América Latina

31 marzo, 2015

Ernesto Samper: “Que no haya bases militares de EEUU en Sudamérica”

El titular de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), Ernesto Samper, opinó que “un buen punto de la nueva agenda de relaciones (entre EEUU y América Latina) sería que no haya bases militares norteamericanas en Suramérica”. Un repaso de las que actualmente están en funcionamiento.

El titular de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), Ernesto Samper, opinó este lunes de cara a la Cumbre de las Américas de Panamá el próximo 10 y 11 de abril, que “un buen punto de la nueva agenda de relaciones (entre EEUU y América Latina) sería que no haya bases militares norteamericanas en Suramérica”.

Según el secretario general de este organismo de integración estas bases son elementos pertenecientes “a la época de la Guerra Fría”. En este contexto Samper rechazó las medidas unilaterales de EEUU contra Venezuela, y consideró que el evento que se celebrará en Panamá es oportuno para replantear las relaciones del Gobierno norteamericano con la región.

“En un mundo globalizado como el actual uno no puede pedir reglas de juego globales para la economía y mantener el unilateralismo para la política. Ningún país tiene derecho a juzgar la conducta del otro ni muchísimo menos a imponerle sanciones o castigos por su propia cuenta”, expresó el también ex presidente colombiano.

Las bases de EEUU en América Latina

Aunque la información sobre estos temas suele ser siempre gris, actualmente existen diez bases militares de EEUU oficialmente reconocidas en toda Latinoamérica. Esto sin contar la polémica respecto a las siete bases colombianas.

Empezando por el sur, está la base de Fuerte Aguayo en la costa del Pacífico, a pocos kilómetros de Valparaíso, Chile. El acuerdo para la instalación de la misma fue firmado por el presidente Sebastián Piñera en 2012.

Subiendo por la costa llegamos a Perú. Allí están las instalaciones de Iquitos y Nanay, más pequeñas en comparación con otras bases en la región. Se encuentran en el Amazonas peruano y su objetivo es, en teoría, la lucha contra grupos insurgentes y el control del tráfico de drogas. Además, Lima presta el puerto de El Callao para el reabastecimiento de los buques de la IV Flota.

Hacia el este, en Paraguay, aparece la base de Mariscal Estigarribia. Si bien la embajada de EEUU niega su existencia, está instalada desde 2005 dentro de un importante acuerdo militar entre el Pentágono y el gobierno paraguayo. Se encuentra a 200 kilómetros de Bolivia y de Argentina.

Desde Asunción aseguran que no se alojan tropas extranjeras allí, aunque en los últimos años se han producido maniobras conjuntas entre los ejércitos de ambos países. Los recursos del acuífero Guaraní y el gobierno de Evo Morales en Bolivia son los objetivos principales de esta presencia militar.

Ya en el Mar Caribe (dejemos Colombia para después), en las Antillas Holandesas están las bases de Aruba y Curazao. Conocidas como Centros Operativos de Avanzada FOL (Forward Operation Location). Su finalidad es el monitoreo satelital y el control del Mar Caribe. Sin embargo su estratégica ubicación frente a la costa venezolana ha generado roces entre Caracas y los Países Bajos, así como también denuncias por parte de Venezuela respecto a drones no tripulados que parten desde allí para sobrevolar su espacio aéreo.

Unos kilómetros más al norte aparece la famosísima base naval de Guantánamo, en Cuba. A pesar de las promesas del presidente Obama de cerrarla varias veces sigue funcionando.

Finalmente en América Central se ubican la base de Liberia (Costa Rica), Comalapa (El Salvador) y Soto Cano (Honduras). Esta última fue uno de los motivos del golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya en 2009, que planeaba cerrarla para convertirla en un aeropuerto civil.

Bases que no son bases, casi son bases o se cerraron

Bases EEUU ColombiaEl caso más paradigmático es el de Colombia. La presencia militar de EEUU en el país data del año 1952 y se vio reforzada a partir de 1999 por el Plan Colombia lanzado por Bill Clinton, con el objetivo público de combatir el narcotráfico.

En 2009 el gobierno del ultraconservador Álvaro Uribe pactó con Washington la utilización y restructuración de siete bases de las fuerzas armadas colombianas: tres aéreas, dos navales y dos terrestres para que sean también utilizadas por soldados estadounidenses. La más importante era la de Palanquero, muy cerca de la frontera con Venezuela. Sin embargo tan solo un año después, en 2010, el Tribunal Constitucional no permitió el acuerdo unilateral suscripto por Uribe ya que consideró que debía pasar primero por el Parlamento. Esto ha generado demoras en la implementación, lo que no impide que las fuerzas de EEUU sigan actuando en el territorio.

Otro caso parecido es la Iniciativa Mérida en la frontera entre Guatemala y México. Allí tampoco existen bases oficiales pero militares y agentes del FBI, la CIA y la DEA operan y asesoran a militares mexicanos y guatemaltecos para la lucha contra el narcotráfico.

Por último existen tres casos de bases frustradas o cerradas. El más conocido es de la ecuatoriana base de Manta sobre el Pacífico. Cuando Rafael Correa asumió como presidente no renovó la concesión obligando a Washington a buscar otros lugares como los ya mencionados de Chile y Colombia.

También fue cerrada la base naval de Vieques, en Puerto Rico, utilizada por la Marina estadounidense hasta 2004. Las protestas de grupos ambientalistas y habitantes de la región obligaron a cerrarla ya que un 50% de la población aledaña contrajo distintos tipos de cáncer debido a las pruebas de armas realizadas en el lugar.

Y la base que no llegó a ser fue la de Chaco, Argentina. En 2012 el gobernador Jorge Capitanich acordó con diplomáticos de Washington la utilización del aeropuerto provincial por parte de tropas estadounidenses. Para darle legalidad a esta maniobra envió al poder Legislativo provincial un proyecto para modificar la Ley de Defensa Civil, en la que se prohíbe la injerencia de cualquier Estado extranjero en caso de emergencias y catástrofes.

Sin embargo las protestas que generó en el país y el rechazo de diferentes sectores políticos, incluidos del oficialismo, obligó a dar marcha atrás con la medida.

Santiago Mayor – @SantiMayor

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