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Trabajar y morir por una vida digna

Trabajar y morir por una vida digna
septiembre 11
19:58 2016

Por Mariela Di Francesco. El viernes 9 de septiembre se conoció la muerte de tres trabajadores. Ricardo Alcaraz, albañil, se encontraba trabajando en una obra en construcción de Villa Crespo y cayó desde 12 metros de altura cuando una pared lindera se derrumbó. David Ramallo, técnico-electricista de la Línea 60, cumplía tareas de mantenimiento en la terminal de Barracas cuando se produjeron fallas en el elevador de neumáticos y fue aplastado por el colectivo que intentaba arreglar. Diego Soraire, trabajador del INTA Castelar, falleció tras varios días de internación por graves heridas provocadas por la explosión de un biodigestor.

Respecto de la obra de Villa Crespo, el gobierno porteño afirmó que la misma “se encontraba registrada y no presentaba ninguna denuncia”. Sin embargo, esa construcción de un complejo de canchas de fútbol 5 y un estacionamiento fue denunciada el pasado 26 de mayo por el Sindicato de Obreros de la Construcción (UOCRA) ante la Dirección General de protección del Trabajo de la Ciudad. En la denuncia consta el pedido de “inspección de Seguridad e Higiene y Normativa Laboral” debido a que faltaba “verificar las condiciones estructurales de los andamios”, “apuntalar los muros medianeros”, “señalizar y proteger zanjas y excavaciones”, la “submuración y entubamientos internos” y por la posible existencia de “Trabajadores no Registrados”, entre otros problemas.

Sobre lo sucedido en la terminal de Barracas de la Línea 60, los trabajadores y su Comisión Interna de Delegados, venían denunciando al grupo DOTA por varias irregularidades. En un comunicado publicado el mismo día del hecho indican que “los elevadores neumáticos no cumplían con las garantías mínimas de seguridad”. Pero “a pesar de las advertencias, la parte empresaria no tomó cartas en el asunto y, en horas de esta mañana, un micro se cayó sobre la humanidad de un compañero”, afirmaron.

Lo ocurrido en el INTA Castelar también se podría haber evitado. Hacía unos años había muerto otro trabajador en la misma situación. Los biodigestores son contenedores herméticos donde se depositan materiales orgánicos y que en estos casos se utilizaban para efectuar pruebas de vacunas que luego se comercializan por laboratorios privados. La Junta Interna de Delegados del sector venía denunciando que estos biodigestores son de los años 70 y que la falta de inversiones en este y otros elementos de trabajo provoca situaciones de peligro constante.

Una muerte tras otra, una mayor necesidad de organizarse

Es alarmante el número de trabajadores que cotidianamente sufren “accidentes laborales” y pierden la vida. Hace unas semanas se analizó en este medio el caso de dos obreros que trabajaban en una tercerizada de Metrogas y murieron a partir de una fuga de gas en Barracas. Allí se retomaban los datos que la Superintendencia de Riesgos del Trabajo arrojaba en su último informe: “Entre las actividades con mayor proporción de trabajadores cubiertos, las tres que presentan el mayor índice de incidencia de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales son Construcción, Fabricación de productos alimentarios excepto bebidas y Transporte terrestre”. También se indicaba que a diario son más de 20 las muertes a causa de accidentes o enfermedades laborales, lo cual implica más de siete mil casos por año.

Los que trascienden son los casos que los medios de comunicación deciden mostrar. Pero lamentablemente, la precarización laboral es sufrida por la gran masa de trabajadores y trabajadoras, sobre todo en los llamados “trabajos de riesgo” que, precisamente, deberían tener garantizada una mayor protección. En ocasiones se dan a conocer denuncias y movilizaciones por parte de trabajadores organizados en sus gremios y agrupaciones políticas, pero son muchos más los casos que permanecen invisibles, desamparados e ignorados por diferentes instituciones tanto empresariales y gubernamentales como sindicales. Incluso, cuando las protestas llegan a los medios, son tratadas como “caos de tránsito”, hasta que suceden las tragedias.

¿Cuánto vale la vida de un trabajador? ¿Cuánto vale el esfuerzo que debe volcar en la producción del disfrute de unos pocos? Si existen informes institucionales y denuncias que revelan que los “accidentes” son evitables, ¿por qué nunca se implementan los controles que garanticen la seguridad en el trabajo? ¿Por qué las empresas deciden no invertir en la protección de sus empleados?

Evidentemente, cuando de acrecentar ganancias se trata, nunca son suficientes. Porque del trabajo ajeno se obtienen millones. Y más millones obviando la inversión en medidas que lo protejan.

En los tres casos expuestos, los trabajadores habían denunciado las irregularidades y la peligrosidad de las mismas. Sin embargo, en los tres casos se optó por la inacción y el abandono. Eso decidieron para la obra de Villa Crespo el gobierno de la Ciudad y el millonario negocio inmobiliario, para la terminal de Barracas el grupo DOTA y sus asociados, y para el INTA el gobierno nacional y las empresas privadas beneficiarias. ¿Qué soluciones se pueden esperar entonces si el Gobierno Nacional sólo promete aumentar la inflación, el desempleo y la flexibilidad laboral?

La decisión de ignorar e incluso empeorar las condiciones de trabajo demuestra que, tristemente, el costo de una vida es mucho menor. Cuánto más cueste el pan, más aumente el desempleo y más se flexibilice el mercado, mayor precarización laboral habrá, pero también habrá más personas dispuestas a someterse a ello aún a riesgo de enfermarse, lastimarse o morir. Así de contradictorio resulta el sacrificio por llevar una vida digna.

Como señalaba uno de los albañiles de la obra de Villa Crespo en una entrevista, las inspecciones “llegaban hasta la puerta y se iban” y la gente para la que trabajaban “sabía mejor que ellos” el peligro que corrían. Así y todo, los empresarios y el Gobierno no se preocuparon por la vida de su compañero, al que intentaron ayudar viviendo la impotencia de no poder salvarlo.

Las muertes ocurridas podrían haberse evitado. Sin embargo, este panorama general de desinversión y falta de control no depende tan sólo de la decisión individual de un funcionario o un empresario: el modelo económico y social que se está implementando en nuestro país es la causa fundamental.

Pero es preciso también reflexionar qué pasaría si los sindicatos, comisiones internas de delegados y organizaciones en general no hicieran escuchar sus reclamos y denuncias. Qué pasaría si no se insistiera en recordar a algunos que cada trabajador no es “un número más”. Desde ya, la mayor organización y puesta en evidencia de la inseguridad que viven a diario miles de personas en su lugar de trabajo, es siempre de vital importancia para demostrar cuánto más merece el pueblo trabajador por su inmenso e innegable esfuerzo.

@maridifran

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