¿Y la estabilidad del trabajador estatal contratado?

Por Federico Dalponte. La afrenta del gobierno contra los trabajadores del Estado impuso la necesidad defender en la calle las fuentes de empleo. Sin embargo, violentada en silencio, la propia Constitución Nacional es la que ordena proteger al empleado público, incluso al precarizado.

Dado que reconocen que el precepto constitucional nadie lo aplica, a ningún sindicato se le ocurriría jamás reivindicar en paritarias su legítimo derecho a participar en las ganancias de las empresas. Pues bien, algo similar sucede con los empleados de la administración pública.

Cuando la Constitución Nacional ordenó que las leyes aseguraran la «estabilidad del empleado público», naturalmente no previó que los sucesivos gobiernos hallarían la forma de evadir de manera sistemática su cumplimiento, avalados incluso por la propia Corte Suprema.

Ese precepto tan genérico y generoso es lo que permitió la elaboración de diversas subespecies hermanadas: están los empleados públicos propiamente dichos, que gozan de su bien ganada estabilidad, pero también están esos otros que, incluso desarrollando tareas similares, caminan al borde del abismo. Ese abismo, desde que Mauricio Macri asumió la presidencia, se tornó visible, amenazante, palpable y angustiosamente real.

En suma, la discusión en torno a los despidos provocados por los nuevos administradores del Estado encierra, casi sin decirse, un fuerte contenido reivindicativo de la estabilidad de todo trabajador y, si se quiere, también de la protección contra el despido arbitrario.

El ideal régimen de empleo público

Para empezar, el principio. Como el Estado y las empresas privadas son entidades de naturaleza diversa –y como impera un régimen jurídico capitalista–, la ley permite en el negocio privado ciertos abusos que no habilita en la administración pública. Por eso, y por varias cuestiones de índole práctica, existen leyes que regulan el empleo público y otras tantas que sistematizan el privado; se tocan, se abrazan, se rozan en ciertos aspectos, pero en muchos otros no.

Valga el ejemplo: en el ámbito privado se permite la arbitraria contratación de un empleado y también su injustificada desvinculación –no obstante el posterior pago indemnizatorio–.

Sin embargo, la Constitución pretendió ser más rígida con el sector público y, en virtud del principio de igualdad, vedó el ingreso a la administración de postulantes no idóneos, aunque, para compensar, impidió asimismo el despido sin justa causa.

Pues bien, dicho así, está claro que los regímenes de selección emergentes de la aplicación de la «Ley marco de empleo público» son, sin dudas, una consecuencia directa del mandato constitucional: concursos públicos, antecedentes, conducta, idoneidad, evaluaciones, etcétera.

Y, por supuesto, el modo de desvinculación también: sólo posible previo sumario; es decir, con acusación formal, con investigación, con imparcialidad, con posibilidad de defenderse. Sino, sin ello, ningún trabajador estatal puede ser despedido –al menos en este mundo de teorías–.

«Ley marco», «Resolución 48» y demás engendros

Hasta allí, lo obvio. Sin embargo, el Estado confeccionó también la excepción a la regla, la puerta para hacerse trampa a sí mismo. En efecto, el artículo 9º de la citada ley permite la contratación de personal por tiempo determinado, siempre que –obvia, clara y evidentemente– no sea para realizar tareas de naturaleza permanente.

Dicho de otro modo: el Estado puede contratar por tiempo determinado a María para que elabore el listado de afectados por la crecida de un río, pero no para que atienda la mesa de entradas.

Al mismo tiempo, en el año 2002, el decreto reglamentario de la referida ley amplió las condiciones para la contratación de personal transitorio, pero con un detalle: especificó por primera vez que todo contrato debía contener una cláusula de rescisión a favor de la administración.

Es decir, la posibilidad de que el Estado discontinúe el acuerdo cuando le plazca. A María, entonces, le podrían avisar de un momento a otro que ya no la necesitaban y, por ende, se quedaría sin el trabajo.

A su vez, en idéntico sentido, el recorrido normativo lo culmina la famosa Resolución Nº 48/02 de la Subsecretaría de Gestión Pública, que aporta, en suma, mayor detalle sobre el modo en que el propio Estado debe justificar este tipo de contrataciones anómalas, aunque el sentido siempre es el mismo.

La cuestión central: la estabilidad

Al final, lo importante. La estabilidad garantizada a los empleados estatales tiene al menos una razón bastante obvia, pero vale repetirlo: se trata de que el trabajador que ingresó durante la gestión de Raúl Alfonsín no sea despedido por Carlos Menem por mera venganza o para reemplazarlo por otro más afín.

Sea como sea, lo relevante es que la estabilidad es tanto un límite impuesto al Estado como una garantía para el trabajador. Ahora bien, siguiendo el ejemplo, ¿qué sucede si un gobierno incorporó a María mediante un contrato por tiempo determinado pero para realizar tareas de naturaleza permanente? ¿Tiene María derecho a la estabilidad?

Bueno, según Macri, no. Y según otros tantos también. Sin embargo, es obvio que a María le avasallaron cuanto derecho tenía a mano y, si cumplió efectivamente con las tareas que le encomendaron, no hay razones de peso para concluir que no goza de la estabilidad que sí tienen sus compañeros.

“Pero no ingresó mediante concurso”, dirán algunos, y es cierto, no lo hizo. Pero no puede soslayarse que no estaba ella en posición de exigirle al Estado el cumplimiento de sus propias leyes.

Si el Estado no convocó a concurso para la cobertura del puesto y decidió en cambio contratarla a ella en forma directa, es claro que el responsable es el propio Estado y no María. De otro modo, caeríamos en el absurdo de recriminarles a los infractores las multas de tránsito que la policía por negligencia no les impuso.

El Estado, en suma, debió cumplir el procedimiento establecido, pero el no hacerlo jamás puede conllevar la afectación de un derecho que la propia Constitución le reconoce al trabajador del Estado. Si el empleado público cumple tareas permanentes, entonces debe ser protegido por la Constitución.

Detrás de la actitud del gobierno

En el principio de continuidad jurídica del Estado se sustenta, por ejemplo, que un administrador no puede desconocer la validez de lo hecho por su antecesor. Ello, que entraña un profundo debate ante gobiernos de facto, es ineludible frente a una sucesión democrática como la actual: el Estado siempre es Estado, sea quien sea que lo administre.

Dicho de otra forma: que el gobierno de Macri pretenda revisar y desconocer las contrataciones realizadas por su antecesora es, en principio, ridículo. Si durante la administración de Cristina Kirchner se contrató personal que debió haber ingresado mediante concursos, un mero cambio de gobierno no puede justificar su anulación pues sino reinaría la inestabilidad laboral.

¿Qué hacer entonces con los empleados que no prestan tareas o no son idóneos para el puesto, tal como exige la ley? Pues lo mismo, aplicar la ley: formular la denuncia, que los órganos permanentes e imparciales investiguen, permitir que el trabajador se defienda y, de corresponder, sancionar, sin obviar la posibilidad de recurrir posteriormente a la Justicia. Así de sencillo.

@fdalponte