Once años sin defensoría de niños, niñas y adolescentes

Diferentes ONGs exigen al Congreso de la Nación que designe un defensor de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, tal como lo establece la Ley de Protección Integral. La misma fue sancionada hace 11 años y todavía nadie fue electo en el cargo. “El defensor es una figura de suma importancia ya que es el que garantiza el correcto funcionamiento de los sistemas que promueven y protegen los derechos de las niñas, niños y adolescentes”, señaló Sara Cánepa,  abogada y patrocinadora de niños niñas y adolescentes.

La ley 26.061, más conocida como Ley de Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, fue sancionada en septiembre de 2005 y en ella se establecía que, en un plazo de 90 días, debía conformarse una comisión bicameral en el Congreso de la Nación para designar la figura del Defensor mediante concurso público de antecedentes y oposición. Esta bicameral debía estar compuesta por 10 miembros, cinco diputados y cinco senadores que respetaran la proporción de la representación política. Si bien en los primeros años posteriores a la promulgación de la Ley se crearon tanto la Secretaría General como el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, para Canepa el “Congreso está en deuda hace 11 años” por no haber designado al defensor en los tiempos que establecía la Ley.

Otras de las medidas positivas que planteó esta normativa en su momento fueron el reconocimiento de los niños como sujetos de derecho, la Asignación Universal por Hijo (AUH), la desjudicialización de los procesos que involucren a niños y avances en la concepción de políticas públicas en materia de niñez. Sin embargo, para Marcela Val, presidenta de la Fundación Che Pibe, todo esto carece de sentido sin una figura como la del Defensor que “pueda levantar la demanda y hacer que el Ejecutivo revierta las situaciones desfavorables que puedan presentarse y garantice los derechos que están siendo violentados”. Val insiste en que la importancia del Defensor radica en su “capacidad para hacerse cargo de la situación y la casuística de lo que esté afectando al futuro de esos niños”.

Algunos datos que ayudan a pensar la urgencia del reclamo. Según el Observatorio de Femicidios Marisel Zambrano, perteneciente a La Casa del Encuentro, entre enero y octubre de este año fueron asesinadas 230 mujeres. A raíz de estos crímenes, 294 chicos se quedaron sin madre. Por otra parte, de acuerdo a un estudio realizado por UNICEF y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF), en Argentina “existen 14.675 niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales. Esto es, chicos y chicas que, por algún motivo, no viven con sus familias de origen e ingresaron a una institución o programa de cuidado familiar hasta que se resuelva el conflicto que los alejó de su casa y puedan volver, o sean adoptados por otra familia, o cumplen la mayoría de edad y se independizan”.

Una de las facultades que la Ley 26.061 le brinda al Defensor es velar que los derechos de los niños se cumplan. Respecto a la responsabilidad del Estado, ambas referentes coinciden en lo que consideran como las principales razones de la demora en la designación de un Defensor. Por su parte, Val opina que “al poder político no le interesa estos organismos de control, regulación, monitoreo y denuncia” y que tampoco esto le sorprende, ya que “durante todo el gobierno anterior tampoco fue designado el Defensor del Pueblo”.

Mientras, Canepa apunta a que “si bien nadie ha expresado el por qué, la omisión también constituye una política de Estado, siendo responsables los tres poderes que lo integran”. Agregó que se viola no solo la ley en cuestión sino también “la Constitución, la Convención Americana de los Derechos Humanos y la Convención de los Derechos del Niño”. Para completar, sostuvo que los gobiernos argentinos no son estrictos en el cumplimiento de las leyes y son “temerosos” de los organismos de control.

“Somos un grupo de organizaciones que venimos trabajando duro hace tiempo y vamos a continuar haciéndolo para poder incidir en las decisiones que se tomen”, dijo Marcela Val y agregó que no van a bajar los brazos tan fácilmente ya que todavía “restan definir muchas cosas tales como los proyectos necesarios que un Defensor tiene que llevar adelante” y que no van a dejar que “este tema se termine de definir entre gallos y medianoche, porque no se lo merece la niñez”.

Por último, señaló que desde Che Pibe renovaron sus expectativas al enterarse de que ya habría por lo menos cinco diputados para conformar la comisión bicameral que designaría al Defensor. Resta la mitad. Sin embargo, para Sara Canepa, el futuro no es tan prometedor. Aunque varias organizaciones tienen planeado desarrollar acciones de promoción para la elección del Defensor y también promover charlas con integrantes del Congreso para concretar el proceso de designación, Cánepa ve con preocupación que el presupuesto para el 2017 “no contempla los gastos que solventarían el funcionamiento de una Defensoría”.

Martin Villarruel

Foto: Andar Agencia