Derechos Humanos

15 julio, 2014

La Cámara de Casación falló a favor del habeas corpus por Luciano Arruga

La semana pasada la Cámara de Casación resolvió aceptar la apelación de los familiares de Luciano Arruga para que se dé curso al habeas corpus presentado para encontrar al joven desaparecido en 2009.

La semana pasada la Cámara de Casación resolvió aceptar la apelación de los familiares de Luciano Arruga para que se dé curso al habeas corpus presentado para encontrar al joven desaparecido en 2009.

El pedido de habeas corpus de Luciano Arruga -desaparecido por la policía bonaerense el 31 de enero de 2009- fue presentado por la familia junto a los abogados del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de La Matanza.

Sin embargo tanto el juez de primera instancia como la Cámara de Apelaciones de Morón rechazaron el pedido velozmente. Esto llevó a una nueva apelación que terminó en la Cámara de Casación, tribunal que finalmente falló favor de los familiares.

En diálogo con Radio Sur, Pablo Pimentel de la APDH La Matanza explicó que significa esta decisión judicial. “En el medio de tanto dolor, de tanta desesperación e incertidumbre nos abre una ventana de esperanza”, comenzó el referente de la APDH que agregó: “Estamos contentos porque el anteúltimo escalón que tiene el pueblo argentino en lo que hace a la búsqueda de justicia que es la Cámara de Casación (después viene la Corte Suprema) nos dio la razón”.

Con indignación remarcó esto último: “Por suerte no tuvimos que llegar a la Corte Suprema para que tres jueces pudieran entender que no se le puede negar a un ciudadano, sea quien sea, el pedido de búsqueda de un familiar, el pedido de búsqueda de una persona que está desaparecida”.

En ese sentido comentó que el juez en primera instancia “tardó una hora en rechazar el habeas corpus cuando la familia hace cinco años está esperando”. Y la Cámara de Apelaciones de Morón “tardó 24 horas en rechazarlo”.

Para Pimentel esto muestra la “liviandad” e “indiferencia” con que se toma el caso de Luciano Arruga. Según el militante por los derechos humanos a los jueces “no los toca porque no se ponen un rato en las polleras y los pantalones de los familiares de alguien que no está hace cinco años”.

El entrevistado también resaltó que esta vez las cosas se hicieron bien. “Cuando las cosas no se hacen bien salimos a reclamar y criticar. Pero cuando se hacen bien queremos también reconocerlo”, dijo.

Consultado sobre como continúa ahora el procedimiento judicial Pimentel explicó que esta decisión “obliga al juez en primera instancia del Juzgado Federal de Morón, el juez Salas, a investigar” el paradero de Luciano Arruga. “El juez tendrá que pedir al Estado nacional y al provincial que le arbitren todos los medios que necesita para resolver en el menor tiempo posible el destino de Luciano Arruga (dónde está y qué ha pasado)”, resaltó.

Si bien se mostró optimista en que “si se hace con responsabilidad y con un Estado presente” se va a poder generar “un poco más de justicia e ir terminando con este clima de impunidad”, también destacó que hasta ahora faltó voluntad política para avanzar en la investigación.

“Esto se lo dije en persona al gobernador Scioli en la reunión súper tardía que tuvimos a los tres años y medio de la desaparición luego de que reclamáramos a los seis meses que el gobernador nos atienda”, contó el militante de APDH. En esa oportunidad le manifestó al gobernador que “en definitiva pase lo que pase en esta investigación, el último responsable de lo que suceda bajo la órbita de la Provincia de Buenos Aires es él”.

Fue entonces que Scioli respondió “Pimentel, aprovechemos para hacer todo lo que no se hizo hasta ahora’. Bueno, pasaron dos años de esa reunión y tampoco se hizo nada. Ahora tienen la posibilidad porque lo va a exigir una figura jurídica como el habeas corpus”, aclaró el entrevistado.

Finalmente insistió en este aspecto: “¿Quién es el responsable por la policía provincial? El gobernador. Tiene instancias intermedias como el jefe de policía, el ministro de Seguridad, pero en definitiva quién tiene que dar respuesta por un hecho semejante, todavía no lo ha hecho. Ahora tienen la obligación jurídica de hacerlo”.

 

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