Nacionales

29 marzo, 2017

Paro de migrantes contra la política del gobierno

Este jueves 30 de marzo se llevará a cabo un paro y movilización de migrantes para rechazar el decreto 70/2017 que modifica la Ley 25.871 que rige la política migratoria del país desde 2003. Las organizaciones convocantes plantean la inconstitucionalidad de la norma y denuncian que anula el principio de inocencia.

Este jueves 30 de marzo se llevará a cabo un paro y movilización de migrantes para rechazar el decreto 70/2017 que modifica la Ley 25.871 que rige la política migratoria del país desde 2003. Las organizaciones convocantes plantean la inconstitucionalidad de la norma y denuncian que anula el principio de inocencia.

Bajo la firma “Trabajadores migrantes”, organizaciones que reúnen a ciudadanos y ciudadanas de Bolivia, Chile, Perú, Brasil, Paraguay, Colombia, Ecuador y México, entre otros, convocan a concentrar este jueves a las 16 horas frente al Congreso Nacional.

“Ahí vamos a leer documentos con lo que venimos sosteniendo en cada uno de los rubros donde tenemos mayor participación los migrantes: agrícola, textil, ladrillero”, declaró Juan Vázquez, uno de los convocantes, en diálogo con Radio Sur 88.3. “Estamos en estado de alerta ante esta nueva política migratoria”, añadió.

Posteriormente a ese acto se plegarán a la movilización convocada por las dos Centrales de Trabajadores de la Argentina (CTA) a Plaza de Mayo. “Los planteamientos como trabajadores que hace la CTA nos llaman también. Lo mismo sucederá el 6 de abril con el paro de la CGT. También el 8 de marzo [en el marco del Paro Internacional de Mujeres] participamos como bloque migrante”, explicó Vázquez.

Consultado sobre qué mirada tienen respecto a la modificación de la legislación, el dirigente migrante no dudo en afirmar que es “inconstitucional” ya que “anula el principio de inocencia”.

La decisión de convocar a la protesta como un paro de trabajadores se debe a que esta modificación “precariza aun más la condición del trabajador migrante”. “Plantea que solamente necesita estar procesada una persona (no condenada) para que su radicación sea revocada y por lo tanto expulsada del país”, recordó Vázquez.

“Eso hace que cualquier trabajador migrante, si el patrón no le quiere pagar o quiere precarizar aun más sus condiciones y este reclama, simplemente puede hacer una denuncia penal y con eso es suficiente para procesarlo y expulsarlo del país”, subrayó.

La situación “es realmente preocupante” por eso se plantean “salir a discutirlo” y a “luchar contra esa política migratoria”.

Vázquez comentó también que “tres compañeras” fueron detenidas “en la razzia que se hizo después del 8 de marzo”. “Quedaron preocupadas porque si se les aplica el decreto, las expulsan”, dijo.

“Tenemos un equipo de abogados con los cuales venimos sosteniendo reuniones para tratar de entender hasta dónde y cómo nos alcanzan estas medidas”, añadió el entrevistado pero aclaró que “ante eso en lugar de quedarnos callados, levantamos las banderas y nos paramos de frente”.

Verónica Jaramillo, abogada integrante del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), señaló en su momento en diálogo con Notas que con estas reformas “estamos calcando lo malo de Europa y Estados Unidos”.

“Estas políticas han favorecido el tráfico de personas y las redes de narcotráfico”, agregó y remarcó que “la política migratoria tal como está, falló en todo el mundo”. “La ley argentina fue modelo para el mundo, y que sea derogada o modificada en su sentido más profundo envía un mensaje, impacta en toda la región y el mundo”, concluyó la especialista.

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