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Aguad acepta quita de 98,8% para deuda del Grupo Macri por el Correo

Aguad acepta quita de 98,8% para deuda del Grupo Macri por el Correo
febrero 09
12:08 2017

En marzo de 1997 el presidente Carlos Saúl Menem definió la privatización de Encontesa, la denominación que tenía el Correo Argentino en ese entonces, y el grupo empresario que resultó ganador de la concesión fue Socma (Sociedad Macri). Así nuestro país se convirtió en uno de los primeros del mundo en privatizar el servicio postal. Según la concesión por 30 años, el grupo empresario debía pagarle al estado un canon semestral de 51,6 millones de pesos. Al momento de la privatización, el Correo empleaba unos 20 mil trabajadores, pero unos años después Socma ya había reducido el plantel a 13 mil, logrando incluso que el Estado asumiera parte del pago de las indemnizaciones considerándolas como “inversión”.

Ya en 1999 el Grupo Macri dejó de pagar el canon semestral y comenzó a acumular una deuda millonaria. En septiembre de 2001 Correo Argentino entró en concurso preventivo, registrando una deuda de 257 millones de pesos-dólares, ya que aún regía la convertibilidad. En noviembre de 2003, Néstor Kirchner rescinde el contrato de Socma y finalmente reestatiza la empresa.

Desde entonces el Grupo Macri viene negándose a pagar su deuda y haciendo propuestas de pago con unas quitas exorbitantes. Estas propuestas venían siendo sistemáticamente rechazadas (el rechazo se justificaba “por implicar más una licuación del pasivo que una verdadera propuesta de pago”) hasta que este año el Ministerio de Comunicaciones a cargo de Oscar Aguad consideró que una quita del 98,9% de la deuda y un compromiso de pago del resto a 15 años (terminará de pagar en 2033) era razonable y constituía una mejora “significativa” respecto de las propuestas anteriores.

Los síndicos del Ministerio de Comunicaciones, cartera de la que en la actualidad depende el Correo, parten de considerar que la deuda que quedó pendiente al fin de la concesión es de 296 millones de pesos (sin considerar que eran pesos-dólares) y rechazan la actualización planteada por la fiscal que lleva la deuda del grupo empresario a 4277,6 millones de pesos a “valor presente”. Por eso, consideran válido el pago de apenas un 1% de lo reclamado y argumentan que acuerdo servirá “para evitar la progresiva descapitalización de la acreencia que tenía el Estado sobre el Correo, para así tratar de recuperar al menos algo del dinero en un contexto inflacionario”.

Sin embargo, la fiscal Gabriela Boquin plantea objeciones de todo tipo al acuerdo alcanzado. Desde la Fiscalía General en lo Comercial se cuestiona primero la competencia del Ministerio de Comunicaciones para sellar ese acuerdo, considerando a la cartera de Aguad “sin competencia para hacerlo y sin acreditar de quién recibió instrucciones ni en el acto administrativo que se las impuso”.

También se denuncia la falta de informes técnicos que justifiquen de alguna manera la conveniencia de una quita tan desmesurada. Boquin plantea que se trata de “una propuesta que no se analizó técnicamente y resulta abusiva, irrazonable y ruinosa para los intereses de la comunidad”.

Boquin, además de notificar a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas para que se investigue si hubo irregularidades y si amerita radicarse una denuncia penal, presentó un escrito de 64 páginas en el que detalla que el acuerdo perjudicaría “gravemente el patrimonio del Estado nacional” en beneficio de los Macri, familia que “detenta la totalidad del capital accionario de Socma Americana SA, controlante de Sideco Americana SA, quien a su vez posee el control accionario de Correo Argentino SA”. Del cuestionado directorio del Correo de aquellos años también participaba el primo Ángelo Calcaterra.

La fiscal además denuncia que aceptar la quita de 98,8% implica, si se proyecta el monto perdonado de 4277,6 millones al año 2033, que es cuando se acabaría de saldar la deuda, un perdón de 70.163,9 millones de pesos. Este número se construye computando la deuda original durante la convertibilidad y luego aplicando la tasa activa de interés del Banco Nación hasta la fecha en que se concretaría el último pago cancelatorio. La propuesta de pago del grupo Macri además contempla un interés anual de 7%, que por ubicarse muy por debajo de la inflación incluso va licuando el monto de ese 1% de deuda a saldar a lo largo de los años.

Ahora la Fiscalía elevará el caso a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, para intentar que no se apruebe este acuerdo tan beneficioso para la familia presidencial.

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