Mundo Gremial

23 marzo, 2017

“El interventor quiere achicar el INADI desde que asumió”

El Interventor del INADI, Javier Buján, amenaza con el cierre de las delegaciones provinciales del organismo en caso de no encontrar un lugar gratuito donde desarrollar sus funciones. La delegada sindical Nadia Fadik afirmó están en juego cien puestos de trabajo y el carácter federal del organismo.

El Interventor del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), Javier Buján, amenaza con el cierre de las delegaciones provinciales del organismo en caso de no encontrar un lugar gratuito donde desarrollar sus funciones, conforme al objetivo de “disminución del déficit fiscal solicitado por el Gobierno nacional”. Las delegaciones provinciales del organismo reciben más del 40% de las denuncias por discriminación y tienen la función central de federalizar sus tareas, trabajando por lograr una sociedad sin discriminación, promoviendo políticas públicas y acercando el INADI a todo el territorio argentino. En relación a esta situación, el programa radial “LlevaloPuesto” de FM La Tribu entrevistó a Nadia Fadik, del cuerpo de delegados del INADI.

– ¿Qué implica que se cierren las delegaciones del interior?

– El INADI es un organismo federal, uno de los pocos de estas características, que tiene sedes en todas las provincias del país, que replican las mismas tareas de los que trabajamos en sede central: realizan recepción de denuncias de situaciones discriminatorias, realizan políticas públicas de sensibilización, campañas concientización de prácticas discriminatorias, y desarrollan políticas  de cara a la sociedad civil.

Lo que implicaría esta reducción, según las autoridades es una redistribución del presupuesto destinado para los alquileres de las delegaciones, pero para nosotros implica un potencial proceso de cierre de las delegaciones porque el espacio es fundamental para realizar las actividades que son propias del organismo.

– ¿Cuánto es el porcentaje que ocupa el alquiler en el presupuesto total del organismo?

– El balance que nosotros hacemos es que el gasto que implican los alquileres del INADI en las provincias implica el 0,03% del presupuesto. Por ende la argumentación de orientar a políticas públicas a derechos humanos es falso porque es mínimo el porcentaje en relación a toda la labor que realizan las delegaciones. No tiene sentido el ajuste, el achique está destinado a cerrar las delegaciones por falta de acceso a un espacio que pueda lograr que se desarrollen efectivamente las tareas que realizan ahora las delegaciones.

Es importante remarcar que en una primera instancia que desde su asunción de Javier Buján hubo un intento fuerte de reducir  las delegaciones a través de despidos masivos. Si bien se pudo reincorporar a una parte de los compañeros hay muchos que quedaron en la calle. Esta sería la segunda oleada de ajuste.

– ¿De cuántos trabajadores estamos hablando?

– Hay entre tres y cuatro trabajadores por delegación, que a razón de 24 delegaciones estamos hablando de casi un centenar de trabajadores. Hay una preocupación generalizada porque no es solo el espacio y las condiciones laborales sino también potenciales despidos que está en juego en este momento.

– ¿Desde que tomaron conocimiento de esta situación, han tenido alguna reunión con alguien de jerarquía en el organismo?

– No, las respuestas están siendo vía comunicaciones institucionales donde no niegan esta decisión tomada por Buján pero argumentan que el objetivo no es cerrar las delegaciones. Volvemos sobre cuánto es el presupuesto que realmente se destina al alquiler de los espacios físicos de las delegaciones. Ellos argumentan que son gastos superfluos que pretenden destinar a otras políticas.

En paralelo a esto estamos denunciando que hubo una contratación de oficinas externas, e incluso reformas en Capital Federal y hay decisión de realizar otros gastos que para nosotros sí son superfluos, como por ejemplo un microcine en la sede central del organismo. Lo único que están haciendo es fortalecer el unitarismo lo que, en definitiva, constituye un acto discriminatorio porque no permite el acceso de un organismo como el INADI en los distintos puntos del país.

– Supongamos que efectivamente se da curso al recorte y se cierran las delegaciones… Si hay una persona que quiere denunciar un acto discriminatorio ¿tendría que viajar a la Ciudad de Buenos Aires?

– Debería venir a Capital o podría realizar su denuncia a través del 0800-999-2345 o por correo electrónico (Dirección de Asistencia a la Víctima: [email protected] ) pero el acceso real va a ser totalmente limitado. Justamente hablamos de la apertura y accesibilidad del Estado -en este caso de un organismo de derechos humanos en materia no discriminatoria- a la población en general. Va a estar recortado lógicamente en relación a la cercanía o distancia de la capital.

– ¿Cómo continúa el plan de lucha?

– El día lunes 20 en una asamblea de trabajadores se resolvió comenzar con una campaña que denominamos “el INADI no se achica”. El miércoles hicimos un ruidazo en la puerta del organismo con la seccional de ATE Capital e intentado replicar la campaña en los distintos puntos del país con los compañeros de las distintas sedes.

El próximo lunes 27 haremos una asamblea y definiremos los pasos a seguir en esta lucha, con el objetivo de lograr que se vuelva para atrás con la decisión arbitraria y sin otro sentido más que achicar el INADI, que es lo que quiere hacer el interventor desde que asumió.

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