Los subsidios y el reajuste “democrático” de tarifas

La quita de subsidios anunciada por el Gobierno se presenta como una medida redistributiva, pero se lleva a cabo en un escenario de contracción del salario real. ¿Por qué regresa ahora la “sintonía fina”?

La modificación de las tarifas de gas y agua que dio a conocer el Gobierno la semana pasada marcó el regreso a la política de “sintonía fina” en materia de subsidios que Cristina Fernández de Kirchner había anunciado poco después de su reelección. Pero si ese primer infructuoso intento –que se vio interrumpido por el impacto social y político de la tragedia de Once del 22 de febrero de 2012– se había dado en un contexto de niveles de consumo relativamente elevados y considerable estabilidad en las cuentas públicas, la iniciativa actual ha comenzado a llevarse adelante en medio de un panorama económico novedoso para el ciclo económico kirchnerista: déficit fiscal y de balanza de pagos, veloz disminución de reservas, caída de la actividad industrial y abrupta devaluación de la moneda, con una consecuente aceleración de la inflación.

El hecho de que el aumento tarifario se diera en medio de esta coyuntura dio lugar a diversos posicionamientos. Desde algunos sectores del empresariado y la derecha se habló de “ajuste” e “impacto en el bolsillo de los trabajadores”, dificultándose distinguir si se trataba de una crítica o bien una expresión de beneplácito. El Frente de Izquierda, por su parte, habló de “tarifazo” y de “Rodrigazo K-K” (por “Kirchner-Kicillof”), augurando una “tormenta” como la de 1975.

Difícilmente se podría hablar del nuevo esquema como parte de un plan de ajuste tradicional, y parecería desmedido hablar del inicio de un nuevo “Rodrigazo”, que fue hace casi cuatro décadas un agudo golpe al bolsillo de los sectores populares y preparó el terreno para la llegada de la dictadura y su plan económico. En efecto, a diferencia de un ajuste tarifario común, este se trata de un aumento discriminado, pues se establecen escalas según el nivel de consumo (en el caso del gas) y el poder adquisitivo del barrio (en el caso del agua). Así, por caso, un hogar en Villa Soldati que gastaba $20 en gas y $27 en agua pasará a pagar $40 (100% de incremento) y $73 (170,3% de incremento) respectivamente, mientras que una familia de Recoleta que pagaba $119 y $32 pagará ahora $369 (210%) y $162 (406,2%) respectivamente. Por otra parte, se establecieron excepciones para ciertos sectores (beneficiarios de la Asignación Universal Por Hijo, quienes perciben asignaciones familiares, desempleados, jubilados que cobran la mínima, enfermos crónicos) y se anunció que lo que el Estado deje de destinar a subsidios será redireccionado para financiar incrementos en la AUH y el Plan Progresar.

Sin embargo, si bien los incrementos tarifarios serán mayores para los sectores más pudientes, la medida dista de ser en sí un acto “redistributivo” que beneficiará a la población más económicamente postergada, como aseguran desde el Gobierno. En un año de inflación elevada y aumentos salariales que a lo sumo serán su sombra, gran parte de los sectores populares y de la clase media (es decir, los no exentos de la reducción de subsidios) acabarán destinando ahora más ingresos al pago de estos servicios públicos que el año pasado, disminuyendo su poder adquisitivo y contrayéndose su capacidad de consumo. Y si bien los exentos mejorarán en este sentido su posición relativa, el aumento que recibirán los beneficiarios de la AUH ya lo habían obtenido numerosas veces en el pasado sin que se decrete aumento tarifario alguno, además de que resulta improbable que el nuevo monto de la Asignación Universal que se dé a conocer vaya a superar a la inflación.

En definitiva, el anuncio de modificación del esquema de subsidios no responde a las características de los ajustes típicos de otras décadas pero tampoco consiste en un acto de justicia redistributiva en pleno período posdevaluatorio. La justificación del Palacio de Hacienda, según la cual los subsidios –útiles para sacar al país de la recesión y el alto desempleo– ya no resultan necesarios después de una década de crecimiento y por ende ameritan destinarse a otros propósitos, podría haber sido más atendible en años de mayor bienestar económico, pero no en el actual contexto de inestabilidad. Más bien, este “ajuste democrático” parecería ser parte de una estrategia del Gobierno para navegar la tormenta ajustando las cuentas internas, otorgando concesiones al gran capital concentrado (devaluación, pago de juicios en el CIADI, acuerdo con Repsol, el FMI y el Club de París) y aplicando paliativos para los sectores populares (Plan Progresar, Precios Cuidados, eventual aumento de la AUH). Mientras tanto, se va dibujando el camino hacia el endeudamiento externo, el cual podría permitirle al Gobierno sobrellevar el alerta meteorológico pero de ningún modo superar las cíclicas tormentas que cada menos de una década se avecinan y descargan sobre los que no tienen paraguas.

Andrés Scharager

Sociólogo, Integrante del Instituto de Política y Economía “Siglo 21”.