Avanza la despenalización del aborto en Bolivia

El pasado jueves 16 la Asamblea Legislativa Plurinacional comenzó a debatir la propuesta del gobierno para reemplazar el Código del Sistema Penal Boliviano. Se trata de una transformación estructural que busca integrar nuevas medidas que ya están operando en la realidad, a la vez que es resultado de los mandatos elaborados por una “Cumbre Nacional de Justicia Plural para Vivir Bien” desarrollada en 2016, donde las organizaciones populares de Bolivia elaboraron un conjunto de propuestas. Uno de los más de 620 artículos contenidos en el nuevo Código es el referido al aborto.

Gabriela Montaño, presidenta de la Cámara de Diputados explicó en Unitel TV: “En el actual Código Penal hay causales por las cuales el aborto no se considera un delito, lo que se está haciendo en este nuevo Código del Sistema Penal es incrementar las causales de acuerdo a una sentencia constitucional emitida en 2014 por nuestro país”. La misma abordaba la validez constitucional de una serie de artículos del Código Penal en relación a la discriminación de género.

Según el proyecto actual, se prevén nueve causales por las cuales el aborto dejaría de ser punible. Así, durante las primeras ocho semanas de gestación, una mujer puede interrumpir un embarazo en caso de que se encuentre en situación de calle o extrema pobreza; que no cuente con los recursos necesarios para la manutención propia o de su familia; que sea madre de tres o más hijos y no cuente con recursos suficientes para su manutención; o que sea estudiante. A su vez, en cualquier etapa de la gestación el aborto no sería punible cuando se realice para prevenir la muerte de la mujer; cuando se ponga en riesgo la salud de la embarazada; cuando se detecten malformaciones fetales incompatibles con la vida; cuando el embarazo sea consecuencia de violación o incesto y cuando la embarazada sea niña o adolescente.

Las causales incorporadas evidencian las prioridades del gobierno. Para Montaño, “cuando la interrupción del embarazo está penalizada, castigada con cárcel, y está muy cerrada la figura penal, se hace una diferenciación en función de cuánta plata tiene una en el bolsillo». «Si una mujer tiene recursos suficientes como para pagar una clínica privada, puede hacerse un aborto seguro sin afectar su salud, pero si no tiene esos recursos, acude a clínicas clandestinas que ponen en riesgo la vida de esas mujeres”, agregó.

Lo que se está haciendo, según explicó la legisladora en otro contexto, “es adecuar el tipo penal a la realidad boliviana, son las mujeres más humildes, las más pobres, las que mueren en clínicas clandestinas por abortos mal practicados. Es un tema de salud pública y así lo tenemos que ver”. En este sentido, la ministra de Salud, Adriana Campero, afirmó el pasado jueves en Abya Yala TV que el el 13% de las causas directas de la muerte materna es el aborto. “Es un número impactante que no nos podemos permitir”. Y añadió: “Al día, entre 100 y 115 mujeres acuden al sistema nacional de salud porque se realizaron abortos en distintas condiciones irregulares e insalubres y llegan con complicaciones al establecimiento de salud. Entonces hay una realidad instalada. La ilegalidad no va a resolver el problema, lo acrecienta. No lo va a eliminar, las mujeres van a seguir sometiéndose a métodos clandestinos, arcaicos, que atentan contra su vida, en lugares insalubres”.

A la iniciativa del gobierno liderado por Evo Morales se sumaron las organizaciones populares, que desde las oficinas de la Confederación Sindical de Mujeres de Comunidades Interculturales realizaron una conferencia de prensa en apoyo a la propuesta del oficialismo. “Nosotras las mujeres decidimos para tener hijos y para no tener hijos. Esa es la decisión que hemos tomado y por eso estamos aquí defendiendo”. afirmaba con énfasis Lorenza Tolaba, secretaria general de la entidad sindical. “Nunca hemos tenido decisión las mujeres y gracias a nuestro hermano presidente somos tenidas en cuenta. En nuestra Constitución lo dice bien claro por eso nosotras estamos trabajando y avanzamos con nuevas leyes. Ahora queremos hablar sobre el aborto, hablamos por nuestros cuerpos, no los hombres, ni los canales, ni la iglesia. Nosotras decidimos si queremos hijos”.

La polémica no tardó en hacerse presente. Como era de esperarse, una serie de actores, entre los que destacan distintas figuras de la oposición y referentes de la Iglesia en sus distintas variantes, declararon en contra de la ampliación de las figuras que dejarían de estar en la órbita del delito. Sin embargo, la decisión política es contundente: “Estamos escuchando, así como escuchamos a las mujeres que son la mitad de Bolivia, que piden que se reconozca plenamente sus derechos sexuales y reproductivos, como su derecho a decidir, también estamos escuchando otras voces. Lo que no podemos hacer, y así lo dicen todas las sentencias constitucionales en materia de derechos humanos, es legislar en base a la Fe”, comentaba a la prensa Susana Rivero, la presidenta de la Comisión Constitucional de Diputados y quien lideró la elaboración del nuevo Código Penal.

Carys Alfonzo