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Colombia: Identifican restos de desaparecidos durante la represión estatal

Colombia: Identifican restos de desaparecidos durante la represión estatal
octubre 23
11:15 2015

El pasado 20 de octubre la Fiscalía General de Colombia y familiares de las víctimas anunciaron la identificación de los restos de tres personas desaparecidas durante la toma del Palacio de Justicia el 6 de noviembre de 1985.

Se trata de Lucy Amparo Oviedo, cuyos restos fueron hallados en el cementerio sur de Bogotá, y de Cristina Guarín y Luz Mary Portela, halladas en un cementerio privado, según informó el fiscal general, Eduardo Montealegre, en conferencia de prensa. Además, dio a conocer que los restos de Guarín fueron inhumados bajo el nombre de María Isabel Ferrer de Velásquez, agregándose a la lista de desaparecidos de la masacre.

A pocos días del 30 aniversario de la toma del Palacio de Justica, todavía resta encontrar los restos de otras ocho personas desaparecidas: Carlos Rodríguez, David Suspes, Bernardo Beltrán, Héctor Beltrán, Gloria Lizarazo, Norma Esguerra y Gloria Anzola. Además, debe sumársele el caso de Irma Franco, que había tomado parte en las acciones del M-19, siendo detenida por las fuerzas de seguridad y posteriormente desaparecida a las pocas horas.

Hasta hoy sólo han sido hallados los restos de cuatro mujeres, siendo el primer caso el de Ana Rosa Castiblanco, identificada en el año 2000. La mayoría eran trabajadoras y trabajadores de la institución.
René Guarín, hermano de Cristina, y Rosa Milena Portela, hermana de Luz Mary, brindaron una conferencia de prensa en la que exigieron que se lleve adelante la investigación para que se conozca la verdad y que se prosiga con el juicio a los responsables de estas muertes.

Rosa Milena, manifestó que descansará “el día que nos entreguen el cuerpo con la verdad verdadera, no con la verdad que les interesa al Estado y a los militares”.

Avances en los diálogos de paz

La identificación de los restos de las desaparecidas se produce en el contexto en el que avanzan las negociaciones y diálogos de paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionario del Pueblo-Ejército del Pueblo (FARC-EP). El pasado 18 de octubre, en el marco de los diálogos de Paz, se alcanzó un primer un acuerdo en materia de desaparecidos.

Los dos puntos que conforman el acuerdo establecen por un lado, el establecimiento de medidas inmediatas humanitarias de búsqueda ubicación, identificación y entrega digna de restos de personas consideradas desaparecidas en el marco del conflicto armado y por otro, la creación de una unidad especial para la búsqueda de las personas desaparecidas en ese contexto.

El primer punto incluye la participación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en el proceso de investigación e incluye la aceleración de procesos de búsqueda de desaparecidos, comprendiendo la ubicación, identificación y entrega de restos a familiares, como así también la entrega de información que contribuya en este sentido por parte de las FARC-EP.

El segundo punto establece la creación de una unidad especial de alto nivel (UPDB) para coordinar los procesos de recopilación de información y garantizar todo el procedimiento. Está unidad será autónoma, transitoria y excepcional, mientras que contará, según establece el texto del Acuerdo Final, con la participación activa de las víctimas.

Treinta años de la toma del palacio de justicia

El 6 de noviembre de 1985, el Movimiento M-19 tomó por asalto la sede del Palacio de Justicia en la “Operación Antonio Nariño por los derechos del hombre”, con el fin de denunciar la violación del Estado al acuerdo de “alto el fuego” y exigiendo el juicio político del entonces presidente, Belisario Betancour.

El Palacio, a tan sólo una cuadra de la residencia presidencial, Casa de Nariño, fue atacado durante 27 horas por la policía y el Ejército colombiano bajo el mando directo de Betancour, quien ordenó “no negociar con los rebeldes”, en lo que se conoció como “Plan Rastrillo”. Mientras, 350 personas se encontraban dentro del edificio. La masacre dejó un saldo de 98 víctimas fatales y once reportadas como desaparecidas.

Treinta años después, sólo dos militares han sido condenados por la justicia aunque uno cumple condena efectiva. Armando Arias Cabrales, comandante de la Brigada 13 en 1985, fue condenado a 35 años de prisión mientras que el coronel (r) Alfonzo Plazas Vega fue condenado a 30 años. A ambos se le imputa el crimen de la desaparición forzada de personas durante las jornadas del 6 y 7 de noviembre de 1985. Sin embargo, la Corte Suprema analiza un recurso extraordinario de casación que presentó la defensa de Plazas Vega a fines de 2014 que podría dejarlo en libertad.

En el año 2011, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al gobierno de Colombia por desaparición de 11 personas y la tortura de cuatro civiles durante los hechos de la Toma del Palacio de Justicia. En diciembre pasado, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos afirmó que “acataba y respeta” el fallo que emitió la CIDH, que condenó al Estado colombiano y le ordenó el pago de siete millones de dólares a las familias de los desaparecidos y torturados por miembros de la fuerza pública.

En 54 años de conflicto armado, alrededor de 220 mil personas han sido asesinadas y 25 mil desaparecidas mientras que el Registro Único de Victimas declara 150 mil. En la actualidad, más de seis millones de colombianos y colombianas se encuentran desplazados del país, mayormente residiendo en la República Bolivariana de Venezuela.

Micaela Ryan – @LaMicaRyan

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