San Juan: fueron procesados nueve ejecutivos de la Barrick Gold

Por el derrame de solución cianurada el año pasado en la Mina Veladero, el juez que investiga la causa, Pablo Ortija, ordenó la imputación de los directivos de la minera canadiense y un embargo por cien mil pesos.

Los procesados son Leandro Poblete (jefe de Procesos), Segundo Álvarez (también del área de Procesos), Carlos Cabanillas (gerente de Minas), Ángel Escudero (gerente de Prevención de Riesgos), Osvaldo Brocca (supervisor de Servicios Técnicos), David Sánchez (supervisor de Mantenimiento), Ricardo Cortéz (supervisor de Medio Ambiente), Walter Pizarro (gerente de Procesos) y Antonio Adames (gerente General).

Ortija fundamentó su acusación en el artículo 56 de la ley nacional de Residuos Peligrosos 24.051, que permite imputar a quienes provoquen una «adulteración peligrosa» para la salud del agua, aire o suelo por «imprudencia o negligencia».

Los hechos que investiga la Justicia (además de Ortija interviene el juez porteño Sebastián Casanello) ocurrieron el 12 de septiembre de 2015, cuando se produjo una rotura de una válvula de la tubería que transportaba solución cianurada.

El procesamiento se dio a conocer este jueves cuando las autoridades locales regresaron de Toronto (Canadá), tras participar en la feria minera. De dicho evento participaron además el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, su ministro de Hacienda, Roberto Gattoni y el de Minería, Alberto Hensel.

Por su parte la Barrick Gold emitió un comunicado señalando que «esta decisión será apelada ante la Cámara Penal de la provincia de San Juan por los respectivos abogados de las personas afectadas». Asimismo señaló que «las circunstancias que produjeron el incidente fueron resueltas inmediatamente. La compañía implementó un plan de acción que corrigió los factores causales del hecho con obras y aumento de controles bajo los cuales las autoridades avalaron la normalización del trabajo en la mina».

«En forma inmediata -añade la empresa- se expandieron e intensificaron las actividades de monitoreo en toda la cuenca. Todas esas mediciones han demostrado que el incidente no supuso ningún riesgo para la salud de las personas o el ambiente». Además, estos resultados «son consistentes con los estudios realizados encargados por las autoridades nacionales y provinciales y la Justicia provincial, incluyendo aquellos efectuados por el Instituto Nacional del Agua (INA), la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) y el Centro de Investigaciones para la Prevención de la Contaminación Minera e Industrial (Cipcami)».

Sin embargo, en su declaración la transnaconal canadiense omite deliberadamente estudios que indican lo contrario o incluso partes de los propios informes que cita en su nota.

El periodista e integrante de la asamblea «Jachal no se toca», Domingo Jofre, explicó recientemente a Notas que «sobre los análisis de la Universidad de Cuyo, dijeron que estaba todo bien con el agua, salvo algún problemita en Tamberías y en Mogna. No señalaron que el agua en estos lugares es no apta para consumo humano». Al mismo tiempo «cuando anunciaron los resultados del informe de la UTN hicieron hincapié en que el cianuro ya se había diluido y no en que había llegado al río».

Independientemente de este debate, la acusación realizada por el magistrado Ortija supone -en caso de encontrar culpables a los acusados- una pena de un mes a dos años de prisión en suspenso. Por lo que, de ser condenados, la sanción no será de cumplimiento efectivo.