América Latina

8 junio, 2016

Se incrementa la persecución a los trabajadores en Brasil

En los últimos días, el gobierno de Michel Temer incrementó la persecución a los trabajadores, según denunciaron representantes de movimientos sociales y sindicales. Un proceso judicial irregular mantiene a dos trabajadores rurales presos mientras que los sindicatos denuncian recortes sobre el derecho a huelga, a horas del primer paro nacional contra el actual Ejecutivo.

El próximo 10 de junio se realizará la primera huelga general contra el gobierno provisional de Michel Temer. Un amplio marco de organizaciones sociales, sindicales y partidos políticos convocan a las manifestaciones callejeras y a la movilización permanente. Entre ellas se encuentran el Frente Brasil Popular y el Frente Pueblo Sin Miedo, que juntos nuclean más de ochenta movimientos sociales y organizaciones políticas. La Central Única dos Trabalhadores (CUT) y el Partido dos Trabalhadores (PT) se unieron a esta convocatoria e impulsan el paro en todo el país.

Esta jornada se llevará adelante en un contexto donde la persecución hacia los trabajadores avanza desde todos los ámbitos institucionales y empresariales. El contexto generado a partir del inicio del proceso de impeachment contra Dilma Rousseff y la instalación dudosa del gobierno provisional de Temer es utilizado por el sector privado para avanzar sobre lo que los referentes de estos movimientos consideran derechos de los trabajadores.

foratemer2No sólo se trata de programas sociales como Minha Casa, Minha Vida –de construcción de vivienda social y Pronatec –de formación en oficios para mujeres de los sectores populares-, sino también involucra reformas de leyes laborales y recortes presupuestarios, especialmente sobre la salud y la educación.

Pero además, los trabajadores denuncian ataques desde otras entidades estatales, como es el Poder Judicial.

La situación que dos militantes del Movimiento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) enfrentan a partir de una denuncia penal por usurpación de tierras, es una evidencia de este accionar. La denuncia se basa en la ocupación de un área rural ubicada en el estado de Goiás, donde antiguamente funcionaba la “Planta Santa Helena de Azúcar y Alcohol”. Esas tierras, que fueron declaradas de utilidad pública, habían sido ocupadas varios años atrás por el MST para poner las tierras ociosas a producir. Allí instalaron el campamento Padre Josimo, donde actualmente viven 1500 familias. El problema surge a partir de que el grupo económico NAOUM se adjudica las tierras como propias.

Actualmente, este grupo está siendo procesado por diversos crímenes, como el ocultamiento de documentación que demuestra el incumplimiento con sus obligaciones patronales. Por ello, la denuncia es formulada por la Secretaría Estadual de Seguridad Pública (el Ministerio de Seguridad a nivel estadal), que depende del gobernador Marconi Perillo (del Partido Socialdemocrata de Brasil, PSDB).

A partir de esta acción, un juez de la Comarca de Santa Helena ordenó la captura de los militantes alegando la Ley 12850/2013, conocida como “ley antiterrorista” y ampliamente denunciada por los movimientos sociales por violar el derecho a la protesta. Apelando a esta normativa, el juez declaró al movimiento como una “organización criminal”. Luiz Borges Batista fue encarcelado el pasado 14 de abril, mientras que José Valdir Misnerovicz fue detenido el pasado 31 de mayo en Rio Grande do Sul, a partir de un operativo conjunto entre las policías estaduales de Goiás y el estado sureño.

Ante la ausencia de evidencias –los detenidos son acusados formalmente de “pertenecer al MST”- y el estancamiento del proceso judicial, la defensa interpuso hace pocos días un recurso de habeas corpus ante la Cámara Criminal N°1 del Tribunal de Justicia de Goiás, donde se encuentra la causa. Se hicieron presentes organizaciones sociales, de derechos humanos y legisladores nacionales para acompañar este pedido, que fue finalmente denegado.

Dirigentes del MST afirmaron que se trata de una “ofensiva conservadora para criminalizar a los movimientos populares”, demostrando una evidente articulación entre el latifundio, y los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. En las próximas semanas se espera el dictamen de la Cámara.

Por su parte, la Comisión Pastoral de la Tierra (CTP), la Comisión Brasileña de Justicia y Paz de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil (CNBB) y la Comisión Dominicana de Justicia y Paz de Brasil, junto a otras entidades, divulgaron un comunicado de repudio a estas detenciones y denunciaron “parcialidad en la aplicación de justicia” y un proceso de criminalización de movimientos sociales actualmente en curso en Brasil. En este sentido, apuntaron a las autoridades estatales de Goiás, acusándolas de transformar al estado en un “laboratorio de represión a los movimientos sociales”.

La palabra sindical en la OIT

Sergio Luis Leite, delegado de la representación sindical brasileña en la 105 Conferencia Internacional del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Ginebra, afirmó que los trabajadores brasileños son víctimas de un ataque sistemático a la organización sindical por parte del Estado brasileño. En su intervención, que tuvo lugar el 8 de junio, Leite cuestionó la actuación del Ministerio Público de Trabajo y el Poder Judicial brasileño respecto al sistema de financiamiento de las entidades. En este sentido, denunció “prácticas antisindicales de las empresas para evitar la huelga y la acción sindical, tratamiento arbitrario con los dirigentes sindicales y una errada interpretación sobre las actividades sindicales en las huelgas, entre otros mecanismos y maniobras”.

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Con respecto a la situación nacional, Leite mantuvo un tono neutro aunque remarcó la diferencia de posturas que mantienen las distintas centrales sindicales en Brasil. De las seis centrales reconocidas formalmente, cuatro mantienen negociaciones con el gobierno de Temer: Central dos Sindicatos Brasileros (CSB), Força, Nova Central y la União Geral de Trabajadores (UGT). La CUT y la Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CBT) rechazan sentarse en esa mesa por no reconocer la legitimidad del actual Ejecutivo. Estas centrales realizaron protestas durante el evento, en el momento que el ministro de Trabajo de Brasil, Ronaldo Noguera, brindó su discurso. Los sindicalistas que se encontraban presentes levantaron carteles con leyendas como “Derechos sí, golpe no” y “golpe en Brasil”.

“A pesar de este cuadro difícil y complejo en nuestro país, el movimiento sindical brasileño y los trabajadores están comprometidos con la unidad de acción sindical en la defensa de los derechos y conquistas de los trabajadores, la negociación colectiva y el diálogo social”, afirmó Leite.

Los organizadores de la huelga general y las movilizaciones previstas para el 10 de junio esperan una masiva participación que se nucleará bajo la consigna #ForaTemer. Al respecto, Adilson Araujo, secretario general de la CBT, manifestó: “Vamos a intensificar el trabajo de sensibilización y movilización de nuestras bases y asegurar el éxito de las manifestaciones. La lucha continúa, sin tregua ni la reconciliación”.

Micaela Ryan – @LaMicaRyan

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