América del Norte

1 julio, 2016

Ley Promesa refuerza el control de Estados Unidos sobre Puerto Rico

Este jueves 30 de junio, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, firmó la Ley Promesa tras ser sancionada por el Senado. Esta ley, que busca reestructurar la deuda de Puerto Rico asumiendo el control fiscal absoluto de la isla.

Este jueves 30 de junio, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, firmó la Ley Promesa tras ser sancionada por el Senado. Esta ley, que busca reestructurar la deuda de Puerto Rico asumiendo el control fiscal absoluto de la isla.

Por 68 votos a favor y 32 en contra el Senado norteamericano sancionó la Ley Promesa (por sus siglas en inglés, Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act), impulsada por el presidente Barack Obama. Esta ley contempla la creación de una junta de control fiscal sobre los problemas financieros de Puerto Rico. Esta junta puede tomar decisiones sobre el presupuesto de la isla sin necesidad de consenso de sus autoridades gubernamentales.

Puerto Rico mantiene una deuda de 73 mil millones de dólares y el 1ro de julio se cumple un nuevo vencimiento del pago. Uno de los acreedores de esta deuda son los fondos buitres, cuyos intereses se ven beneficiados con esta legislación.

En Puerto Rico, esta noticia generó reacciones por parte de la población, que salió a protestar a las calles. “Esta legislación no es perfecta, pero es un primer paso crítico hacia la recuperación económica y esperanza restaurada para millones de estadounidenses que llaman Puerto Rico su hogar”, comunicó oficialmente la Casa Blanca. Obama, por su parte, manifestó el compromiso de continuar trabajando “con el Congreso y el pueblo de Puerto Rico para volver a ver crecimiento económico y oportunidad”.

Durante la gestión del gobernador de la isla, Alejandro García Padilla, ya se cumplieron tres vencimientos: en agosto de 2015 de la deuda correspondiente a bonos de la Corporación de Financiación Pública, en enero de 2016 de bonos de la Autoridad de Financiación de la Infraestructura (AFI), y en mayo pasado de la deuda del Banco Gubernamental de Fomento (BGF).

García Padilla, se había manifestado en contra del “salvataje” promovido desde la presidencia norteamericana. Estas declaraciones se produjeron en el contexto que el Comité Especial de Descolonización de la ONU votó por trigésimo quinta vez a favor de la libre determinación de Puerto Rico y que la Organización de Estados Americanos (OEA). El organismo manifestó su preocupación por la dificultad de Puerto Rico por enfrentar sus graves problemas económicos, debido a la falta de soberanía.

Sin embargo, luego de la promulgación de la Ley Promesa, García Padilla agradeció y manifestó: “Aunque imperfecto, este proyecto nos da el acceso a las herramientas necesarias para cumplir con las obligaciones y los pagos a nuestros acreedores”. El gobernador reclamaba a Washington que se incluyera a la isla en la Ley Federal de Quiebras para declararse en quiebra y dejar de pagar la deuda con la protección de la Justicia estadounidense.

La actual deuda de Puerto Rico fue generada por las mismas condiciones que Estados Unidos le impone a la isla: liberación impositiva y emisión de subsidios para evitar más migración hacia el país del norte. Esta situación, que se agudizó en la década de 1970, comenzó a ser enfrentada mediante la emisión de deuda, desde hace ya cuatro décadas.

Puerto Rico es una Estado Libre Asociado, lo que en los hechos significa ser una auténtica colonia norteamericana careciendo de soberanía institucional, política y económica. Más de la mitad de la población boricua vive en Estados Unidos (4 millones ) mientras que alrededor de 1500 puertorriqueños emigran mensualmente a Estados Unidos, país del cual son ciudadanos, debido al alto costo de vida y la falta de empleo en la isla. Esto ha generado una fuga de mano de obra y aportes impositivos, mientras el proceso de despoblamiento de la isla se ha acelerado abruptamente en los últimos años. Sólo en 2014, 84 mil puertorriqueños dejaron el país.

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