Reforma de la ley de Ejecución Penal: un problema de fondo

Esta semana, el Senado retomó el proyecto de reforma de la Ley Nacional de Ejecución Penal 24.660, que tiene como objetivo endurecer las penas y recortar derechos de los presos en las cárceles federales. En las prisiones comenzaron los preparativos para retomar las huelgas de hambre, paros de actividades y otras medidas de protesta pacíficas contra la reforma.

Durante la reunión de la Comisión de Justicia y Asuntos Penal del Senado del martes, organizaciones de derechos humanos, de familiares de detenidos y cooperativas de liberados se concentraron en las puertas de Congreso y denunciaron la inconstitucionalidad de la reforma, ya que viola normas nacionales y tratados internacionales en materia de Ejecución Penal.

El proyecto de reforma conocido como “la nueva ley Blumberg”, recuerda a las normas aprobadas en 2004 cuando la respuesta a distintos casos de inseguridad derivaron en reformas penales de “mano dura” que demostraron su fracaso al no reducir los índices de delitos violentos. En la actualidad, a partir de un caso de alta sensibilidad social como el femicidio de Micaela, el gobierno de Cambiemos retomó la discusión de la reforma 24.660 y escapa a la problemática de fondo: el endurecimiento de las penas es una respuesta inútil al problema del delito.

No abordar el delito desde una perspectiva integral implica desconocer las responsabilidades políticas en los índices delictivos. En otras palabras, los mismos que lamentan la muerte de Micaela, vacían los programas que nos permitirían llegar antes de los femicidios: el Mauricio Macri, por ejemplo, recortó 67 millones de pesos del presupuesto del Consejo Nacional de las Mujeres destinados a enfrentar el problema de la violencia machista, que fueron restituidos sólo tras la presión organizaciones de la sociedad civil.

La rapidez con la que se busca acelerar la aprobación de la reforma entra incluso en contradicción con el propio discurso de Cambiemos en torno a la situación carcelaria.

Marcelo Ferrari, ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, ha planteado en numerosas ocasiones el fracaso de las políticas en relación a las cárceles: “No hay manera de que, en esas condiciones, la mayoría de estas personas no vuelva a delinquir cuando salga de la cárcel. Es una situación que merece una respuesta, desde los derechos humanos y desde un sistema de autoprotección para reinsertar a todas estas personas”, afirmó. Y agregó: “Por eso es importante que en el proyecto de ley las fuerzas políticas participen, agreguen, cambien y contribuyan”.

Con aparente consenso entre senadores y senadoras de los distintos bloques, las audiencias de la comisión parecen cumplir más una formalidad que la intención de dar un debate serio.

En las cárceles, protestan pacíficamente contra la reforma

“Las recetas de mano dura como las leyes Blumberg, promulgadas en 2004, sólo sirvieron para multiplicar las violencias, aumentar el índice de delitos, construir más cárceles, encerrar más gente y acrecentar los negociados de corrupción en las que están inmersas todas las instituciones del sistema penal”, señalaron en un comunicado los presos de la cárcel de Olmos, que se encuentra en huelga de hambre, en solidaridad con la que se está llevando adelante en la cárcel de Devoto. “El problema aquí no es de forma, sino de fondo”, plantearon.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, declaró que las huelgas de hambre y protestas en las cárceles son “algo insólito” que “no existe en ningún lugar del mundo” y que se trata de mera “agitación política”. Sin embargo estas formas de reclamo son medidas pacíficas impulsadas en un contexto en donde la participación política o la misma discusión sobre las cárceles es prácticamente imposible.

“Creemos necesario abordar la problemática que nos involucra”, expresaron los detenidos de la Unidad 9 de La Plata. “El hacinamiento, la desidia, la hambruna, la violencia y las torturas que se genera al interior de las cárceles, son el verdadero incumplimiento de las leyes de ejecución de la pena por la omisión y corrupción del aparato ejecutivo responsable”, agregaron.

Desde el centro de estudiantes “Juana Azurduy”, de la Unidad 8 de mujeres de Los Hornos, por su parte, manifestaron la adhesión “de forma pacífica en una medida de similares características decretando huelga de hambre y paro de actividades en repudio a este proyecto”. Y añadieron: “Compañeros, seguiremos luchando y resistiendo de manera colectiva para lograr juntos más paz y menos violencia”.

Con la modificación de la ley, el encarcelamiento de una persona dejaría de tener como fin la “resocialización” para tener como fin el castigo sobre las personas que cometan delitos. “Si vos transformás la cárcel en una tumba, todos los principios caen y generás más hacinamiento, más violencia, depósitos de futuros cadáveres, porque lo único que mantiene en pie a los presos es la expectativa de que van a salir en libertad”, explicó Claudia Cesaroni, del Centro de Estudios de Política Criminal (CEPOC).

Al mismo tiempo, la reforma también viola el principio de progresividad de la pena, ya que reduce muy significativamente la posibilidad de salidas transitorias. A lo largo de la condena, las personas privadas de la libertad que cumplen con determinadas normas y participan de actividades (de estudio, oficios, de formación en distintas temáticas), tienen más posibilidades de acceder a salidas transitorias (a cursar, trabajar, visitar a su familia) y más tarde la libertad condicional. Así, el sustento de la progresividad de la pena consiste en apuntar a una mejora de la conducta con “beneficios” puntuales por hacerlo, por más de que en la práctica no siempre se accede a los mismos.

Según los detenidos de Olmos, se está frente a una nueva etapa política “en donde se trata de crear las condiciones necesarias de inestabilidad social para manipular y orientar la opinión pública e imponer un modelo que ya fracasó”. A su vez, señalaron la omisión en el debate por parte del gobierno nacional de cualquier “situación inhumana a la que pueda estar expuesto un privado de la libertad”.

Malena García

Foto: Gustavo Pantano