Córdoba: más de 60 despidos agravan la situación de la salud pública

El conflicto de la salud pública en la provincia de Córdoba se profundiza a raíz del despido de más de 60 personas contratadas de diferentes hospitales, notificadas de la desvinculación el pasado miércoles 31 de agosto. Las asambleas sostenidas en los establecimientos se mantienen de manera permanente a la espera de la reincorporación de los trabajadores.

La crisis de la salud en la provincia de Córdoba data de varios años atrás. Sin embargo, el conflicto se ha acelerado ya que Córdoba alineó su política con la del Estado Nacional: reducción de gasto público y achicamiento de la estructura estatal.

La concentración del manejo del presupuesto de los hospitales en manos de las áreas centrales, la falta de personal, la falta de insumos básicos para la atención, el deterioro de la infraestructura hospitalaria y la precarización laboral bajo modalidades de contratos de tiempo determinado, becas de capacitación (residencias), monotributos y pasantías, son síntomas de la crítica situación sanitaria en la provincia.

A partir de esto, desde febrero de 2016 los hospitales y demás instituciones sanitarias dependientes del Ministerio de Salud, se encuentran en estado de movilización permanente. Los principales reclamos de los trabajadores son el pase a planta de 4.500 empleados contratados, la incorporación de personal y la provisión de insumos básicos para la atención. A esto se suma la exigencia de la reapertura de paritarias y el rechazo a la armonización de la caja de jubilaciones provincial.

Desde hace más de dos meses se sostienen asambleas en la mayoría de los hospitales, y se han realizado movilizaciones exigiendo soluciones, sin respuesta del gobierno.

En este contexto, el pasado 31 de agosto más de sesenta trabajadores contratados de diferentes instituciones sanitarias fueron cesanteados en sus funciones. Sin respetar el procedimiento establecido por la ley para la rescisión laboral, los trabajadores recibieron la cédula de notificación en su domicilio. La reacción ante este hecho profundizó las medidas de fuerza y la declaración en estado de alerta permanente ante la posibilidad de nuevos despidos.

En declaraciones a Radio Nacional Córdoba, el ministro de Salud provincial Francisco Fortuna afirmó que «se renovaron 4523 contratos», y que las bajas correspondieron al «mal desempeño de los trabajadores», valoración supuestamente justificada en las evaluaciones anuales. Asimismo, instó a los trabajadores a «racionalizar la protesta» y pidió «sensatez», ya que considera que el conflicto de fondo es un reclamo salarial encubierto que no está justificado, debido a que la pauta inflacionaria acumulada en el año es menor al aumento salarial del 32% acordado en marzo.

La respuesta de los trabajadores no se hizo esperar. Los hospitales situados en el Polo Sanitario -Rawson, San Roque, Niños y Oncológico- han unificado sus asambleas y mantenido cortes de calle para visibilizar el descontento. En otros hospitales se han replicado las acciones simultaneas.

En los hospitales del interior de la provincia, donde se concentra la mayor cantidad de despedidos, se han tomado medidas más contundentes. En el Hospital Urrutia de Unquillo uno de los empleados cesanteados se encadenó para exigir su reincorporación, y en el Hospital Domingo Funes de Villa Caeiro se reclamó la renuncia del director. En varios establecimientos se han sucedido acciones persecutorias por parte de los directivos hacia los trabajadores en lucha, como amenazas de despidos y descuentos por abandono de tareas, con el objetivo de disolver el conflicto.

La crisis se agudiza aún más con la desvinculación de más de cien trabajadores eventuales -principalmente médicos y enfermeros- que fueron contratados durante el periodo invernal a fin de cubrir la atención de enfermedades respiratorias. Ocurre que estos trabajadores no sólo realizaban tareas de contingencia, sino que también suplían la falta permanente de personal.

Las medidas de fuerza están siendo coordinadas en las asambleas hospitalarias y en la asamblea general interhospitalaria conformada en el mes de julio para evitar la fragmentación de las luchas gremiales en la salud provincial. Esta asamblea busca la unificación de las protestas y acciones para visibilizar el conflicto en su totalidad, con convocatoria abierta a la participación de los tres gremios que aglutinan a las y los trabajadores: el Sindicato de Empleados Públicos (SEP), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión de Trabajadores de la Salud (UTS).

Durante los próximos días se resentirá la atención sanitaria y permanecerán las asambleas, barajándose la posibilidad de un paro con movilización para la semana próxima, que contaría con la adhesión de los hospitales provinciales y demás instituciones sanitarias.

Verónica Llanos, desde Córdoba.