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Paraguay: crece el rechazo tras el fallo por Curuguaty

Paraguay: crece el rechazo tras el fallo por Curuguaty
julio 18
22:06 2016

En la tarde del lunes 18 de julio se dio lectura completa al fallo de la sentencia por la Masacre de Curuguaty en el Palacio de Justicia de Asunción. La resolución judicial, que condena a once campesinos y campesinas pero a ningún policía, fue repudiada con masivas protestas y movilizaciones en todo el país.

Un fuerte operativo de seguridad se desplegó en las inmediaciones del Palacio de Justicia, en el barrio de Sajonia, en Asunción. Más de 1500 oficiales estuvieron en las calles aledañas y se informó que en varios puntos fueron apostados francotiradores. La lectura del documento se realizó en la explanada exterior del Palacio, debido a la enorme cantidad de personas que se movilizaron para rechazar el fallo del Tribunal de Sentencia.

El pasado lunes 11 de julio el Tribunal leyó las sentencias sin ahondar en el cuerpo del fallo. Al conocerse las resoluciones judiciales contra los campesinos y campesinas, los familiares, allegados y abogados de la defensa se mantuvieron ocupando la sala del Tribunal por casi 48 horas. Allí denunciaron irregularidades en el caso y omisión de pruebas por parte de los magistrados.

La lectura completa del fallo, prevista para las 11 de la mañana del lunes 18 de julio, se pospuso hasta pasado el mediodía. Tanto en la explanada del Palacio de Justicia, como en otros puntos y ciudades del país como Caaguazú, se apostaron pantallas gigantes que transmitieron la lectura en vivo.

Seis jóvenes, entre ellos un menor de edad, fueron detenidos por efectivos policiales cuando cruzaban la calle en dirección a la explanada. Fueron apresados sin una justificación y trasladados hasta la Comisaría 1ra, donde denunciaron haber sido golpeados por los efectivos de seguridad. Los jóvenes denunciaron que los policías les “plantaron” artefactos entre sus pertenencias, como un destornillador, para justificar la denuncia contra ellos, a quienes ya advirtieron que deberán enfrentar cargos por perturbación a la paz pública y amenaza de hecho punible. Horas más tarde, la policía informó que detuvo a otras tres personas en el marco de las manifestaciones, aunque no brindaron sus nombres.

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Durante la lectura del fallo, pobladores de Yby Pytã, departamento de Canindeyú, cortaron la ruta 10 de acceso a Marina Kue, donde tuvo lugar la masacre en junio de 2012. El intendente Rubén González, que se pronunció a favor de los campesinos, también estuvo presente en el corte.

El fallo

Con la presencia de los campesinos y campesinas sentenciados, y miles de personas que se movilizaron hasta el Palacio de Justicia para demostrarles su apoyo, el Tribunal de Sentencia dio lectura al fallo.

En el mismo, los magistrados afirman que Rubén Villalba fue el primero en disparar contra la policía. Aseguraron que “los procesados en todo momento actuaron con extrema violencia al momento de invadir el inmueble ajeno” y que se encontraban armados y encapuchados. Alegaron también que los campesinos se negaron a una negociación pacífica.

Los magistrados establecieron que quedó probado que los acusados ingresaron con violencia y clandestinidad a las tierras, a las que reconoce como propiedad privada de Campos Morombí. Estas tierras se encuentran en litigio con el Estado, mientras que la familia Riquelme, vinculada a los agronegocios, se la adjudica a su compañía. Los magistrados decidieron a favor de los empresarios del agro.

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El fallo califica a la comisión vecinal Naranjaty, a la cual los campesinos sentenciados pertenecen, como una “organización criminal”. Esto lo justifican en base a que tenían jerarquías internas, regularmente realizaban aportes económicos y turnos de trabajo para mantener el funcionamiento de la organización.

La fiscalía alegó además que los campesinos recibieron formación militar, que tenían antecedentes de robos y que amenazaban a los demás miembros de la comunidad para permanecer en las tierras ocupadas. Asimismo, afirmó que la comitiva policial ingresó al predio “de manera pacífica” antes de producirse el tiroteo.

Todos estos alegatos se basan en testimonios brindados por policías. Ningún campesino o poblador del lugar refrendó estas aseveraciones. Tampoco fueron consideradas las pruebas y testimonios presentados por la defensa.

En la misma línea, el documento hace referencia a los “campesinos que mataron a policías”, pero no hace mención alguna a los once campesinos asesinados durante la masacre.

El rechazo

Los familiares y allegados, junto con organizaciones sociales y ciudadanos que se interesaron en el caso, permanecieron alrededor de la explanada sosteniendo carteles y cantando consignas como “Absolución ya”, “Justicia por Marina Kué” y “Rachid, cobarde, tus manos tienen sangre”.

Jalil Rachid es el ex-fiscal de la causa que acusó a los campesinos y que luego de apartarse del caso fue nombrado ministro de Seguridad Interna. Luego de conocerse la sentencia el pasado lunes, el abogado español Aitor Martínez, que fue designado peticionario ante los organismos internacionales por parte de las víctimas de Curuguaty, acusó a Jalil Rachid de ocultar pruebas fundamentales que demostraban la inocencia de los campesinos.

Martínez recordó que Paraguay fue condenado en 2013 por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas “por la condición parcial y viciada” del proceso. El caso de la Masacre de Curuguaty se encuentra también en instancias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) bajo la petición 417/14. Durante el 32 período de sesiones de las Naciones Unidas, Paraguay fue sometido al Examen Periódico Universal, exigiendo la conformación de una “comisión independiente” para investigar la muerte de los 11 campesinos.

El Frente Guasu, formación política de ex presidente Fernando Lugo que fue depuesto en una irregular decisión parlamentaria en el marco de la Masacre de Curuguaty, expresó que llevará el caso hasta la Organización de Estados Americanos (OEA). En un comunicado expresó que el juicio por Curuguaty “pone más que nunca en evidencia la existencia de presos políticos en el Paraguay”.

En esta línea, Luis Almagro, secretario general de la OEA, viajó a Paraguay donde se reunió con canciller paraguayo, Eladio Loizaga, y posteriormente con el Frente Guasu. Almagro se limitó a expresar que existen otros tribunales a donde acudir, en referencia a la CIDH y que “es razonable” que los familiares de los campesinos y campesinas sentenciados quieran acudir allí. Luego de la reunión, el Frente Guasu afirmó que Almagro evalúa la posibilidad de iniciar una investigación especial por la Masacre de Curuguaty en el marco de la OEA.

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