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PRO: la propuesta republicana que avasalla organismos autónomos

PRO: la propuesta republicana que avasalla organismos autónomos
julio 11
19:00 2017

Por Federico Dalponte. “Espero que tengan la dignidad de presentar la renuncia”, dijo Mauricio Macri cinco días después de las primarias de 2015. El ingeniero ya se imaginaba presidente y hacía su lista de enemigos: Alejandro Vanoli, Martín Sabbatella, Alejandra Gils Carbó.

El candidato de Cambiemos no se andaba con vueltas. Esa imagen de hombre derecho pasaba a segundo plano. Importaba ahora demostrar fuerza frente al kirchnerismo en retirada.

Le fue bien con el ex presidente del Banco Central y disolvió con más violencia que elegancia el ente autárquico de comunicación. Pero no pudo todo.

Desde aquel entonces, el oficialismo no cesó en su intento por desplazar a la procuradora. Se le pidió la renuncia por diversos medios, se intentó reducir su mandato por ley y hasta se exploró la posibilidad del juicio político.

Con todo, lo curioso es que la presión pública y las maniobras políticas no provengan hoy de un liderazgo de imagen apabullante como la de Cristina Kirchner, sino del bienpensante y republicano Mauricio Macri.

Aun así, hasta ahora Cambiemos fracasó siempre. Ora por falta de peso en el Congreso, ora por manifiesta ilegalidad del medio elegido.

Aunque esta opción es la que menos importa. El presidente que en su cuarto día designó a dos miembros de la Corte por decreto ya no repara en esas minucias.

Cuando se reformó la Constitución en 1994, se consagró la autonomía del Ministerio Público, ese órgano bicéfalo que hoy encabeza de modo compartido Gils Carbó.

Desde aquel entonces, en términos formales, funciona como un cuarto poder del Estado. Su independencia es basal. Y por tanto cualquier pretensión presidencial de forzar su descabezamiento es de una gravedad extrema.

Esta vez la voluntad oficial la hizo explícita el diputado Pablo Tonelli, quien paradójicamente preside la Comisión de Asuntos Constitucionales. Según sus propios dichos, como la Constitución no prevé un mecanismo de remoción para quien sea titular de la Procuración, nada impide que se lo haga por decreto. Un absurdo jurídico con mayúsculas y subrayado.

La que primero advirtió la maniobra fue la propia Gils Carbó. Lo dijo este lunes en una entrevista con Reynaldo Sietecase. En medio de una tarde lluviosa, la procuradora denunció sin titubeos la posibilidad de que el gobierno intentase la destitución vía decreto.

Hasta allí no había confirmación oficial. Al día siguiente, martes, el primero que salió a hablar fue Tonelli, y ratificó lo dicho: el gobierno descartaba la posibilidad del decreto.

Sólo cierto prurito institucional y la negativa inapelable de Elisa Carrió, a quien usan para medir el nivel de sus torpezas, forzó la aclaración oficial. Promediaba la tarde en Buenos Aires y recién allí, veinticuatro horas después del primer contrapunto, el ministro Germán Garavano finiquitaba el tema: “Lo descarto”, dijo por fin. Y punto.

Pero no final. La obsesión del Ejecutivo por la procuradora no tiene parangón. Presión mediática, nueva ley, denuncias por corrupción. El gobierno lo intentó de maneras diversas y lo seguirá haciendo.

Descartada la posibilidad del decreto, se abrirán otras opciones. Se esperará su eventual procesamiento. Se reforzará la presión para que renuncie. Se le exigirá una licencia. Se le iniciará un juicio político. Hasta lograr alejarla por fin. O no.

@fdalponte

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