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Se presentan múltiples proyectos de ley contra el 2×1

Se presentan múltiples proyectos de ley contra el 2×1
mayo 09
11:17 2017

Más allá del mayoritario repudio social, que se expresará masivamente este miércoles en la movilización a Plaza de Mayo, siguen multiplicándose las reacciones institucionales al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre el caso del represor condenado Luis Muiña, a quien decidió concederle la aplicación de la “más benigna” ley 24.390, o “ley del 2×1″. Este martes la sesión de la Cámara de Diputados será un hervidero de diversos proyectos de ley en contra de la resolución judicial, que van desde el pedido de juicio político a los magistrados firmantes hasta una limitación en las posibilidades de aplicar la derogada ley del 2×1.

Después de que la Asamblea legislativa reciba al presidente de Italia, Sergio Mattarella, en horas del mediodía se irán presentando y debatiendo los diversos proyectos de ley. Una vez que cobren estado parlamentario, la idea es compatibilizarlos en comisiones para llegar a presentar un proyecto único o una cantidad reducida de opciones, si no se lograran los acercamientos necesarios, como para que la ley resultante quede aprobada por una amplia mayoría, con el consecuente mensaje político.

Entre los proyectos de ley que ya se encuentran confirmados, está el de la diputada de Libres del Sur y nieta recuperada Victoria Donda que propone “excluir a imputados, procesados y/o condenados por la comisión de delitos de lesa humanidad y/o genocidio de los alcances de cualquier ley que determine una amnistía”. El proyecto de Donda destaca la necesidad de “darle un claro mensaje a la sociedad y a todos los estamentos del Estado para que la ciudadanía comprenda que, tal como disponen los diversos tratados internacionales con fuerza de ley y que nuestro país ratificó oportunamente, los delitos de lesa humanidad y/o genocidio no admiten salidas alternativas ni a la investigación, ni al juzgamiento ni al cumplimiento de las condenas que se apliquen”. Alicia Ciciliani, diputada del Partido Socialista de Santa Fe y aliada de Donda en el frente Progresistas, elaboró un proyecto similar.

Desde el bloque del Frente para la Victoria se presentaría una “ley aclaratoria” sobre la legislación vigente que plantee taxativamente “la imposibilidad de aplicar en delitos de lesa humanidad” la llamada ley del 2×1. Además se exige a los jueces de la Corte Suprema “no interferir en la voluntad del Parlamento” a través forzadas interpretaciones de las leyes aprobadas en el Congreso. También hay otros dos textos, preparados por el fiscal general Jorge Auat, a cargo de la Procuraduria de crímenes de lesa humanidad, y el fiscal Pablo Parenti, que dirige la Unidad sobre apropiación de niños durante el terrorismo de Estado.

El peronismo también realizó presentaciones en la Cámara alta. La senadora Nancy González propuso tres modificaciones al Código Penal planteando la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad y la prohibición de que puedan beneficiarse con el recurso a la ley penal más benigna. “El fallo es una aberración jurídica. Atenta contra los pilares de nuestra democracia”, sostuvo la senadora.

Hasta Cambiemos se vio obligado a sentar posición crítica respecto del fallo. Federico Pinedo, presidente provisional del Senado, presentó -con el aporte del diputado Pablo Tonelli- un propuesta para que el cómputo de las penas sea aplicable “solamente a aquellos casos en los que el condenado hubiera estado privado de su libertad en forma preventiva” durante la vigencia de la Ley 24.390, es decir, entre 1994-2001.

El bloque del FIT en Diputados fue el primero en plantear directamente el pedido de juicio político para los tres jueces que firmaron el cuestionado fallo: Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco y Horacio Rosatti. También el bloque del FpV está discutiendo una iniciativa similar.

Por su parte, el referente del Frente Renovador, Sergio Massa, anticipó sus intenciones de presentar un recurso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero no podría hacerlo de manera individual ya que no es ni una víctima directa ni un reconocido defensor de derechos humanos. El mismo ministro de Justicia Germán Garavano, luego de un sorprendente y veloz cambio de posición respecto del fallo, dejó abierta la posibilidad de recurrir también a algún tipo de presentación ante el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos.

A nivel internacional, la Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) emitió este lunes un comunicado en el que advierte a los jueces que no pueden desconocer “los estándares internacionales aplicables a los delitos de lesa humanidad”. Amerigo Incalcaterra, titular del organismo, advirtió: “El Estado argentino, y la Corte Suprema como instancia del Estado, deben cumplir no sólo el derecho interno, sino también la normativa internacional aplicable y los compromisos asumidos a nivel internacional”. Y agrega que la Corte debe “considerar la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados en sentido de no invocar disposiciones de derecho interno como justificación del incumplimiento de una obligación internacional”.

“Los crímenes de lesa humanidad agravian no sólo a las víctimas, sino a todos los seres humanos. Por ello, no pueden asimilarse a delitos comunes y su gravedad requiere de una sanción proporcional”, concluye el comunicado firmado por Incalcaterra.

La tan inusual como explícita advertencia del Acnudh, el organismo de Naciones Unidas que supervisa la situación de derechos humanos en la región, se explica también en un contexto en el que ya la Corte Suprema argentina venía dando señales de desconocimiento a superiores instancias internacionales, como en un reciente fallo en el caso Fontevecchia en el que se afirmaba que no tenía obligación de acatar una sentencia de la Corte Interamericana sobre libertad de expresión.

 

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