso en los contemplados como legales en el Código Penal argentino (Art 86) y ratificado esto en el fallo F.A.L de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la niña no tuvo acceso a la información de su derecho a acceder a un aborto legal violándose su derecho humano a la salud, viéndose obligada a atravesar una gestación de alto riesgo para su salud física y mental durante siete meses”.

Los acusados en libertad

El juez de la causa decidió dejar en libertad a los cinco acusados de la violación a pesar del pedido del fiscal Arman Cazón. Tanto Omar Arias de 19 años, Javier Mansilla y Sebastián Salvatierra de la misma edad, como Luis Lamas de 22 años fueron detenidos hasta el 4 de marzo. A principios de junio, el juez Fernando Mariscal Astigueta decidió que no hay pruebas que los incriminen y tampoco riesgo de fuga.

El mismo día en que la niña fue sometida a la cesárea de urgencia, uno de los cinco responsables de la violación colectiva quedó detenido. Pero la detención se realizó por no haberse presentado a declarar y no por los hechos por los cuales se lo acusa.

Una amiga de la víctima se presentó esta semana ante la justicia y declaró que estuvo presente en el momento en el que el grupo de hombres las interceptó y se llevó por la fuerza a la menor. Dijo nombre por nombre quiénes fueron los culpables del secuestro y la posterior violación.

El reclamo de los organismos de derechos humanos

La delegación provincial del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) presentó una denuncia por discriminación contra cuatro ministerios: Salud, Primera Infancia, Asuntos Indígenas y Derechos Humanos y Justicia. La razón fue la inacción que mantuvieron al conocer la denuncia de violación. Todos ellos debieron intervenir en ese momento  y no siete meses después.

También el Centro de Estudios Legales y Sociales  (CELS) y la Asociación de Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) expresaron su “profunda preocupación por un gravísimo caso de violencia de género ocurrido en el territorio de las comunidades”.

El documento denuncia “un serio desconocimiento de las obligaciones del Estado en materia de derecho a la salud, violencia de género, acceso al aborto y una total negación de justicia”, al no aplicar “el Protocolo para la atención integral de víctimas de violaciones sexuales”.

Notas relacionadas

0 comentarios

No hay comentarios aún

No hay comentarios por el momento, querés agregar uno?

Escribe un comentario

Escribe un comentario

Tu mail no será publicado. Los campos obligatorios están marcados *

Laborales

  • paritaria-docenteConflicto docente: "La propuesta del gobierno de Vidal es humillante"

    María Laura Torre, secretaria gremial de SUTEBA, afirmó que la propuesta del gobierno bonaerense en la mesa técnica salarial de este martes fue "descalificadora" hacia la labor docente. Los seis gremios del Frente Gremial Docente van nuevamente al paro este miércoles y jueves.

  • Del-PlataRadio del Plata: "Queremos seguir al aire y mantener los puestos de trabajo"

    El Sipreba denunció el vaciamiento de Radio del Plata, donde 140 puestos de trabajo peligran ante el abandono empresarial. En una entrevista con "LlevaloPuesto" (FM La Tribu), la delegada sindical Cecilia Claps afirmó que desde 2015 hay irregularidades en el pago de sueldos y que el Ministerio de Trabajo no toma cartas en el asunto.

  • metrodelegadosEl subte para dos horas el jueves para sumarse a la movilización de las CTA

    Roberto Pianelli confirmó que el subte parará durante dos horas este jueves para adherir al paro y movilización convocados por las CTA Autónoma y De los Trabajadores del próximo 30 de marzo. Los metrodelegados también se sumarán al paro de la CGT del próximo 6 de abril.

  • precarizacionINDEC: la informalidad laboral llega al 33,6%

    El último dato oficial corresponde al último trimestre de 2016, aunque la comparación con igual período de 2015 es imposible porque el gobierno discontinuó su publicación al asumir. En total, afecta a cuatro millones de trabajadores.

  • INADI"El interventor quiere achicar el INADI desde que asumió"

    El Interventor del INADI, Javier Buján, amenaza con el cierre de las delegaciones provinciales del organismo en caso de no encontrar un lugar gratuito donde desarrollar sus funciones. La delegada sindical Nadia Fadik afirmó están en juego cien puestos de trabajo y el carácter federal del organismo.

  • sancorSanCor confirma reestructuración que sigue sumando despidos

    Durante la noche del martes la Cooperativa láctea SanCor mantuvo una reunión con unos 70 productores durante la que informaron acerca de su plan de reestructuración, que incluye la posible venta de las tres plantas que se cerraron hace algunas semanas y una reducción de personal que llevaría la cifra de despidos a mil.