América Latina

13 julio, 2017

Brasil: la derecha despliega estrategias para mantenerse en el poder sin ir a elecciones

Por Micaela Ryan. Menos de 24 horas antes que el juez Sérgio Moro diera a conocer la condena contra Inácio Lula Da Silva a 9 años y medio de prisión, el Senado aprobó la reforma laboral más regresiva de la historia de Brasil. Un día después de esta sentencia los partidos políticos acuerdan avanzar en la denuncia contra Temer.

Por Micaela Ryan. Menos de 24 horas antes que el juez Sérgio Moro diera a conocer la condena contra Inácio Lula Da Silva a nueve años y medio de prisión, el Senado aprobó la reforma laboral más regresiva de la historia de Brasil. Un día después de esta sentencia los partidos políticos acuerdan avanzar en la denuncia contra Temer.

La reforma laboral que Michel Temer sancionó en la tarde del jueves 13 de julio marca, tal vez, su último triunfo político. Porque aunque esa misma tarde la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ) de la Cámara de Diputados rechazó por 40 votos en contra y 26 a favor dar curso a la denuncia en su contra, los partidos políticos definieron un que la misma será votada en el plenario de la Cámara. Y allí, el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) puede jugarle en contra.

La denuncia contra Temer que lo vincula con sobornos de la empresa JBS durante su cargo en la presidencia había sido formulada en mayo pasado por el Supremo Tribunal Federal (STF). Si la Cámara de Diputados acepta darle continuidad, el actual presidente de facto será suspendido de su cargo por 180 días mientras el STF lleva adelante el juicio en su contra.

Menos el pueblo, todos contra la candidatura de Lula

Durante el mediodía del jueves 13, el ex presidente Lula Da Silva se dirigió a sus seguidores y a los medios desde la sede nacional del Partido de los Trabajadores (PT) en Sao Paulo. Allí ratificó su candidatura a para las elecciones presidenciales de 2018.

En la sentencia sin pruebas por corrupción pasiva y lavado de dinero, el juez Moro recomienda que Lula sea vetado de presentarse a cargos públicos hasta el 2036. “Quien tiene derecho de decretar mi fin es solamente el pueblo brasileño”, se defendió Lula. Con respecto a la sentencia ironizó que “estaría más feliz si fuera condenado en base a una prueba”, al mismo tiempo que cuestionó cómo el juez Moro pudo escribir un expediente de casi 300 fojas sin una sola prueba tangible.

Lula indicó que este proceso contra su persona fue impulsado en base a una mentira publicada por O Globo en 2016. “El odio está siendo diseminado en este país y O Globo es quien disemina ese odio”, aseguró.

En simultáneo, masivas movilizaciones en su apoyo y exigiendo elecciones directas se llevaron adelante en distintas ciudades de Brasil. Cabe aclarar que, aún durante el curso de esta acusación, Lula Da Silva es el político brasileño con mayor aceptación e intención de voto con más del 30% de imagen positiva, mientras que Michel Temer es el político más rechazado del país, con una popularidad inferior al 3%.

La lógica de poder: condenados sin pruebas y corruptos sin condenas

Temer asumió a partir de un proceso de destitución irregular de la presidenta Dilma Rousseff quien había sido elegida con el 51,6% de los votos en 2014. Durante el proceso de impeachment no se pudo demostrar la responsabilidad de Rousseff en actos de corrupción ni mucho menos el enriquecimiento personal ilícito. Fue una maniobra de adelanto de fondos de la administración estatal, que no sólo realizó la gestión de Dilma sino todos los presidentes que la antecedieron, la excusa para que la mayoría de la bancada del Senado, que actualmente apoya a Temer, vote su destitución.

Durante estos meses de la presidencia de Temer se llevaron adelante medidas que recortaron derechos sociales como la reforma educativa, la reforma del Estado y el congelamiento del gasto público, la reforma jubilatoria y, recientemente, la reforma laboral. Todas estas leyes, además del impeachment, fueron votados por un cuerpo legislativo en el que el 60% de sus miembros tiene procesamientos y condenas por casos de corrupción y hasta acusaciones de homicidio. El mismo Eduardo Cunha, ex presidente de la Cámara de Diputados, aliado político de Temer y principal impulsor de la destitución de Rousseff, se encuentra actualmente en prisión por corrupción. Y es, además, parte de la causa que actualmente pesa contra el mismo Temer.

La hora final de Temer y la resurrección del PSDB

Con el derrocamiento del gobierno del PT los tiempos del Poder Judicial, los medios hegemónicos, el Poder Legislativo y Ejecutivo brasileños comenzaron a actuar con una coordinación sorprendente. Una muestra de ello fue el momento en que Moro decidió dar a conocer la sentencia contra Lula, horas después que el Senado aprobara la reforma laboral más regresiva de la historia de Brasil que lleva la situación de los trabajadores a un estado previo al segundo gobierno de Getulio Vargas (1950-1954).

Pero luego de haber realizado el trabajo sucio con la imposición de reformas y el recorte de derechos, los tiempos ya no parecen jugar a favor de Temer. En una misma tarde en que anunció con bombos y platillos la sanción de la Consolidación de la Leyes de Trabajo (CLT, como se tituló la reforma laboral), logró que la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ) de la Cámara de Diputados rechace por 40 votos en contra y 26 a favor la denuncia formulada en su contra por la Procuraduría General de la Nación.

Pero eso parece no haberle alcanzado para frenar su enjuiciamiento. En la Cámara de Diputados, los partidos políticos definieron que, más allá de la definición de la CCJ, la denuncia contra el actual mandatario debe tratarse en el pleno de la Cámara. Allí se especula que una mayoría de legisladores estarán a favor de dar cauce a la denuncia. Esto se debe a que el PSDB, aliado de Temer, votará en su contra para que el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia (del Partido Demócrata, que fue en alianza con el PSDB en las últimas elecciones), asuma la presidencia del Poder Ejecutivo.

Cabe aclarar que el PSDB fue quien quedó en segundo lugar en las elecciones presidenciales de 2014 con su candidato Aécio Neves. Neves, actualmente senador, fue acusado la misma semana que aparecieron las pruebas contra Temer, el pasado mes de mayo, por recibir sobornos por parte de la empresa JBS para actuar a su favor en la Cámara. También fue delatado a partir en un audio, fue apartado de su cargo por el Supremo Tribunal Federal que semanas más tarde lo restituyó. Además, tiene otros casos en su contra, entre los que se incluye la acusación por fraude en licitaciones de la empresa Odebrecht.

Casualmente, la importancia gravitante del voto del PSDB en Diputados coincide con la semana del fallo de Moro contra Lula. Vale decir que este juez fue señalado en reiteradas ocasiones como militante “tucano” (del PSDB) por sus apariciones públicas con figuras de ese partido.

Si el pleno de la Cámara de Diputados da lugar a la denuncia en su contra, el presidente de facto deberá retirarse de su cargo por 180 días mientras será juzgado por el Supremo Tribunal Federal (STF). De hallarse culpable, no podrá retornar a su cargo y Maia, quien parece haber recibido el beneplácito para esto, concluirá el resto del mandato presidencial hasta finales de 2018.

Paradójicamente, y aún se debatía al final de esta edición, es el mismo Maia quien debe ahora fijar la fecha para que la Cámara de Diputados inicie el proceso que le pondrá fin al mandato de Temer y de inicio al suyo.

@LaMicaRyan

Foto: Diego Padgurschi/Folhapress

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