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El gobierno agita el mapa sindical y pone un ojo en futuras reformas

El gobierno agita el mapa sindical y pone un ojo en futuras reformas
agosto 24
18:00 2017

Por Federico Dalponte. Lo más frecuente es desoír. Todo gobierno le teme a la debilidad en la Argentina. Por eso ven un paro por televisión y luego lo menosprecian -aunque tomen nota por lo bajo-.

Lejos de eso, muy PRO, el presidente eligió esta semana otro camino. Ni la condescendencia ni la apatía, sino el rencor. Cambiemos reaccionó castigando a los quejosos, enrostrándoles sin vueltas la lección más dura: protestar no es gratis para nadie.

El desplazamiento de dos funcionarios ligados a la cúpula de la Confederación General del Trabajo (CGT) causó sorpresa en el mundo político. Básicamente porque nadie esperaba que se animaran a tanto. Pero ahora, con la espuma baja, vale pararse también en la otra esquina y pensar qué clase de sindicalismo es ese.

El apoyo decidido y militante se limita a las 62 Organizaciones, pata peronista de nombre histórico y presente infausto. Sin peso gravitante, los deudos de Gerónimo Venegas por ahora se contentan con la foto y alguna caricia tangencial.

Pero existe otro coqueteo, un tanto más vedado. El gobierno logró desde un inicio conquistar la simpatía de algunos líderes sindicales con trayectoria: Andrés Rodríguez, José Luis Lingeri, Luis Barrionuevo. Y la complicidad silenciosa de otros, de capacidad decisoria, con quienes negoció hasta ahora las reformas del impuesto a las ganancias y del sistema de riesgos de trabajo.

Esa cercanía estaba materializada en Ezequiel Sabor y Luis Cerviño, los dos funcionarios eyectados. Fue casi la ruptura de una alianza tácita de gobierno. Lo que sirve también para reconocer ciertos pecados: ni al presidente le molestaba tanto la burocracia sindical como hasta esta semana, ni aquellos dirigentes gremiales se sentían tan lejos de la gestión de Cambiemos.

El macrismo y las mafias

Esta semana volvió a sonar fuerte el nombre de Antonio Mucci. El ex ministro de Trabajo de Raúl Alfonsín dejó como legado un afamado proyecto de democratización sindical.

Sepultado para siempre en el Senado, la idea era polémica pero tenía un sustento poderoso: el rol de una parte del sindicalismo peronista durante la última dictadura hacía deseable cierta renovación.

El sesgo era claramente intervencionista, sin dudas. Pero mantenía una correspondencia entre el discurso de campaña del candidato radical y su propuesta de ley: el recordado pacto militar-sindical.

En contraste, la idea de que el macrismo pretende pelear contra el poder concentrado de la burocracia sindical resulta inverosímil y risible. El jueves 6 de abril, mientras comenzaba el último paro general, el ministerio conducido por Jorge Triaca publicaba sus recomendaciones para asegurar el “pluralismo” en las elecciones internas de los sindicatos. En tanto que la bancada radical en Diputados, al mismo tiempo, impulsaba el tratamiento de una ley de “democratización”, en una suerte de reivindicación póstuma de Mucci.

Todo orquestado en sintonía con el sermón presidencial de aquella semana: “Voy a dar la batalla contra las mafias que están en los sindicatos”. Hacia el interior, sin embargo, lo que se observa es un sistema de premios y castigos. Los fieles reciben en Casa Rosada lo negado a los quejosos.

Cambio de estrategia

La ley Mucci murió en 1984. Al entierro asistieron Raúl Alfonsín y Saúl Ubaldini. El primero afrontó trece paros generales y en 1988 promulgó la ley que sostiene el cuestionado modelo sindical actual. El segundo falleció hace más de una década, pero su hijo, como el de Alfonsín, es hoy dirigente de Cambiemos.

El oficialismo sabe elegir sus peleas, sobre todo cuando está en campaña. Podría capitalizar bien, con aplauso de sus votantes incluido, una eventual  disputa contra los principales exponentes sindicales.

No se decide. Los gobiernos no peronistas jamás supieron lidiar con las organizaciones peronistas. La estrategia original del macrismo pareció ser la seducción a base de cargos, caja y tolerancia. Eso explica en parte la tibieza cegetista y la rebelión de las bases, tal vez los primeros que se beneficiarían de una renovación dirigencial forzada por ley.

Pero lo obvio: la injerencia estatal es un precio muy alto y nadie está dispuesto a tolerarlo. La media decena de sindicatos intervenidos en la era Macri no son un buen presagio.

Difícil imaginar qué piensa hacer este gobierno. Aunque sin dudas se avecina un cambio de estrategia. Una nueva ley sindical parece mucho. Contentarse con echar a dos funcionarios de segunda línea parece poco. En el medio todo es contexto: no hay que olvidar que la reforma laboral en ciernes requiere de un movimiento obrero domesticado.

@fdalponte

Foto: Juano Tesone / Clarín

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