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Caso Gerardo Escobar: las curitas no tapan agujeros de bala

Caso Gerardo Escobar: las curitas no tapan agujeros de bala
septiembre 09
00:02 2015

Pasaron 25 días del asesinato de Gerardo “Pichón” Escobar. Frente a esto una de las medidas del municipio rosarino fue reducir el límite horario en el que pueden funcionar los boliches de la ciudad.

En Rosario la violencia hacia la juventud es un dato alarmante. El 40% de las víctimas cada año son personas que tienen entre 13 y 24 años y son abatidas por armas de fuego en el 80% de estos casos.

La iniciativa de la Municipalidad es que a las 5 de la madrugada cierren todos los espacios relacionados con la diversión nocturna, que viene de la mano con una reelaboración de la distinción comercial de cada local.

Esta discusión, lejos de plantear resolver el problema de fondo, acaba por desviar el eje de la cuestión, de lo que se trata es de que una persona sale de un lugar, a la hora que sea, y después no vuelve, no es una cuestión de horarios.

No se trata del azar que donde apareció muerto Franco Casco haya sido encontrado también Escobar. Son mecanismos, metodologías propias de las fuerzas de seguridad que persiguen a los jóvenes y llegan hasta el extremo de acabar con sus vidas.

Las muertes de estos chicos son el producto de una estructura que se aferra no sólo a la ciudad de Rosario, sino a toda la provincia de Santa Fe. Varias son las aristas de esta problemática, pero son dos las que provienen del propio Estado y hacen de sostén de estas prácticas, la Justicia y la policía.

Discutir sobre el momento en que cierran los boliches, sobre la falta de transporte desde las 00 horas hasta las 6 de la mañana, es algo necesario, pero discutir eso sin problematizar o plantear transformaciones en estos dos grandes obstáculos es un sin sentido.

Basta con señalar el rol que tuvo la justicia en estos días rechazando el cambio de carátula a “desaparición forzada de persona”, un reclamo fundamental, ya que esto habría trasladado la jurisdicción de la causa de los fueros provinciales a los federales.

Por otra parte la pericia del forense Raúl Rodriguez, ex empleado de la policía (dos de los imputados son agentes de las fuerzas de seguridad provinciales), negó la presencia de golpes en el cuerpo de Escobar.

A esto se suma la falta de iniciativa por parte de la fiscalía que investiga la causa, compuesta por Rafael Coria, Marisol Fabbro y Miguel Moreno, que a pesar de haber acusado a estos oficiales por encubrimiento, consideraron que no era necesario avanzar en el cambio de carátula.

La policía santafesina cuenta con la mayor cantidad de efectivos procesados por proteger a bandas narco, secuestrar y cobrar rescates o por armar su propia red de distribución de drogas.

En ese sentido resulta curioso que las respuestas que se dan a todos los problemas relacionados con el narcotráfico, sean aumentar el número de efectivos desplegados, instalar a la gendarmería a custodiar los barrios de la periferia, pero nunca atacar el centro mismo de las problemáticas, que son estas mismas fuerzas de seguridad.

Frente a la posibilidad de la retirada de la gendarmería, el gobierno de la provincia anunció la incorporación paulatina de un mayor número de agentes policiales, de formación express.

La reacción del poder, a través de sus instituciones, de sus medios de comunicación, es marcar la cancha, dejando en claro que toda esta estructura represiva se queda. Con la parálisis judicial, la impunidad a los responsables y apuntando los cañones a las víctimas, mostrándolas como las culpables de sus propios crímenes.

Leandro Yansón

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