Media sanción para la Ley Trans en Uruguay

Luego de seis horas de debate y con el Senado colmado de militantes LGBTI identificados con pañuelos amarillos, la ley que pretende integrar a las personas trans a todos los ámbitos de la vida social uruguaya fue aprobada con los votos de los legisladores del Frente Amplio y del representante del Partido Independiente, Pablo Mieres. En tanto, los detractores de la norma fueron de los partidos Nacional y Colorado. En sesión extraordinaria, el próximo lunes la Cámara de Diputados retomará el debate y definirá si se convierte o no en ley.

El debate se dio sobre la disyuntiva de si la normativa otorga “derechos o beneficios”, ya que prevé una pensión vitalicia para los trans mayores de 42 años de edad de unos 11.500 pesos uruguayos como forma “reparatoria” de la “persecución estatal” sufrida durante la dictadura y el período inmediatamente posterior (1985-1989) a quienes fueron víctimas de violencia y discriminación a raíz de su identidad de género. Sin embargo, según los datos arrojados a partir del Primer Censo Nacional de Personas Trans en Uruguay en 2016, sobre una población trans de 933 personas, solo 50 recibirían el subsidio, ya que la edad promedio es de 36 años.

Entre las opositoras a la ley, la senadora Verónica Alonso sostuvo que «estos no son derechos sino beneficios». «Esto confirma la discriminación. No comparto que el Estado pague por beneficios. Si se subsidia la discriminación ¿cuántas personas hay en condiciones similares? Este es un subsidio mayor al que reciben las personas por discapacidad y muchos jubilados. Es casi lo que ganan los soldados», añadió.

En tanto, la senadora del Frente Amplio Daniela Payssé dijo que el texto busca “lograr el pleno ejercicio de los derechos de las personas trans”, una población “que ha sido víctima de estigma, de discriminación y de la violencia social y estatal”.

La senadora socialista Mónica Xavier, con un pañuelo amarillo atado en su muñeca, dijo a su turno que “la discriminación existe” y sostuvo que “queda clara la necesidad de despatologizar el percibirse con un sexo diferente al que se nos asigna”. Asimismo agregó que «es demasiada la responsabilidad que tenemos los legisladores y legisladoras para seguir negando y seguir mirando para otro lado».

Otro de los puntos conflictivos de la iniciativa gira en torno al artículo 17 que contemplaba a los niños y adolescentes y su acceso a hormonizaciones y cirugías. La comisión del Senado que analizó el proyecto hizo modificaciones al texto original y estableció que los y las menores de edad no podrán disponer un cambio de sexo a menos que tengan el consentimiento expreso de sus padres, madres o representantes legales.

A su vez, el texto señala respecto a los mayores de 18 años que «podrán acceder a intervenciones quirúrgicas totales y parciales y/o a tratamientos integrales hormonales para adecuar su cuerpo, incluida su genitalidad, de acuerdo a su identidad de género autopercibida, sin necesidad de requerir autorización judicial o administrativa».