Géneros

2 septiembre, 2014

Intendente pampeano investigado por trata ahora impulsa un área de la mujer

David «Sapito» Bravo, jefe comunal del pueblo pampeano de 25 de mayo, está imputado en dos causas relacionadas con la trata de personas. En un giro inesperado (o estrategia judicial) impulsó la creación de un «área de la mujer» en su municipio.

Foto: Plaza de 25 de mayo / Crédito: Sol Vazquez

David «Sapito» Bravo, jefe comunal del pueblo pampeano de 25 de mayo, está imputado en dos causas relacionadas con la trata de personas. En un giro inesperado (o estrategia judicial) impulsó la creación de un «área de la mujer» en su municipio.

El intendente de 25 de mayo tiene una condena a siete meses de prisión y 14 de inhabilitación para ejercer cargos públicos por “abuso de autoridad”, delito cometido al habilitar de forma irregular el cabaret El Rancho. En julio de este año, el Tribunal de Impugnación Penal ratificó esa condena que había sido dictada por el juez Daniel Ralli.

A su vez, en agosto de este año el fiscal federal Juan José Baric elevó un pedido de indagatoria e imputación para Bravo y otros tres intendentes por su relación con delitos de trata de personas. «Sapito» está acusado en esta causa como «participe necesario» del delito de trata por la habilitación del cabaret “Venus”, en enero de 2011, cuatro meses después de que el Concejo Deliberante de su ciudad votara la ordenanza para prohibir “whiskerías” y clubes nocturnos. El lugar fue cerrado y un año después, reabrió bajo otro nombre, a cargo de la misma dueña sospechada de proxeneta y el intendente firmó nuevamente su apertura.

Sobre la primera causa el jefe comunal debe esperar un fallo de la Corte Suprema. Sobre la segunda deberá presentarse a declarar, junto a 11 personas más (funcionarios, empleados de los prostíbulos y policías), entre este mes y el próximo.

Ante esta situación, Bravo tomó una decisión sorprendente en los últimos días. Tras siete años de estar al frente del municipio envió un proyecto al Concejo Deliberante para crear la Coordinación de la mujer, dentro de la Secretaría de Acción Social. A su vez, pidió a los concejales que se adhieran a la ley nacional 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

«Es necesario aplicar políticas e implementar planes y programas, relativos a la finalidad de creación del Consejo Provincial de la Mujer. Que para ello debemos promover y participar en la celebración y ejecución de instrumentos de carácter inter jurisdiccional que la provincia de La Pampa suscriba o adhiera, cuando se refieran a su materia de competencia», dice el escrito que presentó Bravo a través de la concejala Graciela Liliana Retamales.

“Es absurdo todo. Yo estoy evaluando el juicio político por las dos causas de trata que tiene y él aparece ahora con esto”, dijo al portal Infojus Noticias el concejal opositor del partido justicialista Ricardo Poyo.

Según explicó Poyo, este pueblo pampeano cercano a Río Negro y Neuquén, cambió con la industria del petróleo y la afluencia de mano de obra masculina a la zona. «Vino el petróleo y con él las chicas», explicó el concejal de este pueblo de ocho mil habitantes.

 

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