Cinco años de la masacre de Carcova

Este miércoles distintas organizaciones políticas y sociales conmemoran el quinto aniversario de «La masacre de Carcova» con una jornada cultural para pedir justicia por los asesinatos de Franco Almiron y Mauricio Ramos, por las heridas ocasionadas a Joaquín Romero y contra el accionar delictivo de la policía en los barrios humildes. Se realizarán murales, talleres y un partido de fútbol de homenaje. A partir de las 16 horas se convoca una marcha por el barrio.

La masacre

El 3 de febrero de 2011 Franco, Mauricio y Joaquín (de 16, 17 y 19 años, respectivamente) se dirigían en sus bicicletas a buscar cartones a los basurales del CEAMSE. Cuando cortaron por las vías frenaron al ver un enfrentamiento entre la policía y sus vecinos. Un tren carguero de la empresa TBA había descarrilado. Los efectivos de cuatro comisarías (la 4ª de José León Suárez y la 2ª, 8ª y 9ª de San Martín) y de la Policía Bonaerense 2 reprimieron a quienes se acercaban a la formación para poder sacar mercadería de los vagones y a quienes simplemente pasaban por ahí.

La represión coordinada pasó rápidamente de las balas de goma y gases lacrimógenos a balas de plomo de escopeta y armas de mano. En una acción de combate intencionada y alevosa, Mauricio y Franco (que se cubrían del fuego abierto) fueron forzados por la policía a correr de los gases y apenas se expusieron, fueron asesinados con balas de plomo. Joaquín Romero fue gravemente herido y pudo salvar su vida luego de una operación.

Los responsables

Cinco años después los oficiales de alto mando responsables del operativo siguen libres, apañados por jueces provinciales más dispuestos a justificar el accionar ilegal de la policía que a brindar justicia a familiares y allegados de las víctimas.

Sólo dos efectivos fueron imputados como responsables materiales de los crímenes y en ambos casos fueron beneficiados por los jueces de primera instancia. El oficial Gustavo Vega fue condenado a tan sólo a siete años y el agente Gustavo Sebastián Rey resultó absuelto. Esta sentencia se encuentra suspendida por revisión del tribunal de Casación y se esperan sentencias más fuertes.

«Nunca se señaló judicialmente a los responsables políticos: el ex ministro Ricardo Casal y el ex gobernador de la provincia Daniel Scioli detentaron una política represiva basada en avalar la violencia institucional y llenar de efectivos los barrios pobres del conurbano», afirman los convocantes de la jornada del miércoles. Y sostienen que lo sucedido aquel 3 de febrero y la posterior acción de la justicia «demuestran que se trata de una política de Estado».

«Estos asesinatos expresan la cotidiana expulsión de la población de nuestros barrios pobres y de los jóvenes. Al marco general de negación de los derechos más básicos se le responde con violencia institucional y represión», suman los organizadores.

Pablo Diz – @pabloediz