Renunció el presidente de Guatemala

El mandatario guatemalteco, Otto Pérez Molina, está denunciado por serios casos de corrupción. Desde hace meses la población se moviliza masivamente exigiendo que abandone el cargo y, el pasado martes, el Congreso Nacional le retiró la inmunidad. Tenía las horas contadas.

Ni bien el Congreso -que durante mucho tiempo protegió al mandatario- votó retirarle los fueros, el Ministerio Público libró una orden de captura contra Pérez Molina que, finalmente, renunció a su cargo. Los cargos que se le imputan son asociacióin ilícita, cohecho pasivo y defraudación aduanera.

El portavoz oficial de la Presidencia, Jorge Ortega, señaló que la carta de renuncia fue firmada el miércoles por la tarde con el objetivo de «mantener la institucionalidad y el orden que corresponde dentro del Estado», así como afrontar «de manera individual» las acusaciones en su contra.

Ahora se debe convocar una sesión extraordinaria del Congreso para juramentar al vicepresidente Alejandro Maldonado, como jefe de Estado interino.

La corrupción de «La Línea»

Cuando el 16 de abril de este año se destapó la olla, pocos imaginaban lo que se venía. En esa fecha la Fiscalía guatemalteca y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, dependiente de la ONU, anunciaron la desarticulación de una banda de contrabando y defraudación aduanera presuntamente dirigida por Juan Carlos Monzón Rojas, secretario privado de la entonces vicepresidenta, Roxana Baldetti.

Tan solo unos días después, y luego de varias movilizaciones en contra del gobierno, el diputado indígena del Movimiento Winaq de Guatemala, Amilcar Pop, denunció al presidente Otto Pérez Molina y a Baldetti por ocho delitos, entre ellos asociación para delinquir y enriquecimiento ilícito.

Así el 7 de mayo el la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Guatemala aprobó de forma unánime la apertura de un antejuicio en contra de la vicepresidenta, aunque descartó avanzar en investigaciones contra el jefe de Estado. Un día después Baldetti presentó su renuncia.

Esta situación abrió un proceso de investigación sobre otros funcionarios. El viernes 15 de mayo presentó su renuncia el ministro de Energía y Minas, Erick Archila. En su explicación alegó “persecución política y chantajes” por parte de integrantes del principal partido opositor Libertad Democrática Renovada (Líder), aunque también integrantes de esta agrupación están siendo investigado por supuestos actos de corrupción.

Siguiendo ese camino, el 20 de mayo la justicia guatemalteca arrestó a los directores del Banco Central de Guatemala (Banguat) y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) tras ser acusados de un fraude por unos 14,5 millones de dólares a favor de la Empresa Farmacéutica Pisa de Guatemala.

El militar Juan de Dios Rodríguez presidía el IGSS desde abril de 2013 por ordenes del presidente Molina que lo había designado justamente para combatir la corrupción en esa institución. Por su parte el presidente del Banguat, Julio Suárez, fue privado de su libertad por los casos de corrupción comprobados durante su gestión.

“La farmacéutica Pisa de Guatemala obtuvo en diciembre pasado la concesión del servicio de diálisis peritoneal de pacientes de la institución de seguridad social, pero desde esa fecha han muerto 15 pacientes y otros cien se han infectado de peritonitis”, detalló el texto difundido por la fiscalía.

Poco tiempo después la Fiscalía también solicitó a la justicia local retirar la inmunidad al candidato a la vicepresidencia por el partido Líder, Édgar Barquín, por estar también vinculado a varios casos de corrupción.

A fines del mes de agosto la investigación sobre Baldetti llevó a la justicia a ordenar su detención en un contexto de fuertes movilizaciones que pedían la renuncia de Pérez Molina así como la suspensión de las elecciones previstas para el 6 de septiembre hasta que no se modifique la ley electoral.

Durante las últimas semanas del pasado mes también presentaron su renuncia varios ministros y dos comisionados del Gobierno. Los ministros de Agricultura y Salud de Guatemala, Sebastián Marcucci y Luis Enrique Monterroso, respectivamente, así como la comisionada presidencial para la reforma policial, Adela Camacho, renunciaron a sus cargos le domingo 30.

Estas renuncias se sumaron a las que ya habían presentado la ministra de Educación, Cynthia del Águila, y de Economía, Sergio de la Torre, así como el comisionado presidencial para la Competitividad e Inversión, Juan Carlos Paiz.

A partir de la investigación que comenzó en 2014 el Ministerio Público explicó la forma en la que quedó estructurada la línea de mando en la red de corrupción que se estableció desde la Presidencia guatemalteca. Su “modus operandi” consistía en actuar sobre siete de las principales aduanas del país, donde se le permitía a los importadores de bienes métodos para pagar un impuesto menor a través de la alteración de los documentos legales.

Según los cálculos de la Justicia, de esta forma se habrían apropiado de 130 millones de dólares por año que deberían haber ingresado a las arcas del Estado.