Violenta represión en el barrio Nueva Esperanza de Córdoba

En la madrugada del sábado 28 de noviembre, un violento desalojo en un barrio de Córdoba desnudó el empleo ilegal de las fuerzas de seguridad de la provincia por parte de las empresas. Este caso, emblemático por la violencia del accionar policial, se repite en todos los territorios pretendidos por las compañías de desarrolladores urbanos. La policía actuó sin intervención de la Justicia desalojando a los habitantes.

El Barrio “Nueva Esperanza” surge como una toma de tierras hace tres años. Se encuentra al noroeste de la ciudad de Córdoba entre el Country San Isidro, Barrio Policial y el emprendimiento Barrio Norte de la empresa GAMA SA. El barrio se compone por más de 900 familias, mayoritariamente de comunidad peruana y argentina, que se encuentran en la lucha de poder tener su primera vivienda, debido a la falta de políticas públicas provinciales y nacionales al respecto.

Durante los últimos meses, los vecinos de Nueva Esperanza vienen sufriendo el hostigamiento y atropello de la policía, que estableció limites al asentamiento y no deja entrar materiales ni continuar con la construcción de las viviendas. Versiones de la propia policía afirman que es GAMA SA quien presiona para que se produzca la desocupación de los lotes que limitan con su nuevo emprendimiento.

El viernes 27 de noviembre, los vecinos del barrio decidieron avanzar con la posesión de la tierra de los sectores que se encuentran desocupados. Fueron con sus materiales y herramientas para construir sus viviendas. Como respuesta encontraron, en la madrugada del 28, la represión de la Policía de Córdoba, que procedió de un modo totalmente irregular.

Las fuerzas de seguridad actuaron en horario nocturno y sin orden de desalojo. Casillas de madera destrozadas, otras incendiadas, mujeres golpeadas por efectivos varones de la policía provincial, mujeres embarazadas apedreadas para que salieran de sus carpas y niños heridos fue el resultado de ese accionar. Una niña con traumatismo en el rostro y una mujer con fractura expuesta son las heridas más graves de la brutal represión.

Según denunciaron los vecinos, además de destruir y demoler las viviendas, la policía se dedicó al saqueo de las pertenencias de los habitantes. Materiales para la construcción y diversos elementos del hogar fueron apropiados ilegalmente durante los desalojos. La acción, además de su ilegalidad, tiene el objetivo de infundir miedo en los habitantes del barrio. Los legítimos poseedores, asentados hace más de tres años, viven la inseguridad en la tenencia de la tierra de una manera drástica.

En la mañana del lunes 30, las vecinas y vecinos del barrio radicaron una denuncia por el accionar policial y presentaron un habeas corpus colectivo. La justicia no ha constatado, hasta el momento, la existencia de alguna orden judicial que justificara la acción de las fuerzas represivas. Asimismo, la policía provincial aún no ha dado respuestas a la Justicia, ni a los medios de prensa. La causa podría ser investigada por la oficina anticorrupción si se constata la participación de cargos jerárquicos en el hecho.

Es importante recordar que el dueño de la empresa sindicada como responsable de la represión, Jorge Petrone, ya fue en condenado a prisión en una ocasión por el delito de usurpación de tierras en la realización de otro de sus emprendimientos.

En Córdoba, como en el resto de las ciudades del país, es cada vez más difícil acceder a la vivienda y al suelo urbano. Córdoba posee un déficit habitacional cualitativo, según datos oficiales, que supera las 200 mil unidades, tiene más de 90 mil personas viviendo en villas o asentamientos y el 13% de la población vive en condiciones de hacinamiento. Este panorama, sumado a los costos cada vez más altos de los alquileres, a la falta de soluciones integrales, hace que el crecimiento de villas y asentamientos se vuelva una estrategia de acceso a la vivienda prácticamente inevitable.

En la ciudad de Córdoba el poderío económico de empresas como GAMA SA encuentra aliados en el Estado municipal y provincial, y en el funcionamiento autónomo de la policía de Córdoba. Lo sucedido en la madrugada del sábado 28 suma un nuevo hecho a la trayectoria de una fuerza que cuenta con amotinamientos, saqueos, corrupción, represiones y cada vez más denuncias de gatillo fácil.

Los vecinos y las vecinas del barrio evaluaban la posibilidad de realizar una marcha por el centro de la ciudad, en reclamo de justicia ante la violencia policial y exigiendo reconocimiento de su legítima posesión de la tierra.

Geraldine Lara y Facundo Cruz, desde Córdoba