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El discurso belicista del Gobernador

El discurso belicista del Gobernador
abril 08
00:00 2014

Por Jazmín Rodríguez. El sábado pasado el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, anunció en una conferencia de prensa el decreto de “emergencia de seguridad pública” en el territorio bonaerense por el lapso de un año. De ese modo presentó un paquete de medidas a través de un discurso que busca mostrar un “Estado presente” en su faceta más represiva.

 

La oposición y sectores del oficialismo se hicieron eco del anuncio con adhesiones y distanciamientos que dan cuenta del oportunismo con que Scioli plantea “atacar” el problema de la inseguridad.

El contexto es de agitación de un clima de “inseguridad” por parte de los medios de comunicación que pusieron sobre el tapete, de manera renovada tras los linchamientos que ellos mismos fogonearon, la demanda de una “presencia del Estado”. Scioli recoge el guante y responde a esta llamada con una serie de iniciativas con el fin de captar adhesiones pero que más acá del plano discursivo tienen serias consecuencias para la sociedad, y lo hace en un tono de gravedad con el que cualquiera diría prepara a la población para una guerra.

El discurso

El gobernador, acompañado por todo su gabinete a excepción de la llamativa ausencia de su vice Gabriel Mariotto, se dirigió el sábado a la población que sufre “un ataque cruel y salvaje de la delincuencia” y planteó la búsqueda de agilidad en la utilización de recursos, económicos y humanos, en el “combate frontal contra el delito”, para proteger “la vida y los bienes de la ciudadanía”.

La anunciada intensificación de patrullajes tiene la finalidad de “acorralar el delito”, todo para “proteger a los ciudadanos”. Contrapone de ese modo la “ferocidad” de los delincuentes con el bienestar de los “vecinos” y los “bonaerenses”, a quienes incorpora en la epopeya: no es del gobierno sino de “la sociedad” la voluntad de “dar esta batalla”.

Así es como, en su discurso, el imaginario que se construye es aquel que refuerza la peligrosa polarización “nosotros o ellos”, que fomenta la intolerancia, el miedo y la violencia, donde los sujetos se definen en última instancia por su posición de clase. Una estrategia discursiva que circunscribe el delito a aquel que los sectores marginados cometen y deja completamente de lado las condiciones estructurales que lo originan.

También se naturaliza la idea que sostiene de que “sin armas no hay muertes, sin armas hay paz” para desarmar a los delincuentes, al mismo tiempo que se prevé la inversión de 600 millones de pesos en la compra –por fuera de toda licitación- de armamento, chalecos antibalas y móviles para los oficiales que se reincorporen a la fuerza policial.

El llamado a los especialistas

La batería de medidas que el gobierno provincial prevé implementar implica la participación de los ámbitos y organismos más cuestionados en términos de seguridad, como la Policía y el Servicio Penitenciario Bonaerense. La convocatoria a la reincorporación de unos 5000 miembros retirados de la Policía Bonaerense va a contramano de la “renovación” de la fuerza que se plantea estar realizando con la formación de las nuevas camadas en las escuelas descentralizadas.

Por el contrario, y más allá de la rigurosidad en la selección que se promete realizar, este llamado reaviva la presencia de una fuerza marcada por la violación de derechos humanos, detenciones ilegales, torturas en comisarías y cárceles, implicación de jóvenes pobres en las redes delictivas que ellos mismos estructuran y organizan, y hasta la nunca suficientemente ponderada desaparición de quien se negó a colaborar en esa tarea, el joven Luciano Arruga. Desde el punto de vista de Scioli, esa Bonaerense es la única que está a la altura de las circunstancias en este momento.

Por otro lado se refuerza la vulnerabilidad de los jóvenes al ponerse nuevamente en cuestión el régimen penal juvenil, contraponiéndolos a los “jóvenes con vocación de servicio” que no son otros que los policías en formación; y se roza lo ridículo al facultar a los municipios a restringir la circulación de motos con acompañantes en determinados horarios y lugares.

Una táctica oportunista

La seguridad es una de las aristas más sensibles para la sociedad actual y las políticas propuestas en este ámbito son el caballito de batalla de casi todas las expresiones de la derecha. En un contexto de internas y reacomodamientos por dentro y fuera del Partido Justicialista, Scioli se presenta en este punto sin ninguna intención de ser la variante “progresista” y se pone por el contrario al frente del sentido común construido por los grandes medios. En un único movimiento, se asimila a los actores opositores como Massa o Macri y se distancia del gobierno nacional, a quien no critica pero de quien quita autoría o responsabilidad sobre la Emergencia decretada.

Tan pronto como terminó el anuncio de Scioli, los líderes opositores salieron a manifestar su acuerdo con cada una de las medidas planteadas. Hubo oportunidad de crítica sobre la poca celeridad con que llegaron las medidas y la falta de autocrítica del gobierno provincial respecto de su responsabilidad en que se haya llegado “a esta situación”, pero no desacuerdos con el espíritu de lo planteado.

Por parte del oficialismo y tras el silencio inicial, también habló. Como mencionamos, en la conferencia en que se realizó el anuncio estuvo presente todo el gabinete, excepto Gabriel Mariotto, quien luego planteó públicamente sus diferencias. El vicegobernador sostuvo que la inseguridad se combate atacando sus causas, con “inclusión, equidad y mejoras en el sistema educativo”, y denunció que Scioli adopta posiciones de coyuntura instaladas por los medios de comunicación. De todos modos, se comprometió a dar tratamiento a los puntos del decreto que deban pasar por la legislatura provincial que él preside.

Por otro lado, el jefe de Gabinete Jorge Capitanich sostuvo que no hay que ser demagógico para “favorecer un candidato presidencial” pero lejos de condenar la mano dura de Scioli buscó demostrar la dedicación del gobierno nacional a la problemática de la inseguridad repasando las leyes aprobadas durante el gobierno kirchnerista en esta materia.

En momentos de un debate renovado en torno de la seguridad, el rol del Estado y de la ciudadanía en la prevención y tratamiento del delito, el gobierno provincial apuesta a capitalizar el clamor con una peligrosa “emergencia de seguridad” que aplica para la provincia de Buenos Aires pero se proyecta simbólicamente, como las aspiraciones de su gobernador, a todo el país.

 

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