De paritarias, silencios y luchas

Por Leticia Garziglia. A fines de la década de los ochenta cuando Carlos Saúl Menem asumió la presidencia de la Nación, la crisis económica y social había cobrado proporciones desmesuradas. Estas políticas implicaron una reforma del Estado y de sus funciones, reduciendo su “gasto” para “resolver los desequilibrios fiscales”. Con estos argumentos (sumados al de su insuficiente calidad) se transfirieron al sector privado prestaciones como la luz, el gas, el teléfono, la previsión social, entre otros. No era aún tan fácil “sacarse de encima” a las escuelas y hospitales de la misma manera. Felizmente, la sociedad argentina tiene ciertos pisos de conciencia construidos.

Haciéndose eco de las resoluciones del Congreso Pedagógico Nacional llevado a cabo durante el alfonsinismo, el nuevo gobierno pudo transferir a las provincias la responsabilidad sobre la enseñanza inicial, primaria y secundaria. Así es como hizo responsables a los gobernadores provinciales de cualquier gestión, conflicto o logro que debieran adjudicarse.

Esto no impidió que hacia fines de la década y ante el desfinanciamiento educativo, en 1997, se instalara frente al Congreso Nacional la famosa Carpa Blanca, sostenida durante 1003 días por trabajadores y trabajadoras de la educación de todo el país y legitimada por el apoyo de amplios sectores de la sociedad, que en total sumaron tres millones de visitas.

El contexto económico, social y político desincentivaba la formación docente y la voluntad de ejercer la profesión. El vaciamiento del Estado de esa época se tradujo también en las pésimas condiciones en las que están hasta el día de hoy muchas de las escuelas públicas y en la famosa insuficiente “calidad” de la educación, entendida como las exiguas habilidades de muchos egresados y egresadas para comprender textos en profundidad, estudiar autónomamente y otras aptitudes deseables.

Recomposición y nuevos pisos de inclusión

Durante los años kirchneristas, la recomposición del salario docente cambió la realidad de las familias de los y las trabajadores de la educación. Un salario que permitiera al menos vivir, era posible. Las condiciones, claro: trabajar en varias escuelas, varios turnos, ser el famoso “profesor-taxi” y descansar poco con fines de semana recortados por tener pilas de trabajos para corregir. Pero al menos se podía vivir de eso. Tampoco fue estructural la recomposición debido a la misma descentralización ya mencionada.

La ley que establece las paritarias se cumplía, aunque el argumento de “el gobierno nacional no tiene escuelas a cargo” permitía cerrar la discusión en un humilde piso y que cada provincia negociara por separado. Las más perjudicadas eran siempre aquellas con menor presupuesto, cuyos docentes debían conformarse con que ese piso fuese también su techo.

El mismo argumento desresponsabilizador servía al Ejecutivo nacional cuando se hablaba de la gestión de las escuelas, la infraestructura edilicia, las condiciones de enseñanza y aprendizaje, la falta de gabinetes psicopedagógicos y de instancias de contención social y pedagógica en los establecimientos educativos. Estas problemáticas enfrentaron innumerables veces al gobierno nacional con algunos Ejecutivos provinciales y, obviamente, con el de la Ciudad de Buenos Aires (CABA), en ese entonces a cargo de Mauricio Macri.

Sin embargo, hay que ser justos y reconocer que ese mismo gobierno se encargaba de equipar los establecimientos o resolver problemas de infraestructura en lugares específicos. A la vez, implementaba programas sociales y educativos que lograban tapar parcialmente algunas deficiencias de las gestiones provinciales. Programas como “Jóvenes y Memoria” (impulsado por la Comisión Provincial de la Memoria, pero apoyado por el Estado), “Conectar Igualdad” y la distribución de libros en escuelas de todo el país fueron algunos de las iniciativas más significativas de la gestión.

Por último hay que decir que los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner dejaron tras de sí una batería normativa orientada a garantizar ciertos niveles de inclusión e igualdad de derechos (Asignación Universal por Hijo, obligatoriedad de la escuela secundaria, Ley de Educación Sexual Integral, entre otras).

En síntesis, no es desacertado afirmar que el kirchnerismo resolvió o intentó resolver algunas de las problemáticas heredadas de los noventa, aunque ninguna de ellas fue a fondo con la cuestión estructural de que el gobierno nacional vuelva a hacerse cargo de las escuelas y así poder garantizar las tan mentadas “inclusión” y “calidad”.

Durante esos años la lucha docente no dejó de existir, aunque fue más fragmentada. Con sindicatos mayoritarios alineados ideológicamente al gobierno nacional y paritarias muy dispares en las provincias, los conflictos eran de carácter provincial o local la mayoría de las veces.

El silencio del ajuste

El mismo argumento del “no tener escuelas a cargo” es hoy la excusa para el incumplimiento de la ley: ¿cómo se va a sentar a negociar el ministro nacional si no tiene escuelas que gestionar ni docentes a quienes pagar?. “El motivo de las paritarias ya está resuelto”, decía Marcos Peña la semana pasada, olvidándose de que es un deber que se lleven a cabo cada año las negociaciones a nivel nacional, previamente a las discusiones provinciales.

Discusiones locales que al actual ministro de Educación nacional lo formaron en evasión de derechos: “Para vencer a la resistencia, lanzamos muchas iniciativas al mismo tiempo. Mientras el gremio focaliza en una, avanzás con las otras once”, decía en 2014 en la Academia Nacional de Educación ante un auditorio que se reía y lo aplaudía. La táctica es perfecta, y al parecer, el ministro tiene varios años de experiencia.

También aplican la táctica del silencio, que responde a la estrategia del no hacerse cargo. Que después del paro y marcha multitudinaria de esta semana ningún funcionario nacional se haya expresado al respecto y que incluso se hayan suspendido algunas mesas salariales por parte de Ejecutivos locales (por ejemplo en CABA) no es casualidad.

El silencio habla, y dice -otra vez-: “El Ministerio de Educación nacional no tiene escuelas, no es empleador, y tampoco está interesado en hacerse cargo de ellas”.

Pero esto excede además el terreno de la política educativa y se acopla con la política del macrismo en términos económicos y laborales. Económicos: ajuste y disminución de todo “gasto” público. Laborales: ya han manifestado su intención de rever los convenios colectivos de trabajo. Querrían, para poder llevar a cabo con más tranquilidad sus políticas de ajuste económico, eliminar las paritarias (“para bajar la inflación”) o descentralizarlas.

Con un gobierno que ajusta y avanza, con una corporación mediática cuyos “análisis” no pasan de clasificar a los docentes como “secuestradores” de los alumnos-rehenes, con un voluntariado tuitero y una gobernadora que le hace guiños (o, digamos mejor, lo organiza), vuelve a tomar envión la idea de la práctica docente como vocación, como una práctica heroica de la cual son sólo merecedores aquellos capaces de soportar condiciones de trabajo indignas y salarios que no llegan al 60% del de los demás profesionales.

El mismo gobierno que ha venido pregonando la idea de unir a los argentinos es el más beneficiado con un sistema descentralizado, fragmentado que, desde principios de los noventa, nadie osó cambiar.

Son inteligentes y vienen por todo. Pero las calles hablan por sí solas. La fragmentación impulsada tuvo este lunes como contracara la unidad en la lucha. Alguien va a tener que escuchar.

@letigarziglia

Foto: Fabiana Montenegro