Violencia no es sólo mentir

Editorial. A partir de este martes 19 lanzamos un especial sobre violencia institucional que atravesará la producción periodística de todas las secciones de Notas. En este artículo, desde el Consejo de Redacción, explicamos el por qué, cómo y desde dónde abordaremos esta problemática que atraviesa la sociedad.

La violencia es una dimensión presente en todas las sociedades. En cada época y lugar va cambiando la manera en que se manifiesta  y, sobre todo, la potestad de ciertos grupos para ejercerla de manera legítima sobre otros. En nuestras sociedades latinoamericanas, constituidas a partir del patrón cultural europeo, esta potestad reside en el Estado-nación. Más específicamente, en una serie de “aparatos” que juntos componen lo que podríamos denominar un sistema penal: la policía, la justicia y la cárcel. Este sistema utiliza la violencia con varios objetivos, contradictorios entre sí: persuadir por medio del temor a la represalia de no infligir la ley, rehabilitar al “delincuente” para integrarlo nuevamente en la sociedad y sobre todo, la mera función de castigar, provocar sufrimiento.  Disciplinar a los grupos subalternos, pobres, excluidos, es siempre la meta común.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos entiende por violencia institucional aquella ejercida por funcionarios, profesionales, personal o agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución estatal, ya sea que se practique en función de obstaculizar el ejercicio de derechos y el acceso a políticas públicas o por el mantenimiento de la ley y el orden, es decir control social.

Sin embargo, en los últimos años, otros actores han aparecido con más fuerza: grupos dedicados a la economía ilegal, asociados a la policía y el poder político y con poder de fuego suficiente para imponer su propia ley en ciertos territorios. También grupos de choque vinculados a la burocracia sindical, a las barras de futbol y a los partidos políticos, etc, se están visibilizando cada vez más como piezas de un tablero de ajedrez de los poderes en la Argentina. Definir qué violencia es institucional y qué no, se ha vuelto en este nuevo contexto, problemático y desafiante.

¿Por qué hacer un especial sobre violencia institucional? Para responder a esta pregunta, basta con conocer algunos datos de una problemática que, por lo general, no tiene lugar en las agendas de los medios masivos de comunicación.

Según datos oficiales, en los últimos doce años murieron 1.893 personas en hechos de violencia institucional con participación de fuerzas de seguridad. De estas víctimas, el 49% murió por disparos efectuados por policías que estaban de servicio. A su vez, la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) afirma que cada 28 horas la policía mata a un menor de edad en los ya conocidos casos de gatillo fácil.

Según un informe sobre violencia del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), de las 148 personas fallecidas en 2012 por hechos de violencia con participación de funcionarios de seguridad en la región Metropolitana de Buenos Aires, 41 eran integrantes de fuerzas de seguridad y 107 eran particulares. De las muertes civiles, 95 ocurrieron en el conurbano bonaerense.

En cuanto a las fuerzas intervinientes, en 49 casos se trató de la Policía Bonaerense; en 40, de la Federal y en dos casos de la Metropolitana. Cinco personas fueron asesinadas por agentes penitenciarios, dos por gendarmes, tres por miembros del ejército, una por agentes de prefectura y otras cuatro resultaron muertas por custodios privados de seguridad.

En el marco de la emergencia en seguridad declarada por Scioli, las policías comunales sacadas por decreto, la ley anti piquetes que está siendo tratada en el Congreso, la ley Antiterrorista vuelta a poner sobre la agenda y los presupuestos cada vez más abultados que desde los gobiernos se destina al mercado de la seguridad (cámaras, móviles y efectivos policiales), resulta interesante plantearse preguntas sobre el tema del delito, las políticas públicas diseñadas para contenerlo, qué relación existe entre la necesidad de dar respuesta a esta preocupación ciudadana y los dispositivos de control social que apuntan a estigmatizar y criminalizar las expresiones de descontento y conflictividad social.

Párrafo aparte merecen los cientos de casos de mujeres desaparecidas por redes de trata, que en general funcionan en connivencia con policías y funcionarios de diferentes niveles estatales. Lo mismo corre para los desaparecidos en democracia, cuyos casos más emblemáticos a nivel de difusión mediática son Julio López y Luciano Arruga.

Estas formas de ejercicio de la violencia institucional mantienen abierto el debate sobre los derechos humanos. En la última década el kirchnerismo impulsó el juicio a los genocidas militares, pero circunscribió casi exclusivamente su enfoque sobre la violación de los derechos humanos a este periodo. Para muchas organizaciones sociales y políticas, si bien esto ha representado un gran avance con respecto a la impunidad de décadas anteriores, no se puede limitar a la violencia ejercida desde el Estado durante los años 1976-1983, ya que los derechos humanos deben garantizarse aquí y ahora.

Los sectores más empobrecidos son los que con más frecuencia sufren este tipo de violencia, al que se le suma un amplio abanico de derechos vulnerados. La situación de desfinanciamiento de las distintas instituciones públicas como las escuelas, los hospitales o las penitenciarías constituye en sí misma una situación de violencia, ya que se traduce en condiciones edilicias precarias, falta de servicios fundamentales, hacinamiento y una larga lista de etcéteras.

Además, vale destacar que la violencia institucional no solo es física, también contempla la violencia psíquica y simbólica, por lo que los alcances de la misma se amplían a prácticamente todos los ámbitos de sociabilización. La intención de este especial de Notas, que recorrerá todas las secciones del portal, es entonces poder dar cuenta de las distintas facetas de este fenómeno, haciendo un recorrido por sus diferentes expresiones y por los mecanismos que desde diversas prácticas y situaciones la producen.