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El ENACOM secuestró equipos de radios FM en la capital formoseña

El ENACOM secuestró equipos de radios FM en la capital formoseña
febrero 17
13:48 2017

El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), secundado por personal de Gendarmería Nacional, encabezó este jueves varios operativos de decomiso de equipos de radios comunitarias de la ciudad de Formosa, con el argumento de que sus señales estaban interfiriendo con la torre de control del Aeropuerto Internacional El Pucú.

FM Popular, FM La Torre y FM Milenium fueron las víctimas de los operativos llevados adelante sin ningún tipo de notificación previa (en algunos recursos presentados se habla de 5 emisoras allanadas, aunque no se especifica el nombre de las dos restantes). La titular del ente a nivel provincial es Paulina Ferrero, pero los allanamientos y decomisos fueron dirigidos por personal del ENACOM de Buenos Aires, con el apoyo de fuerzas de Gendarmería. El organismo aún no emitió ningún comunicado oficial acerca de los procedimientos.

Más allá del argumento vinculado a las interferencias, lo cierto es que los operativos pasaron por alto una serie de instancias legales obligatorias y previas al decomiso de equipos, que incluyen comunicaciones a las emisoras, revisiones e intimaciones dentro de determinados plazos jurídicos.

El propietario y reconocido locutor de FM Popular 92,7, de la Jurisdicción 5 de la ciudad, es “Juancito” Maldonado. Desde su cuenta de Facebook explica: “La excusa es que tenían pérdida. Pero esto ya pasó en diciembre, antes de Navidad vino la gente de ENACOM a verme porque tenía una pérdida de dos cuadras más o menos, entonces cortamos la transmisión, llamamos al Técnico y pusimos en condiciones todo; después ellos volvieron a verificaron que estaba todo correcto para continuar saliendo al aire”. Y agrega: “Pero ahora llegaron de sorpresa, tenían orden de Juzgado, y se llevaron todo, no me dieron tiempo a nada, no nos pusieron sobre aviso si había algún problema”.

Luego Maldonado se disculpa con los oyentes y manifiesta: “Lo único que puedo decir es que nos llevaron dentro de esos equipos un gran sueño. Me llevaron años de sufrimientos, sudor y lucha. Ustedes lo saben: somos simples laburantes como todos”.

Desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa se formuló un fuerte repudio contra el Gobierno de Mauricio Macri, al que se responsabilizó de los operativos ilegales dirigidos por el ENACOM. Desde el organismo repudiaron “este avasallamiento a la comunicación popular alternativa y que perjudica a trabajadoras y trabajadores de las radios que hoy han sido silenciadas sin que mediara una orden de un juez federal competente”.

También el ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, sumó su repudio a los hechos y recordó como antecedente que en febrero de 2016 se produjeron decomisos similares en la ciudad capital de San Luis contra la radio comunitaria Masi, de la comunidad boliviana. En ese caso el argumento tambié fue el de la interferencia con el aeropuerto local, pero según las actas labradas esas interferencias existían hace años y no se podían vincular directamente con Masi, aunque en el decomiso se responsabilizó a un “ventilador” que los operadores de la radio utilizaban para refrigerar sus equipos.

Explica Gialluca: “Ahora se procede en igual sentido con lo que existe una fuerte sospecha e indicios de que todas estas acciones están teñidas de una clara persecución hacia determinados medios , pues es sabido que todas estas interferencias pueden ser corregidas por los técnicos del ENACOM”. Luego denuncia que el ente “no aplica la misma vara” en Formosa con las empresas de telefonía móvil o fija o de internet que poseen antenas irregularmente instaladas o “con la fuerte interferencia de las señales de la telefonía del Paraguay que hace que todos los usuarios de Villa del Carmen y hasta en la misma Costanera de la ciudad al activar los equipos sin aviso previo ya estén pagando una tarifa en dólares por la utilización del denominado roaming”.

El ombudsman local concluye planteando que el derecho a la comunicación tiene rango constitucional y que el secuestro de equipamiento “vulnera el pacto de San José de Costa Rica y los Derechos Humanos de cada ciudadano y conculca un derecho que todos debemos defender, que es el de la libertad de expresión”.

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1 Comentario

  1. marzo
    marzo febrero 17, 18:38

    Son unos hijos de yuta!!!

    Reply to this comment

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Análisis

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