Vaca Muerta y la descomida

Por Martín Ogando. Te come y te caga. Así sonó la pedagógica descripción del metabolismo del capital, en boca del secretario de Empleo macrista, Miguel Ángel Ponte. Detrás del exabrupto del ex-Techint late todo un programa de reformas que esta semana fue expuesto como nunca antes por el gobierno y sus escribas.

La exposición del plan incluyó propaganda paciente y acción ejemplificadora. La primera estuvo en manos de funcionarios del gobierno, pero sobre todo de los más rancios editorialistas de las grandes empresas periodísticas. Leer La Nación es estos días permitió acceder de manera cristalina a los deseos que el capital más concentrado le transmite al conjunto de la casta política por intermedio de sus intelectuales orgánicos. Flexibilizar las relaciones laborales; modernizar el Estado; desmontar el lastre proteccionista y estatista, para dar paso a una economía abierta e integrada al mundo. Para los que no se zarpan en ingenuos la traducción parece clara: más y más para los de arriba, y para los de abajo… buena suerte.

Vaca Muerta, prueba piloto

Pero el verdadero show de la semana fue la presentación en Casa Rosada del pacto de Vaca Muerta. Este acuerdo tripartito, entre Estado (nacional y provincial), empresas y el gremio conducido por el senador Guillermo Pereyra, no sólo apalanca el optimismo oficialista sobre las inversiones en el sector, sino que pretende ser utilizado como un verdadero caso testigo.

El acuerdo suscripto se aplica sólo al área en cuestión, pero el gobierno sueña con extenderlo al conjunto de la actividad y utilizarlo como vidriera para otras. Su contenido incluye aspiraciones históricas del empresariado. Pérdida de derechos de convenio (eliminación de las llamadas “horas taxi”), mayor producción con menor cantidad de operarios, supresión o eliminación de tiempos muertos (mediante la incorporación de tareas nocturnas), rotación de los empleados entre diversas tareas y maximización de ganancias a costa de seguridad del trabajador (se trabajará en las torres hasta con 60 km/h de viento).

Detrás del optimismo oficial está la realidad, siempre mucho más compleja. Un acuerdo alcanzado para una actividad muy específica es difícil de proyectar a otras ramas. No sólo porque la predisposición lisonjera de Pereyra no se reproduce necesariamente en todo el arco sindical -aunque tiene compañía- sino porque las condiciones de competitividad de cada rama son por demás diversas.

La hoja de ruta de la batalla que viene

Señalamos hace tiempo que el aumento de la productividad y el disciplinamiento de la fuerza de trabajo era un objetivo estratégico de este gobierno. La batalla de fondo no ha comenzado, pero se anuncia. Han pasado de la mera declamación a la formulación de una serie de iniciativas más o menos concretas, algunas de corto y otras de mediano plazo.

La reducción de los aportes patronales, la revisión de los convenios colectivos, la reforma de la Ley de Riesgos de Trabajo y del fuero laboral, la reintroducción de las pasantías, la reconversión de planes sociales en salarios subsidiados para la actividad privada y un esbozo de “modernización” del Estado, que estaría basada en la evaluación de desempeños y los premios por productividad, son algunas de las medidas más importantes.

Tomado en su conjunto, estamos frente un programa articulado y coherente de ofensiva contra el trabajo. Detrás del discurso edulcorado y modernizante, que promete un futuro mejor para todos, están recetas harto conocidas, en parte ya probadas en nuestro país. La pérdida de derechos y la flexibilización laboral no ha resultado nunca en bienestar general, sino en beneficio de aquellos que viven del trabajo de los demás.

Es particularmente ilustrativo el rol que se le asigna al Estado en estas políticas. Contra al supuesto estatismo populista, lo que se propone no es un achicamiento del Estado o la reducción de sus funciones, como muchas veces se caracteriza erróneamente, sino una redefinición de algunas de sus tareas.

En pocas palabras: dejar de subsidiar a los pobres, de “criar vagos” y proteger “actividades ineficientes”, para subsidiar a las grandes empresas y a los precarizadores, abaratar los costos de inversión del gran capital y premiar a los lavadores y especuladores.

Cirugía gruesa, consensos y elecciones

Avanzar con este tipo de reformas no requiere sólo determinación, sino también consensos. La coerción juega un papel, y se ha visto en los últimos días, pero no alcanza.

Una nueva reforma laboral supone la construcción de amplios consensos, tan grandes como los alcanzados por las privatizaciones menemistas, que una parte de la sociedad aplaudió. Esto implica enormes desafíos para el gobierno.

El movimiento sindical argentino se cuenta entre los más poderosos del mundo. Sus dirigentes lejos están, por lo general, de excederse en espíritu combativo y en 2016 la CGT lo volvió a demostrar. Sin embargo, difícilmente tengan vocación suicida y dejen pasar sin chistar la remoción de sus principales bases de poder. Por lo pronto, la iniciativa gubernamental ya comienza a producir divisiones.

También deben lograr que un sector de la población avale explícita o implícitamente las reformas. No sería la primera vez que nos damos un tiro en el pie. Pero para que esto ocurra el gobierno necesita algo sencillo pero urgente: que la economía crezca y que el consumo se reactive.

La eficacia de la propaganda oficial (del color que sea) tiene como límite la vida material. Si la condiciones sociales empeoran, si el sueldo no alcanza y los efectos negativos del ajuste no son compensados por un contingente más o menos significativo de “ganadores”, le resultará difícil al macrismo avanzar. La encuesta que metió preocupación en la Rosada es sólo una muestra del peso que el andar económico tiene en el humor social: un 52% de los y las bonaerenses desaprueba la gestión de Mauricio Macri. Si la economía no se endereza, no hay marketing que alcance.

Final abierto

Los objetivos del gobierno están planteados. Su concreción es indefinida y dependerá de los vaivenes de la política y el conflicto social. Avanzar en un ambiciosa agenda laboral en medio de un año electoral tiene pocos antecedentes en la historia nacional. Algunas arriesgan que el grueso de las medidas despegarán recién en 2018. En el gobierno aspiran a medrar en la fragmentación del mundo popular. Golpear a algunos, no a todos juntos, y avanzar aunque sea algunos pasos. Es una táctica que en 2016 le dio sus frutos.

Ojalá haya la inteligencia y las convicciones necesarias en los gremios, las organizaciones sociales y populares. Si hoy no se ve la importancia de la batalla, mañana puede estar perdida la guerra. Hay motivos para moderado optimismo. Aún con representantes políticos mediocres, la sociedad argentina ha mostrado infinitas capacidades de resistencia y dosis fuertes de solidaridad colectiva. Estas energías, hoy tal vez aletargadas, fueron decisivas en los momentos más duros de la historia nacional. Tendrán que estar atentos los gestores del poder, no sea cosa que terminen comiendo su propia descomida.

@MartinOgando