En Brasil avanza la polarización tras la “detención” de Lula

La mañana de viernes 4 de marzo empezó con una noticia inesperada: el ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva era detenido temporalmente por la Policía Federal (PF). El objetivo de la operación, que llegó a la casa de Lula en la región metropolitana de San Pablo, a las 6 de la mañana, era llevarlo a declarar en las dependencias de la PF en el aeropuerto de Congonhas, en la capital paulista.

El episodio se ubica dentro del contexto de la Operación Lava Jato, una investigación iniciada por la Fiscalía Federal en 2009, pero que ganó nuevo aliento a partir de marzo de 2014. Su objetivo es develar un esquema de corrupción involucrando a la empresa Petrobras, partidos políticos y las principales gigantes de la construcción civil de Brasil, algunas de ellas conocidas en América Latina, como Odebrecht, OAS, Camargo Correia y Andrade Gutierrez.

Según la Fiscalía, directores y funcionarios de la petrolera cobraban un soborno de las constructoras para facilitar sus negocios con la empresa estatal. Los contratos eran, después, sobrefacturados, permitiendo el desvío del dinero para los beneficiarios del esquema. Hasta ahora, 84 personas fueron condenadas, la mayoría funcionarios de Petrobras o de las constructoras e intermediarios responsables por el lavado de dinero. Solamente cuatro políticos están en la lista, dos de ellos del PT.

La sospecha es que los recursos que llegaban al PT eran utilizados en campañas electorales. Eso porque, en Brasil, estaba permitido que empresas privadas hiciesen donaciones a candidatos. Desde septiembre del año pasado, esa practica fue prohibida y declarada inconstitucional Supremo Tribunal Federal (STF, equivalente a la Corte Suprema argentina).

Sin embargo, aunque Lava Jato haya paralizado el esquema de corrupción dentro de la petrolera, la forma en que son conducidas las investigaciones por la Policía Federal y la Fiscalía viene recibiendo muchas críticas. El episodio del último viernes agregó aún más elementos quienes creen que hay abuso de poder y utilización de procedimientos ilegales en la causa.

Conducción coercitiva

Jurídicamente, lo que se aplicó a Lula fue un dispositivo llamado de “conducción coercitiva”, solicitado por la Fiscalía, y concedido por el juez federal responsable por la Operación, Sergio Moro, históricamente vinculado a sectores conservadores y al PSDB, principal partido de la oposición.

La conducción coercitiva es aplicada, en general, en casos en los cuales el declarante se niega a ser interrogado. No fue el caso de Lula, ya que no hubo una notificación previa. En su decisión, el juez federal justificó la aplicación del dispositivo en función de la conmoción social que una declaración del ex presidente podría generar. Garantizando que él sería llevado por la PF hasta el aeropuerto, se buscaba generar menos posibilidades de manifestaciones -en su favor o en su contra- evitándose amenazas al orden público.

El argumento de Moro convenció a pocos. Diversas figuras importantes del medio jurídico -docentes de reconocidas universidades, abogados y jueces, muchos de ellos sin vínculo con el PT- salieron a criticar la medida, considerándola abusiva e ilegal. Una de las voces más críticas y de peso fue de uno de los ministros del STF, Marco Aurelio de Mello que afirmó que la decisión de Moro fue un “retroceso”, que lleva a la “inseguridad jurídica”.

“¿Será que él [Lula] quería protección? Yo creo que, en realidad, ese argumento fue utilizado para justificar un acto de fuerza”, señaló.

No fue la primera vez que el ministro del STF cuestionó públicamente la conducción de la investigación. El año pasado criticó la cantidad de “delaciones premiadas” -acuerdos que la justicia hace con un acusado, suavizando su condena, en cambio de información- de toda la Operación. “Ojalá todas hayan sido espontaneas”, agregó.

A los enemigos la ley, a los amigos…

La realidad muestra que no. Las delaciones, en gran parte de los casos, se dan tras prisiones preventivas o temporarias, renovadas repetidamente por el juez federal, hasta que el acusado acepta hablar. La práctica es considerada abusiva. En enero de este año, un grupo de cien reconocidos abogados escribió una carta abierta, en la cual cuestionaron esto. Acusaron a las autoridades de no respetar los derechos más fundamentales, como la presunción de la inocencia y el derecho a la defensa.

También consideraron inaceptables la forma como muchos de los testimonios, que deberían estar bajo secreto de sumario, son filtrados a los medios de comunicación hegemónicos, en los que muchos consideran una operación coordinada, con fines de desestabilizar políticamente el país y fomentar a los sectores de la oposición que piden la destitución de la presidenta Dilma Rousseff.

Los medios de comunicación -sobre todo el principal conglomerado mediático del país, el grupo Globo- vienen cumpliendo un rol clave en todo el proceso de condena social a figuras del gobierno o históricamente vinculadas al PT, contra las cuales no hay pruebas concretas hasta ahora, sino solamente sospechas. A Lula se le acusa de, además de tener conocimiento del esquema de corrupción y beneficiarse del mismo, de haber comprado dos propiedades -una finca y un departamento en la playa- con dinero desviado de la empresa.

El carácter selectivo de las investigaciones también molesta a muchos y se torna cada vez más evidente. Diversos acusados señalaron que los esquemas de corrupción en la petrolera empezaron en 1997, durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso (1994-2002), una de las figuras más importantes del PSDB. El ex presidente nunca fue llamado a declarar, tampoco la Operación buscó, al menos hasta ahora, dedicarse a investigar la veracidad de las denuncias.

Nuevas movilizaciones

El hecho simbólico de la conducción coercitiva de Lula alimentó aún más la polarización política en la cual se encuentra el país. La oposición a la derecha realizará una marcha, el 13 de marzo, cuya principal reivindicación será la destitución de Dilma Rousseff.

La izquierda promete salir a la calle el 18 de marzo y también el 31 del mismo mes, un día antes del aniversario del golpe militar de 1964.

El Frente Brasil Popular (FBP), que aglutina el Partido de los Trabajadores, el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), la Central Única de los Trabajadores (CUT), la Unión Nacional de los Estudiantes (UNE), el Levante Popular de la Juventud, entre otros, calificó el hecho del viernes como un intento de “atacar un símbolo de la lucha del pueblo brasileño, las organizaciones sindicales y populares que actúan por igualdad, democracia y por la soberanía en nuestro país”.

El Movimiento de los Trabajadores Sin Techo (MTST) afirmó que no participará de las movilizaciones convocadas por el FBP, lo que configura un cambio de posición, ya que, hasta entonces, venían participando de las manifestaciones en contra de la destitución de la actual presidenta que, además, también reivindicaban cambios en la política económica, entre otros puntos.

Dafne Melo, desde San Pablo – @daflpmm