Medio Oriente

7 febrero, 2017

Israel “regulariza” miles de construcciones ilegales en Cisjordania

La ley regulariza retroactivamente unas 4000 propiedades construidas ilegalmente por colonos judíos en torno a asentamientos en la Zona C de Cisjordania. Según sus críticos, la ley no sólo es violatoria del derecho internacional sino que es claramente anexionista y “aleja la solución de dos Estados”.

Este lunes el Parlamento israelí aprobó la Ley de Regularización, que legaliza alrededor de 4 mil construcciones de colonos sobre propiedades palestinas de Cisjordania, en contra de lo que indica toda la ley internacional y, particularmente, la reciente resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. Festejos de la ultraderecha sionista y duras críticas internacionales.

La Cámara (Kneset) aprobó por 60 votos contra 52 el proyecto de ley que legaliza retroactivamente miles de viviendas construidas en torno a unas 50 colonias judías dentro de la llamada Zona C de Cisjordania (áreas bajo completo control israelí, según los Acuerdos de Oslo de 1993). La nueva ley, considerada como “un paso histórico” por los colonos, que representan a la derecha más extrema del sionismo, declara a las tierras sobre las que se construyeron esas 4 mil viviendas como propiedad estatal y fija una indemnización para sus propietarios palestinos, presuntamente por valores superiores al precio de mercado.

El pasado 23 de diciembre, durante los últimos días de mandato de Barack Obama como presidente de los Estados Unidos (que tiene derecho a veto en el organismo), el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la resolución 2334 que condenó explícitamente la política de asentamientos israelíes en territorio palestino afirmando que “no tienen validez jurídica y constituyen una violación flagrante en virtud del derecho internacional”.

La resolución exige a Israel que “ponga fin de manera inmediata y completa a todas las actividades de asentamiento” (hay más de 500 mil pobladores judíos en colonias ilegales en Cisjordania) y concluye planteando que el Consejo de Seguridad “no reconocerá ningún cambio en las líneas del 4 de junio de 1967, incluso en lo que respecta a Jerusalem, salvo los acordados por las partes mediante negociaciones”. Fue aprobada por 14 votos y la abstención de Estados Unidos.

Sin embargo, la votación del Parlamento israelí va explícitamente en contra de las exigencias internacionales. El proyecto impulsado Naftali Benet, actual ministro de Educación y líder del partido procolonizador Bayit Yehudi (Hogar Judío), plantea entre sus fundamentos que la intención de la ley es “regular y permitir el continuo establecimiento y desarrollo” de los asentamientos en judíos en Cisjordania.

La aprobación había sido postergada varias veces ya que la intención del gobierno de Israel era no aprobarla antes de la reunión del próximo 15 de febrero entre el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y Donald Trump (un presidente que ya manifestó reiteradamente su apoyo a la entidad sionista), pero finalmente cedió a las presiones de la coalición ultraderechista Hogar Judío para aprobarla sin más demoras. De todos modos, Netanyahu aseguró que ya había informado al gobierno de EEUU sobre el proyecto porque “uno no sorprende a sus amigos”.

Desde la aprobación del proyecto de ley no han cesado de hacerse públicos los pronunciamientos críticos y las declaraciones internacionales de repudio. Desde Israel mismo se han elevado voces críticas. El fiscal general israelí Avichai Mandelblit ya anticipó que no defenderá la norma en el inevitable proceso judicial de apelaciones que se sucederá, ya que no está dispuesto a defender un proyecto que viola explícitamente la ley internacional.

Ya son varias las ONG judías que anticiparon su intención de presentar recursos de apelación contra la ley ante el Tribunal Surpremo israelí. Yesh Din, una organización israelí de defensa de los derechos humanos, calificó a la ley de “inmoral” e “ilegal”, además de afirmar que “premia el robo”. Gilad Grosman, portavoz del grupo, explica: “Es la primera vez que la Kneset legisla sobre propiedades palestinas en Cisjordania y no creemos que tenga jurisdicción para hacerlo”. Luego denuncia que el proyecto “elimina el derecho de propiedad de los palestinos sobre la tierra, un derecho básico en el sistema israelí para todo el mundo, y va en contra del derecho humanitario”.

Otra organización pacifista israelí, Shalom Ajshav (Paz Ahora), denunció: “Hoy ha quedado claro que Netanyahu está dispuesto a comprometer el futuro tanto de israelíes como de palestinos para satisfacer a un pequeño grupo de colonos extremistas por el bien de su propia supervivencia política”. En el comunicado también enfatizan que la ley “hace del robo una política israelí” e implica “un paso más hacia la anexión de Cisjordania al tiempo que se aleja de la solución de los dos Estados”. “Ante esta locura, debemos actuar como adultos responsables y acudir al Tribunal Supremo para derogar esta peligrosa ley”, concluye.

La Autoridad Nacional Palestina ha considerado inmediatamente como “inaceptable” la ley y, destacando la contradicción con la Resolución 2334, ha reclamado a la comunidad internacional que “asuma su responsabilidad antes de que las cosas lleguen a un punto en el que sea difícil controlarlas”.

Ahmed Abul Gheit, secretario general de la Liga Árabe, emitió un comunicado denunciando que la ley da “cobertura al robo de los territorios e incautación de la propiedad privada de los palestinos” y “refleja las verdaderas intenciones del Gobierno de Israel y representa su postura antipacífica e ilegal”.

Nikolai Mladenov, enviado especial de la ONU para Oriente Próximo, había advertido antes de la votación que la aprobación de esta ley tendría “consecuencias legales de gran alcance para Israel y reducirá las perspectivas de paz árabe-israelí”. La organización internacional Human Rights Watch advirtió al gobierno israelí “la administración Trump no les puede proteger de la vigilancia de la Corte Penal Internacional, donde el fiscal sigue examinando la actividad en los asentamientos”.

Estados Unidos, por su parte, se negó a definirse al respecto. El Departamento de Estado planteó que “la administración debe tener la oportunidad de consultar plenamente a todas las partes respecto al camino a seguir”. Y agregó: “Es probable que esta legislación sea revisada por los tribunales israelíes competentes y la administración de Trump omitirá comentarios al respecto hasta la decisión del tribunal pertinente”.

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