Tras nueve días fue levantada la suspensión de la mina Veladero

Pablo Ortija, el juez que primero ordenó la cautelar para suspender el proceso de lixiaviación de la mina Veladero por cinco días y luego por tiempo indeterminado, fue el responsable de levantar la medida este jueves. Lo hizo al considerar que la empresa reforzó la seguridad correspondiente.

Menos de 24 horas pasaron entre la suspensión y la nueva habilitación ordenada por el magistrado de Jáchal para que la empresa Minera Argentina Gold, subsidiaria de Barrick Gold, volviera a operar con cianuro.

Ortija informó que su decisión se tomó tras comprobar la realización de las obras solicitadas para que el valle de lixiviación tenga más garantías ante eventualidades como la ocurrida el pasado 13 de septiembre. En aquella fecha comenzó a circular la información de que la mina Veladero había derramado una solución cianurada sobre las aguas de los ríos adyacentes de los cuales se abastecen de agua las poblaciones cercanas.

Si bien en un primer momento, tanto el gobierno provincial como la empresa, negaron los hechos o dijeron desconocerlos, este miércoles la multinacional reconoció que derramó más de un millón de litros de solución cianurada sobre el Río Potrerillos. Esto es cuatro veces más de lo que la firma reportó al Gobierno de San Juan en su informe preliminar.

Por su parte el gobernador sanjuanino, José Luis Gioja, aseguró que «el problema está superado» y prometió «castigar a culpables». Además declaró «a todos los argentinos que la minería tiene que ser sustentable».

«El Estado ha estado presente en lo que ha ocurrido recientemente y ya está todo bajo control», enfatizó el mandatario provincial.

No obstante las palabras del gobernador no son compartidas por la población de Jáchal, principal afectada por el derrame de cianuro en los cursos de agua.

Gabriela Balmaceda, integrante de la Asamblea “Jáchal No Se Toca”, había denunciado: “Nos enteramos de lo que había ocurrido por gente que trabajaba en la mina Veladero pero las autoridades decían que no sabían nada, que no estaban enterados. Y ahora nos dicen que tengamos tranquilidad”.

“Hoy en día están diciendo que el agua no está contaminada pero en la Asamblea nunca nos han mostrado un análisis. No sabemos nada”, contó Balmaceda y comentó: “Es raro que no muestren un estudio y digan que está bien el agua”.

De acuerdo a la integrante de la Asamblea ambiental, que el gobernador de San Juan, José Luis Gioja, no se haya presentado nunca en las localidades afectadas “es una burla”.

Finalmente aseguró que «hay sectores donde el agua está contaminada pero no salen a decirlo porque, lógico, no les conviene». Y respondiéndole al gobernador subrayó: «Esto no es sustentable, la minería a cielo abierto contamina y eso es un hecho irrefutable”.

En el mismo sentido se expresó Enrique Viale de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas. «En San Juan, todo puede pasar como, por ejemplo, que a 24 horas de conocerse que fueron un millón los litros de cianuro derramados sobre la cuenca del río Jáchal, un juez tome la decisión de levantar la medida cautelar desconociendo los principios preventivo y precautorio, que son la columna vertebral del derecho ambiental».

Para el abogado hubo una «estrategia coordinada por Barrick y el Gobierno de Gioja» para «instalar la teoría de que ‘ya está’, ‘no pasó nada’, cuando estamos ante uno de los peores desastres ambientales mineros de la historia argentina».

Tanto la Barrick Gold como los secretarios nacionales de Minería, Jorge Mayoral, y Ambiente y Desarrollo Sustentable fueron denunciados penalmente por la organización a la que pertenece Viale.

La Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, junto a Greenpeace y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), emitieron un comunicado donde exigieron «el inmediato esclarecimiento del incidente -cuál es efectivamente la cantidad de solución cianurada vertida al ambiente, la dimensión de la superficie afectada por el derrame- con intervención de peritos técnicos imparciales, así como que se hagan públicos tanto los resultados de los distintos informes técnicos efectuados, como las medidas tomadas para salvaguardar el ambiente y la salud de las personas que viven en zonas aledañas o influidas por el megaproyecto minero».