Derechos Humanos

17 enero, 2017

Plan Cóndor: justicia italiana condenó a ocho ex militares latinoamericanos

Este martes se conoció la sentencia en un juicio por delitos de lesa humanidad llevado a cabo en Italia por la desaparición y muerte de 23 ciudadanos de ese país en el marco del llamado Plan Cóndor. De 27 imputados sólo ocho fueron encontrados culpables.

Este martes se conoció la sentencia en un juicio por delitos de lesa humanidad llevado a cabo en Italia por la desaparición y muerte de 23 ciudadanos de ese país en el marco del llamado Plan Cóndor. De 27 imputados sólo ocho fueron encontrados culpables.

Conocido en Italia como “Proceso Cóndor”, el juicio había comenzado en febrero de 2015 y entre los acusados había ex militares que habían actuado bajo los gobiernos dictatoriales de Chile, Bolivia, Perú y Uruguay.

Los ocho imputados que fueron encontrados culpables son los chilenos Hernán Jerónimo Ramírez y Rafael Ahumada Valderrama; el uruguayo Juan Carlos Blanco (ex canciller); los bolivianos Luis García Meza (ex presidente) y Luis Gómez Arce (ex ministro del Interior) y los peruanos Francisco Morales Bermúdez (ex presidente), Pedro Richter Prada y Germán Ruiz Figueroa.

Asimismo el Tribunal de Roma absolvió a los chilenos Pedro Octavio Espinoza Bravo, Daniel Aguirre Mora, Carlos Luco Astroza, Orlando Moreno Vásquez y Manuel Abraham Vásquez Chauan, así como al peruano Martín Martínez Garay.

Tomó la misma decisión con los uruguayos José Ricardo Arab Fernández, Nino José Horacio Gavazzo, Juan Carlos Larcebeau, Pedro Antonio Mato Narbondo, Luis Alfredo Maurente, Ricardo José Medina Blanco, Ernesto Avelino Ramas Pereira, José Sande Lima, Jorge Alberto Silveira, Ernesto Soca, Jorge Néstor Troccoli, Gilberto Vázquez Bissio y Ricardo Eliseo Chávez.

La fiscal Tiziana Cugini había reclamado en octubre la cadena perpetua para todos excepto para el uruguayo Chávez al que consideró que debía ser absuelto.

Rechazo de los familiares

Al conocerse el fallo, muchos de los presentes manifestaron su descontento. Principalmente los familiares de víctimas uruguayas. “Vamos a apelar”, dijo Cristina Mihura, viuda del desaparecido Bernardo Arnone, secuestrado en el centro clandestino de detención argentino Automotores Orletti en 1976.

Por su parte el vicepresidente de Uruguay, Raúl Sendic, que estuvo presente en la audiencia manifestó: “Estamos defraudados por la decisión”. No obstante afirmó que a su gobierno le queda “la tranquilidad de haber hecho todo lo que tenía que hacer, de haber presentado las pruebas, los testimonios y apoyado a los familiares”.

Sin embargo, mientras hacía estas declaraciones a la salida del tribunal, una joven que dijo ser una uruguaya y familiar de las víctimas lo interrumpió: “Debes decir que en Uruguay los familiares no podemos hacer juicios por nuestros familiares, dilo”.

Junto a Sendic habían viajado representantes de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh), representantes de las organizaciones de derechos humanos uruguayas, de la central sindical Plenario Intersindical de Trabajadores – Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT), y familiares y víctimas de los crímenes.

¿Qué fue el Plan Cóndor?

El Plan Cóndor fue ideado originalmente por el general chileno Augusto Pinochet y coordinó la represión de la oposición política en las décadas de 1970 y 1980 por parte de los regímenes dictatoriales de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia.

En ese marco unas 50 mil personas fueron asesinadas, 30 mil se cuentan como desaparecidas y 400 mil fueron encarceladas.

La abogada chilena Carmen Hertz recordó que “fue una suerte de transnacional del terrorismo de Estado, en la cual las fronteras no existían. Se trataba de eliminar a los opositores políticos en cualquier lugar donde estuvieran”.

Las investigaciones sobre el asesinato y/o desaparición de 23 italianos en aquella época se iniciaron en 1999 con la presentación de acusaciones por parte de los familiares de las víctimas a un tribunal de Italia. Tras varios años de investigación se llegó a este juicio que comenzó con 34 imputados, pero siete de ellos murieron durante el proceso.

El último imputado en morir, el pasado 28 de diciembre, fue el teniente general Gregorio Álvarez, presidente y dictador de Uruguay entre 1981 y 1985, que estaba cumpliendo condena por hechos vinculados a la represión durante dichos años.

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