América Latina

7 julio, 2016

Asesinan a compañera de Berta Cáceres en Honduras

Lesbia Yaneth Urquía, integrante del COPINH, fue asesinada en la tarde del miércoles 6 de julio en el departamento de La Paz. A cuatro meses del asesinato de Berta Cáceres, Honduras se convierte en sinónimo de muerte para quienes reclaman por los derechos del pueblo.

Lesbia Yaneth Urquía, integrante del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), fue asesinada en la tarde del miércoles 6 de julio en el departamento de La Paz. A cuatro meses del asesinato de Berta Cáceres, Honduras se convierte en sinónimo de muerte para quienes reclaman por los derechos del pueblo.

En la tarde del miércoles 6 de julio fue hallado el cuerpo de Lesbia Yaneth Urquía, de 49 años de edad, en un basurero en las afueras de Marcala, departamento de La Paz. En ese mismo departamento fue asesinada su compañera del COPINH y referente mundial en la lucha por la defensa de los territorios y el medio ambiente, Berta Cáceres, el pasado 3 de marzo.

Urquía era una pequeña comerciante muy conocida en Marcala, su zona de residencia que usualmente recorría en bicicleta, como lo hacía la tarde en que su familia no supo más de ella. Tenía tres hijos y estaba casada con Marco Aurelio Soto, maestro en esa comunidad.

Como defensora medioambiental, Urquía luchaba contra la instalación de una gran represa en el departamento de La Paz. En un comunicado público, el COPINH manifestó: “La compañera Lesbia Yaneth era una destacada lideresa comunitaria vinculada al COPINH desde las protestas en contra del golpe de Estado del año 2009 y activa militante en la defensa de los bienes comunes de la naturaleza y los derechos indígenas en contra de la construcción de la represa hidroeléctrica Aurora I del municipio de San José, La Paz en la cual tiene vinculación directa la presidenta del Partido Nacional y vicepresidenta del Congreso Nacional, Gladys Aurora López”.

Este asesinato se comete a pocos días de la realización de una consulta popular sobre esta construcción, impulsada por organizaciones no gubernamentales. El interés del gobierno de llevar adelante esta construcción, aún por encima de la violación de derechos de los pueblos indígenas y de la voluntad de los habitantes del departamento de La Paz, se vincula a que altos funcionarios, como Gladys Aurora López, son accionistas en este emprendimiento energético. Vale recordar que el 35% del territorio hondureño está en manos de empresas transnacionales.

El comunicado agrega que la muerte de Lesbia “constituye un feminicidio político que busca callar las voces de las mujeres que con coraje y valentía defienden sus derechos en contra del sistema patriarcal, racista y capitalista, que cada vez más se acerca a la destrucción de nuestro planeta”.

El COPINH responsabilizó de este asesinato “al gobierno de Honduras, a cargo de Juan Orlando Hernández, a las fuerzas militares y policiales y a todos las instituciones gubernamentales que deben cumplir con la protección de todas y todos los defensores de derechos humanos y de los bienes comunes de la naturaleza». De igual forma culpó a «la señora Gladys Aurora López y su esposo Arnold Castro por ser fuente permanente de amenazas y conflictos por la construcción de proyectos hidroeléctricos en el departamento de La Paz”.

Este asesinato se produce mientras el COPINH mantiene una protesta desde el miércoles 6 de julio frente a la Casa de Gobierno de la presidencia hondureña, exigiendo el esclarecimiento del asesinato de Berta Cáceres.

Aunque ya detuvieron a los presuntos responsables, la organización y familiares de Berta denunciaron la manipulación de los funcionarios públicos en el proceso de justicia. Por ello, solicitan la apertura de un proceso de investigación con la participación de organismos internacionales y el monitoreo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Además de Cáceres y de Urquía, otro activista del COPINH, Nelson García, fue asesinado en el 2016. Quien está detrás de estos actos criminales, según el COPINH, es la empresa Desa que actúa en connivencia del Estado nacional.

De acuerdo a las cifras brindadas por la Organización No Gubernamental Global Witness, desde 2013 hasta la actualidad, fueron asesinados 80 activistas medioambientales en territorio hondureño. De esta manera, Honduras es el país con el nivel más alto de persecución y exterminio de quienes luchan por el derecho al territorio y al ambiente en todo el mundo.

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