Mundo Gremial

22 febrero, 2017

Un pedido de juicio político a dos jueces para avanzar con la flexibilización laboral

El gobierno quiere iniciar un juicio político a dos jueces que fallaron a favor de La Bancaria en el marco de una negociación salarial. Tanto los trabajadores bancarios como los judiciales aseguran que se trata de un intento de disciplinamiento de la Justicia, para avanzar en una reforma laboral integral.

El gobierno quiere iniciar un juicio político a dos jueces que fallaron a favor de La Bancaria en el marco de una negociación salarial. Tanto los trabajadores bancarios como los judiciales aseguran que se trata de un intento de disciplinamiento de la Justicia, para avanzar en la flexibilización laboral.

“Esta persecución política por parte del gobierno nacional merece la total solidaridad y acompañamiento no solamente del gremio bancario sino del conjunto del movimiento obrero. Lo que está en juego es la independencia del fuero de trabajo, que parte del principio jurídico de proteger a la parte más débil de la contienda capital/trabajo”, declaró a Notas Fernando Verón, delegado del Banco Provincia, seccional Capital.

El delegado explicó que lo que ocurrió en el conflicto bancario por el cual el macrismo intenta iniciar juicio político a los jueces Enrique Arias Gibert y Graciela Marino, fue que entendieron que las patronales bancarias debían respetar el aumento salarial que había sido firmado el 23 de noviembre.

“Es el preludio de la flexibilización laboral que intenta impulsar el macrismo desde que asumió”, agregó Verón en lo que entendió como un plan que “este año va por paritarias a la baja pero en 2018 pretende ir por una reforma integral del conjunto de los convenios colectivos de trabajo”.

Se trata, entonces, de un triple movimiento por parte del gobierno: contra los trabajadores en lo inmediato, para que eviten judicializar negociaciones paritarias de forma tal que las patronales estén obligadas a cumplir sus compromisos; contra la Justicia Laboral, para disciplinarla y cambiar la concepción vigente de que los trabajadores son siempre la parte débil en los conflictos; y contra el movimiento obrero en el mediano plazo para avanzar con una reforma laboral integral.

Así lo entiende también Martín Máscolo, secretario gremial de la comisión interna del fuero laboral de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN). “El pedido de juicio político se enmarca en el intento del Poder Ejecutivo de avanzar sobre la Justicia Nacional del Trabajo, con el traspaso al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires”, afirmó en diálogo con Notas.

“Como bien dijo el presidente de la Nación en más de una ocasión”, prosiguió, “la Justicia laboral tiende a fallar demasiado a favor solo de una parte, los trabajadores”, lo que para el gobierno claramente es un problema. El principio del derecho protectorio del trabajo plantea que “en un conflicto laboral hay una parte fuerte (la patronal, por ser dueña de los medios de producción y tener todo el poder económico) y una débil (los trabajadores), siempre”, detalló el trabajador judicial. Y destacó a la Justicia del Trabajo como “una de las herramientas de lucha de los trabajadores”.

Además, analizó que el Ejecutivo “necesita disciplinar a la clase obrera para llevar adelante su proyecto económico y aplicar una flexibilización laboral”. Y mientras tanto, “meterle miedo a los magistrados”. “Plantearon más de una vez que la justicia laboral es un impedimento para que lleguen más inversiones”, recalcó, dejando claro hacia dónde apunta el gobierno de Cambiemos.

Tanto el delegado judicial como el bancario aseguraron que los ataques al fuero laboral no solo afectan a los trabajadores del mismo, sino “al conjunto de la clase obrera”.

“Queremos que la Justicia del trabajo siga siendo una herramienta de lucha”, concluyó Máscolo. “Esta persecución política por parte del gobierno nacional merece la total solidaridad y acompañamiento del conjunto del movimiento obrero”, remató por su parte Verón.

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