Géneros

21 mayo, 2014

Parirás en silencio

La “violencia obstétrica” es un tipo de violencia de género. Las mujeres embarazadas, en parto y/o post parto sufren maltrato por parte de los profesionales de la salud. En Argentina existen leyes para evitarlo, pero la desinformación y la desidia estatal juegan en contra. Primera de una serie de notas en el marco de la Semana del Parto Respetado.

La “violencia obstétrica” es un tipo de violencia de género. Las mujeres embarazadas, en parto y/o post parto sufren maltrato, tanto físico como psicológico, por parte de los profesionales de la salud. En Argentina hay tres leyes que tienen como objetivo evitar estas situaciones, sin embargo la falta de información y difusión generan situaciones donde el Estado parece no tomar conciencia de la problemática. Primera de una serie de notas especiales en el marco de la Semana del Parto Respetado.

¿El Estado presente?

La ley 25929, sancionada en agosto de 2004, protege a la mujer durante el embarazo, el trabajo de parto, el parto y el puerperio (post parto). Es conocida como “ley de parto respetado” y debe aplicarse tanto en establecimientos públicos como privados. Toda mujer en la Argentina tiene derecho a:

• Tener conocimiento sobre las prácticas que se le van a realizar
• Un trato respetuoso e individualizado
• Participar en las decisiones sobre su cuerpo
• Que respeten sus tiempos biológicos y psicológicos
• Elegir la compañía que ella desee
• Estar junto a su hijo/a en todo momento

La ley 25.485 fue sancionada en marzo de 2009 con el objetivo de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.

Esta ley ampara distintos tipos de violencia: física, psicológica, sexual, económica, simbólica, obstétrica y contra la libertad reproductiva. En este caso la violencia obstétrica es la que sufre la mujer por parte de los profesionales de la salud. Se caracteriza por un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales.

La ley 26.529 fue sancionada en noviembre de 2009 para proteger los derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud. Específicamente para la violencia obstétrica coinciden en un trato digno y respetuoso, ser acompañado por un familiar y tener conocimiento sobre el avance de su salud.

El cumplimiento de las leyes en su campo de aplicación se ve omitido por los médicos. La abogada especialista en mala praxis, Norma Cytryn, indica que todo desobedecimiento a la ley configura un delito o una falta civil que es la consecuencia de la negligencia u omisión por parte de los médicos. Sin embargo los profesionales no se ven amenazados porque “no hay denuncias que los hagan pasibles de algún tipo de multa, pérdida de la matrícula o prisión preventiva”.

Mientras que la violencia obstétrica configura un tipo de violencia de género que se da específicamente en un marco institucional, la mala praxis es un campo mucho más amplio y discutible por las consecuencias residuales en los pacientes. Para Cytryn son dos situaciones que marchan por carriles separados pero dependerá del caso el punto de conexión entre ambas.

La voz de la razón

Gran parte de los profesionales de la salud consideran a la violencia obstétrica como un tema que está en boga donde las denuncias están sobredimensionadas y muchos de los casos no tienen aval como tales. Su postura apunta a que la “llamada violencia obstétrica” va más allá de la voluntad y profesionalismo médicos.
“El respeto tiene que estar siempre, eso es indiscutible – afirma una residente en obstetricia y toco ginecóloga del Hospital Juan A. Fernández cuya identidad prefiere no revelar – Pero cuando las guardias duran 24 horas y uno no duerme, no come y ni siquiera tiene tiempo para ir al baño, los errores ocurren”.

La especialista no niega las situaciones no convencionales que viven las embarazadas, pero defiende su vocación en un contexto laboral complejo: “Existe la violencia obstétrica, la violencia en la medicina y también existe la violencia hacia los médicos. Somos objetados por el tiempo que se espera para ser atendido, por los tratamientos indicados y por la no solución al problema, todo esto con un nivel de agresividad muy alto”.

No hay que perder de vista que los obstetras llegan al momento del parto con dos pacientes por los que velar: la madre y el bebé. Por su parte, los médicos diferencian: “Si la voluntad de la embarazada va en detrimento de la salud del feto es muy difícil tomar decisiones y poder cumplir los pedidos de la mujer”. Según la ginecóloga consultada el principal problema es la falta de denuncia y el desconocimiento de las herramientas que facilita el hospital para realizarlas, ya que la dirección de la institución funciona como centro de reclamo: “La regla es que las cosas se hagan bien, al médico no le da igual que le levanten un sumario, es una situación de gravedad – y agrega – Uno fue a la facultad seis años y el otro no, por eso es muy difícil que entienda los procedimientos”. Además aclara que en toda institución existe el “consentimiento informado”, un documento que el paciente debe firmar al ingresar en el que se detallan las prácticas a realizar durante su internación.

Con respecto a los procedimientos quirúrgicos, un tema cuestionado dentro de la violencia obstétrica son las “cesáreas innecesarias”. Las mujeres van con el objetivo de parir en el menor tiempo posible, lo cual no siempre es factible. “La mujer no debería ser intervenida apenas entra a la guardia y hay un tiempo de espera razonable para el trabajo de parto. Pero hay casos en los que la cesárea está indicada pre parto, así como también intra parto y se debe proceder para evitar riesgos”, explican desde el cuerpo médico consultado.

La ley debe aplicarse como corresponde, pero en algunos casos las fallas edilicias no permiten que se cumplan: “Si la ley dice que la embarazada puede parir en la posición que quiera, entonces tiene que haber en todas las maternidades un banquito de parto. Si la ley dice que la embarazada puede estar acompañada en su parto, debería existir la infraestructura necesaria para que los partos sigan siendo respetados. No es lo mismo hacer un parto en una camilla que funciona que en una que no funciona y eso puede traer complicaciones”, señalan especialistas.

La falta de reglamentación legal justifica la vulnerabilidad de la mujer. La falta de apoyo y redistribución de insumos es la base de los problemas institucionales de los hospitales. El actor que es puesto en jaque, es uno y es evidente: el estado.

En la segunda parte de este artículo, un repaso por todas las formas de violencia obstétrica y los factores económicos por detrás de las cesáreas innecesarias.

Martina Bondone – @MarBondo

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