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Presentan acción judicial contra el tarifazo de gas por “inconstitucional”

Presentan acción judicial contra el tarifazo de gas por “inconstitucional”
agosto 01
23:22 2017

Una Organización No Gubernamental realizó una presentación judicial que busca frenar el aumento en las tarifas de gas. El reclamo abarca tanto el incremento que se dio en marzo como el que está previsto en noviembre.

El Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS) es el impulsor de la medida. Se trata de la misma organización que logró en 2016 que la Corte Suprema suspendiera temporalmente el tarifazo hasta tanto no se realizaran audiencias públicas.

Mariano Lovelli, abogado del CEPIS, declaró: “Nosotros creemos que las dos resoluciones del ministro con los aumentos en el gas son inconstitucionales”. Esto se debe a que “los argumentos utilizados para el aumento de tarifas no se sostienen lógicamente ni recogieron toda la riqueza vertida en las audiencias públicas que el ministro debió convocar después de que la Corte Suprema nos dio la razón con un fallo”.

Es que, tal como señala el texto presentado ante la Justicia, el costo del gas en boca de pozo oscila en los dos dólares -sobre la base de cifras brindadas por YPF a Wall Street-, lejos de los 6,80 fijados para los usuarios por el titular del Ministerio de Energía, Juan José Aranguren.

“Nunca se brindaron los costos para calcular un precio razonable”, dijo Pedro Sisti, otro de los abogados. Por eso el pedido es que se habiliten “una serie de pericias” imparciales. También agregó que “de acá al 2019 va a llegar al doble el costo del gas en dólares” y eso genera que “en algunos lugares hay ganancia del 100%”.

Los autores de la demanda denunciaron también que en lo que va de 2017, “las petroleras se embolsaron 2.500 millones de dólares por encima de lo recaudado en 2015 como consecuencia del tarifazo”. A pesar de ello, la producción de gas y la perforación de pozos “no detienen su caída”.

A esto hay que sumar que “las empresas tienen menores costos laborales producto de la nefasta flexibilización de los trabajadores petroleros, así como nulas obligaciones de invertir en un marco de ingentes beneficios tales como la posibilidad de reexportar gas a Chile y girar utilidades ilimitadas a sus casas matrices”.

Por todo esto el tarifazo “es irrazonable, injusto, ilegal, inconstitucional y carece de absoluta razón de ser (injustificado)”. “Ni las propias petroleras pudieron defenderlo en las dos audiencias públicas. Todo lo contrario, presentaron evidencias ratificando que, con los cuadros tarifarios y la política de subsidios heredada, el autoabastecimiento gasífero en el marco de un mercado interno pujante y servicios públicos como derecho humano era totalmente realizable”, concluyeron.

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