CABA: #LeyDeAlquileres para frenar el negocio inmobiliario

“Que la garantía deje de ser la única vía de acceso a un alquiler”, dijo Sebastian Pilo, codirector de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) mientras repasaba los principales puntos del proyecto para sancionar una Ley de Alquileres en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La presentación se llevó a cabo el lunes en la Legislatura porteña.

La propuesta legislativa tiene como objetivo mejorar las condiciones actuales de acceso a las viviendas en alquiler, generando un aporte en materia de regulación normativa para evitar los abusos constantes que sufren más del 35% de los habitantes en la ciudad (según el último censo de 2015). El proyecto, además de recibir el apoyo de legisladores de distintos bloques, cuenta con un alto nivel de participación de organizaciones sociales y populares, así como también de asociaciones civiles y organismos de gobierno: la agrupación La Boca Resiste y Propone, Inquilinos Agrupados, el Ministerio Público Fiscal (MPF) de la Nación, el Ministerio Público de la Defensa CABA y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) son algunos de los coautores de la propuesta de ley.

Uno de los puntos más importantes del proyecto es la “eximición total a inquilinos del pago de comisiones inmobiliarias” que establece además un tope del 4,15% del monto total del contrato sobre la que se cobre a los propietarios. En este punto, Gervasio Muñoz, representante de la asociación civil Inquilinos Agupados, destacó: “Las organizaciones de inquilinos elegimos desplazar la voz de las empresas que antes hablaban por nosotros”. El proyecto «tiene una importancia muy grande, ya que demuestra la organización de los inquilinos y de las asociaciones civiles y la voluntad de decisión de hablar de este tema”, añadió.

Por parte de las organizaciones sociales, Natalia Quinto de la Comisión de Vivienda y Hábitat de la Boca Resiste y Propone, remarcó que “hay que modificar las condiciones de accesibilidad a la vivienda” señalando que “La Boca padece todos los problemas respecto a este tema”. A su vez, mencionó la problemática que aqueja al barrio del sur luego de la instalación, por parte del Gobierno porteño, del “Circuito de las Artes”, lo que generó «un problema para los vecinos y un negocio inmobiliario para las empresas”.

El proyecto no busca regular los precios de los alquileres, sino generar posibilidades de acceso para hacer cumplir el Derecho humano a la Vivienda. En este punto, Gastón Chiller del CELS hizo mención a que la participación del organismo justamente obedecía a que esta problemática era órbita de la garantía de Derechos Humanos, así como también por ser «un tema donde está el Estado versus el Mercado, y la obligación del Estado de tener que regular a éste, para evitar los abusos que se dan en este ámbito”.

Entre sus principales propuestas, también se incluye la instalación de Oficinas comunales de atención al público y certificación gratuita de firmas de los contratos de alquiler. Horacio Corti, defensor general de la Ciudad de Buenos Aires, destacó que “según los últimos dos censos, los inmuebles crecen pero la gente que vive en villas y asentamientos es cada vez mayor”. A su vez remarcó la importancia de “dar respuesta a esta serie de problemas estructurales de un mercado inmobiliario no regulado”.

A su turno, Julian Axat, responsable de la Dirección de Acceso a la Justicia del MPF, enfatizó en que “el mercado inmobiliario ha construido un sistema de exclusión social”.

Durante las intervenciones, algunos legisladores del bloque del Frente para la Victoria remarcaron la importancia de pensar y dar respuesta a estos temas, así como también de pensar el clima electoral como una oportunidad y no como un problema más.

El proyecto de Ley cuenta con el apoyo de los sindicatos como la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), quienes también se encontraban presentes en la sesión, ya que entre sus puntos más destacables hace mención especial a los trabajadores de la ciudad. La normativa establece que, para los inquilinos que trabajan en el Estado de la Ciudad, se implemente un “Sistema de Pago Asegurado” por el que podrán optar en reemplazo de la garantía propietaria quienes suscriban contratos de alquiler, que asegura más eficazmente el cobro a los propietarios, al mismo tiempo que facilita el acceso a la vivienda a los inquilinos.

Se prevé que este sistema pueda alcanzar a inquilinos en relación de dependencia del Estado, pero también a trabajadores de empresas privadas. A la vez que dispone de la creación de un sistema alternativo que permita que los trabajadores informales y monotributistas el acceso a las garantías que les permitan alquilar.

Si bien no hay fecha específica para su tratamiento parlamentario, el proyecto busca apoyo y adhesiones de todos los sectores de la Ciudad así como también la discusión en las comisiones de Vivienda correspondientes que permita incorporar mayores niveles de discusión. Además, algunas legisladoras planean poder plantar líneas de debate con perspectiva de género, sobre todo en lo que respecta a las mujeres, jefas de familia, en situación de vulnerabilidad social y/o producto de la violencia machista.

Marianela Nappi – @MarNappii