Por primera vez en tres años hay más genocidas con domiciliarias que en cárceles

El estado de las causas por delitos de lesa humanidad puede servir como insumo para pensar las políticas que el Estado nacional lleva adelante en materia de derechos humanos. El cambio de gobierno, como lo demuestra el informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, significó un cambio de rumbo que tuvo su eco en distintos agentes de la justicia federal.

Las domiciliaras crecen

Los cambios más drásticos que se vivieron durante el año 2016 tienen que ver con las condiciones de detención de los represores. Mientras que 519 se encuentran con arresto domiciliario, hay 460 que están alojados en cárceles del servicio penitenciario. Hay siete genocidas en hospitales y 60 se encuentran en dependencias de las Fuerzas Armadas o de seguridad.

El informe explica que “la tendencia es creciente en el número de imputados con arresto domiciliario, que abarca prácticamente todo el periodo de análisis (2014-2016). No obstante, durante el 2016 el aumento fue de 80 imputados, una cifra significativa que terminó por invertir la relación entre los datos, especialmente durante el segundo semestre”.

Esto significa que, por resoluciones tomadas en los últimos seis meses en la justicia federal, nos encontramos frente a un escenario donde, por primera vez en tres años, hay más genocidas en sus casas que en las cárceles.

Desde la Procuraduría advierten que esta tendencia podría explicarse porque los juicios por delitos de lesa humanidad responden a procesos de “justicia tardía”. Es decir, se están juzgando hecho ocurridos cuatro décadas atrás. Eso supone el envejecimiento (y en muchos casos la muerte) de las víctimas, sus familias, testigos y, también, de los genocidas.

Sin embargo, este cambio que podría resultar lógico, esconde una voluntad política que se expresa en otros datos. Si nos detenemos en la cifra de 67 detenidos en hospitales o dependencias de las fuerzas encontramos un cambio de dirección en el criterio del Estado nacional.

Desde el año 2007, cuando el ex prefecto Héctor Febrés murió envenenado mientras se encontraba detenido en dependencias de la Prefectura Naval de Tigre, la entonces ministra de Defensa, Nilda Garré, dispuso en una resolución ministerial la prohibición del alojamiento en unidades militares de personas procesadas o condenadas penalmente.

Pero en diciembre de este año, el director nacional del Servicio Penitenciario Federal, Emilio Blanco, firmó una nueva resolución que habilitó el uso de la Unidad 34 (en el predio de Campo de Mayo y bajo órbita del Ejército) para alojar a genocidas condenados o procesados por delitos de lesa humanidad. Desde entonces 54 imputados fueron trasladados allí.

A esta decisión del Poder Ejecutivo hay que agregar los 121 imputados que fueron excarcelados durante el año. Según el informe: “El número de absueltos en juicio y de faltas de mérito y sobreseimientos en la etapa de instrucción también aumentó significativamente en 2016”. Y 39 genocidas que se encontraban procesados (y que no habían sido condenados) fueron apartados de las causas por problemas de salud.

La parálisis de las causas

El 50% de causas se encuentra en etapa de instrucción. Y esta situación se sostiene desde hace años. Si volvemos a la definición de “justicia tardía” que utiliza la Procuraduría, vale pensar que la demora es sinónimo de impunidad.

En este sentido el esquema de dos audiencias semanales que los tribunales imponen han logrado que, por ejemplo, el juicio «ESMA unificada» lleve cuatro años de audiencia sin fecha programada de sentencia.

Al 20 de diciembre del 2016 se llevaron adelante 585 causas en las que fueron investigados 2771 imputados. Otras 249 causas fueron acumuladas en alguna fase de la investigación conformando las conocidas “megacausas”. De ellas hay 16 causas en juicio, 173 con sentencia, 277 en instrucción y 119 que fueron elevadas a juicio.

A su vez, el informe indica que “desde el 2014 advertimos una baja en el ritmo de las sentencias dictadas anualmente, que habían alcanzado un pico de 25 por año en 2012 y 2013”. Durante el 2016 hubo sólo 19 sentencias.

Pero a este dato hay que sumar otro, aún más complicado: el decrecimiento de nuevos imputados. De los 248 procesados que están siendo enjuiciados, sólo 160 enfrentan su primera condena. El resto ya ha sido juzgado en otras causas.

Por último, el informe refleja la parálisis de las causas que están siendo elevadas a juicio. “El universo de causas elevadas entre 2014 y la actualidad fue muy parejo, osciló entre 142 en diciembre 2014 y 119 en diciembre de 2016. Ahora bien, considerando estos totales llegan a juicio por año alrededor de un 15% del total de elevadas”.

Hace más de diez años la impunidad tenía forma de ley: Obediencia debida y Punto final. En esta nueva etapa parece haberse transformado. La lentitud de los actores judiciales, los alojamientos VIP para genocidas, el criterio flexible para conceder prisión domiciliaria y el crecimiento de las condenas absolutorias son la nueva cara de la impunidad.

Juan Mattio – @juanmattio