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Relmu Ñamku enfrenta un juicio por defender su territorio

Relmu Ñamku enfrenta un juicio por defender su territorio
octubre 30
00:04 2015

Debajo del ensordecedor escenario mediático centrado en el ballotage presidencial, el lunes 26 de octubre inició en Zapala un inédito y cuestionado juicio. Relmu Ñamku, mujer mapuche de la comunidad Winkul Newen, es acusada de tentativa de homicidio por haber lanzado –supuestamente- una piedra contra una auxiliar judicial durante un intento de desalojo de su comunidad. Por esta causa, podría enfrentarse a 15 años de prisión.

El 28 de diciembre de 2012, Relmu y otros integrantes de Winkul Newen se encontraban sepultando una beba que había muerto debido a malformaciones producidas por el elevado nivel de contaminación generado por los derrames del yacimiento Portezuelo Chico, que opera ilegalmente la empresa norteamericana Apache Corporation (actualmente YPF) allí, en territorio mapuche.

En ese momento, camionetas de policía junto con guardias privados, empleados de la multinacional y una máquina retroexcavadora ingresaron a desalojar la comunidad, a pedido de la empresa estadounidense y bajo autorización de la jueza de Zapala, Ivonne San Martín. También se encontraba presente la oficial de justicia Verónica Pelayes, quien ordenó el avance de la topadora que casi atropella a una joven mapuche.

La comunidad se defendió lanzando piedras, ocasionando la rotura del tabique de Pelayes. Así lo relató Relmu a la prensa: “Le pedimos que se retiraran del lugar pero la única respuesta fue el avance de la topadora. Nosotros resistimos con piedras que era lo único que teníamos. Pero nunca quisimos lastimar a nadie, es más no supimos hasta que llegó un oficial con la denuncia, que había alguien herido. Nosotros nos defendimos en nuestra propia casa al avance de una topadora que quería pasar sobre nosotros y nuestros hijos”.

A raíz de este hecho, Relmu Ñamku, Mauricio Rain y Martín Maliqueo, fueron acusados por Pelayes y un abogado de la zona, Julián Álvarez, quien es activo defensor de terratenientes vinculados a la Sociedad Rural y del ex juez Pedro Laurentino Duarte, acusado por complicidad en delitos de lesa humanidad durante la dictadura militar. La fiscal Sandra González Taboada -quien actualmente enfrenta un pedido de jury por su accionar en la desaparición del estudiante Sergio Ávalos en 2003 por encubrimiento a policías y militares- fue quien dio curso a la denuncia y habilitó el procedimiento judicial, que está actualmente a cargo del juez Raúl Aufranc.

A pedido de Álvarez, la causa pasó de ser caratulada como “lesiones” a “intento de homicidio con alevosía”, exigiendo 15 años de cárcel para Relmu. Actualmente se ha reducido a “intento de homicidio”.

Lo cierto es que el trasfondo de la judicialización de los habitantes de Winkul Newen se vincula directamente con la defensa de su territorio, ocupado por un yacimiento petrolero que fue explotado por la empresa norteamericana Apache y actualmente por YPF. La resistencia de la comunidad tras la ocupación y contaminación de su territorio legítimo fue reprimida en diversas ocasiones, tanto por fuerzas policiales como por patotas armadas, que en el pasado mes de abril hirieron de bala y heridas de puño a mujeres de la comunidad.

Lo inédito del juicio iniciado el 26 de octubre no se cierne únicamente al exagerado pedido de condena por parte del abogado defensor y a la manipulación de su caratula. Además, será la primera vez en América Latina que participa un jurado intercultural.

De acuerdo a la justicia neuquina, cuando la condena excede los 15 años, debe realizarse un juicio por jurados. En este caso, este jurado está compuesto por 12 personas en las que seis, exactamente la mitad, son mapuche. Además, es traducido de manera simultánea en mapuzundung (idioma del pueblo mapuche).

El jurado fue seleccionado el pasado martes 20 de octubre por el juez Aufranc y las partes involucradas. Sin embargo, el Consejo Zonal Centro de la Confederación Mapuche de Neuquén presentó un recurso de amparo denunciando que no se respetó el derecho a la consulta previa al momento de reformar el Código Procesal Penal, por lo que no existe un protocolo sobre cómo se tiene que constituir el jurado intercultural. El mecanismo es el que estipula el Código y consiste en un sorteo a través del padrón electoral. Esto significa que se tomarán como mapuche quienes tengan un apellido mapuche, sin importar si se reconocen como parte del Pueblo, si forman parte de una comunidad o si autoadscriben como mapuche.

Durante las primeras audiencias del juicio iniciado el pasado lunes 26 de octubre, el abogado defensor de la comunidad mapuche, Darío Kodovsky, informó que comenzaron las declaraciones de testigos, entre ellos empleados de la petrolera Apache y oficiales de la policía. Además, informó que las piedras que se presentaron como evidencias fueron recogidas del lugar diez meses después de los hechos.

Asimismo, Kodovsky sostuvo en declaraciones a la prensa que la denunciante Pelayes “nunca corrió riesgo de vida”, y que también inició acciones contra la empresa petrolera y la justicia neuquina por ser presionada a intervenir en una situación de conflicto. Kodovsky no negó el derecho de la denunciante a pedir reparaciones en el marco de un juicio civil, no obstante, plantea que “esto funciona de otro modo: exigen reparación en dinero para la petrolera y el Estado provincial, los verdaderos responsables, y para los pobres cárcel, criminalización de la lucha social”.

El juicio se desarrollará hasta el 4 de noviembre, fecha en que deberá presentarse el veredicto que, en caso de hallar culpable a Relmu, iniciará otro proceso judicial “de cesura”, con el fin de establecer la posible pena de prisión.

Micaela Ryan – @LaMicaRyan y Florencia Trentini – @flortrentini

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