El «arrepentido» y la «extinción de dominio»: leyes para las cámaras

Los proyectos de ley sobre corrupción impulsados por el Poder Ejecutivo, como la figura del «arrepentido» y la «extinción de dominio» han ido creciendo en cuestionamientos. Por qué no son efectivas para las investigaciones pero sí para las operaciones mediáticas y la experiencia de esta figura en el caso brasileño.

El proyecto de ley del «arrepentido» para casos de corrupción forma parte de un grupo de normativas vinculadas a los procedimientos judiciales en casos de corrupción que se dan en el marco del “Programa para la Reforma Judicial Justicia 2020”, coordinado por Ricardo Gil Laavedra. Todos fueron presentados por el Poder Ejecutivo, específicamente a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, encabezado por Germán Garavano, aprovechando la espectacularidad mediática del caso José López.

El camino parlamentario

Los proyectos de ley, entre los que se contemplan la figura del “arrepentido” para casos de corrupción y la “extinción de dominio” de bienes adquiridos con fondos de origen ilícito, ya tuvieron una rápida y poco estudiada media sanción en la Cámara de Diputados el pasado 23 de junio.

En el Senado, estos proyectos han sido debatidos en las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Seguridad y Narcotráfico. Allí fueron defendidos por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el ministro Garavano y la directora de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, durante una reunión conjunta que tuvo lugar el martes 2 de agosto.

Garavano destacó que ambas son «herramientas muy usadas en la región» y que «su utilidad servirá para combatir a la criminalidad organizada». Bullrich se centró en defender la “extinción de dominio”, justificándola en que «es una acción de estricto contenido patrimonial, es independiente de la causa penal y se tramita por vía civil, no es penal, es sacar de manera inmediata el bien para que no puedan seguir siendo usados por los narcotraficantes”.

Por su parte, Laura Alonso también instó a que la legislación se apruebe cuanto antes, y argumentó: «Si queremos ‘Pobreza Cero’, necesitamos ‘Corrupción Cero’, ‘Narcotráfico Cero’ y ‘Terrorismo Cero’. La corrupción afecta a los derechos humanos. Y son los más pobres los más afectados».

El jefe del bloque del Frente para la Victoria en el Senado, Miguel Ángel Pichetto, manifestó que «son dos figuras extrañas al derecho continental y al derecho argentino, son tomadas del derecho anglosajón» e informó que en la Argentina «no hay ningún hecho con condena producto de los dichos de una arrepentido».

Lo cierto es que los cuestionamientos sobre estas figuras han ido en aumento, tanto en la oposición como dentro del oficialismo, lo que puede resultar en la introducción de varias modificaciones y el retorno del proyecto a la Cámara de Diputados.

El trasfondo del «arrepentido»

Según la abogada penal y presidenta del Movimiento de Profesionales para el Pueblo, Elizabeth Gómez Alcorta, “la figura del arrepentido ya existe en la Argentina y se aplica para delitos de contrabando, narcotráfico, trata de personas, terrorismo, secuestros extorsivos. Se aplica para distintas asociaciones ilícitas pero lo que hacen ahora es incluir algunos delitos contra la administración pública -que se conocen como de corrupción- y dictar una sola ley mediante la cual regulan este instituto”.

“Se trata de que una persona que participó de un delito pueda dar información mientras está siendo imputado o una vez que ya fue condenado en el marco de una causa, a cambio de algún beneficio”, describió la abogada.

“Lo cierto es que la figura del arrepentido, que ya existe, no es una herramienta que sea substancial en términos de avance o de eficacia en las investigaciones. El defecto que tiene, y que parte de los especialistas hicieron saber cuando se presentó este proyecto, es que se presenta como ‘la solución’ a un problema cuando claramente no lo es”.

La abogada opinó que “se trata de una reforma muy parcial, en un supuesto donde no se está llevando adelante una reforma integral del procedimiento, que implicaría que los fiscales sean los que tengan la posibilidad de investigar y los jueces de controlar esa investigación, ese un proceso que se había sancionado el año pasado para poder modificar este régimen procesal y que ha sido suspendido”.

Y agregó: “Pensar la inclusión del arrepentido manteniendo la misma estructura judicial y el mismo sistema caduco procesal que hoy tenemos, es pensar en dar mayor discrecionalidad a los jueces. No es una introducción que necesariamente venga a traer eficacia en términos de investigación de corrupción». «Eso debería vincularse con el reforzamiento de algunas instituciones y algunos controles cruzados como la UIF, la AFIP, y sobre todo, con el control que se haga respecto de la gestión judicial, algo que está totalmente excluido de nuestro sistema”, analizó.

Brasil, la “delación premiada” como base del Lava Jato

“No es que me dé envidia Brasil. Pero para luchar contra la corrupción en Argentina hay que cambiar leyes, hay que organizar un sistema, no es el heroísmo de un juez. Brasil tiene ley del arrepentido, Argentina no”, afirmaba el ministro de la Corte Suprema de Justicia Ricardo Lorenzetti, entrevistado por el periódico español, El País.

Se refería así a lo que en Brasil se conoce como “delación premiada” (figura del arrepentido) y que sirvió de base para el caso de Lava Jato que devino en el encarcelamiento de funcionarios y empresarios, y en el actual proceso de impeachment contra la presidenta Dilma Rousseff.

En este sentido, la periodista Dafne Melo se refería así en Notas a la figura de la “delación premiada”: “Las delaciones, en gran parte de los casos, se dan tras prisiones preventivas o temporarias, renovadas repetidamente por el juez federal, hasta que el acusado acepta hablar. La práctica es considerada abusiva”. Melo mencionó los cuestionamientos públicos que se realizaron sobre esta medida, entre los que se destacó la opinión del ministro del Supremo Tribunal Federal (máxima corte brasileña), Marco Aurelio de Mello, quien criticó la gran cantidad de “delaciones premiadas” en el caso Lava Jato y dijo: “Ojalá todas hayan sido espontáneas”.

En manifestaciones públicas, varios grupos de abogados cuestionaron a las autoridades que actuaron en el caso por “no respetar los derechos más fundamentales, como la presunción de la inocencia y el derecho a la defensa”. “También consideraron inaceptables la forma como muchos de los testimonios, que deberían estar bajo secreto de sumario, son filtrados a los medios de comunicación hegemónicos, en los que muchos consideran una operación coordinada”, afirmó Melo.

Con gran discrecionalidad en la justicia, la ley tiene un efecto mediática instantáneo. Como quedó demostrado en este Brasil, cuando los medios y la Justicia se alinean, lo que menos importa es la rigurosidad de las investigaciones y la búsqueda de la verdad y sus responsables. Y esta es una estrategia de la que el macrismo no puede prescindir, ya que su discurso, al menos hasta el momento, se basa en revisar y criticar al gobierno anterior o a la imagen que en la memoria social quedó de él.

Micaela Ryan – @LaMicaRyan