Federación Agraria presentó su propio proyecto y se sumó a la disputa por la Ley de Semillas

La entidad que nuclea a pequeños y medianos productores dio a conocer el pasado miércoles los detalles del proyecto de ley que presentarán en el Congreso de la Nación.

De la conferencia de prensa participaron su presidente Omar Príncipe; Agustín Pizzichini, vicepresidente segundo; su director y referente ante la Comisión Nacional de Semillas de la Federación, Jorge Solmi; y Aldo Casella, abogado especialista en el tema y asesor académico de la Federación Agraria Argentina (FAA).

Según remarcó Príncipe, se trata de un “proyecto integral de más de 70 artículos que no sólo recopila los antecedentes existentes en nuestro país, sino que lo hace también con principios legislativos de otras partes del mundo, sobre todo de Europa”. Asimismo, recalcó que la decisión de elaborar un proyecto propio se debe a la reacción frente a “un largo proceso de resistencia ante abusos de posición dominante por parte de una empresa, Monsanto, que intentó avanzar sobre los derechos de los productores poniendo en riesgo la comercialización de granos”.

Por lo tanto, y con la intención de que no pueda haber contratos ni disposiciones abusivas que vayan más allá de lo trazado por la legislación, se plantea que la comercialización sea “declarada de orden público”.

Un elemento importante es que el proyecto en cuestión se mantiene dentro de UPOV 78 (Convenio Internacional de la Unión Para la Protección de las Obtenciones Vegetales) y, por lo tanto, se sostienen las dos excepciones que esta versión del Acuerdo plantea. Por un lado, aquella referida al Fitomejorador que le permite usar una variedad protegida con el fin de obtener otras variedades y en consecuencia, reconoce el libre ejercicio de la investigación. Por otro lado, el derecho de los agricultores a guardar parte de su cosecha y volverla a resembrar sin pagar regalías por eso.

Recordemos que este último punto fue el nudo del debate durante los últimos años, ya que las empresas buscan acotar este «uso propio» de las semillas a su mínima expresión. La FAA, en cambio, plantea sostener este principio para todos los productores, menos para aquellos que superen las 1500 toneladas al año de soja o trigo, quienes podrán hacer un “uso oneroso a requerimiento del obtentor de las semillas protegidas”.

Por otro lado, en la conferencia se planteó que el proyecto determina un marco específico para los agricultores familiares e incorpora definiciones de semillas nativas y criollas, pero “esto debería ser complementario con un Ley específica sobre recursos genéticos”, según destacó Casella. También enfatizó que “por primera vez se contempla el intercambio y venta de semillas que se hace en el ámbito de la agricultura familiar y comunitaria, que según la ley hoy solo pueden participar los inscriptos y autorizados; lo importante de esto es la no criminalización de los agricultores”.

Al ser consultados acerca del proyecto del oficialismo, que debería haber sido presentado ayer mismo ante la Comisión Nacional de Semillas (CONASE), manifestaron no haber tenido acceso al mismo aún. Según destacaron, el viernes sería el día clave. Luego de varios meses de negociaciones en secreto, éste por fin vería la luz. Mientras tanto, la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados ya comenzó a discutir el tema.

Tamara Perelmuter – @tamiperelmuter