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Venezuela, constituyente y después

Venezuela, constituyente y después
septiembre 11
01:56 2017

Agosto probó ser un periodo de calma en comparación con los meses anteriores. La iniciativa constituyente del gobierno se demostró exitosa en su primer propósito de desactivar la violencia callejera y encauzar la polarización nacional por vías institucionales y políticas. No obstante, el panorama en el futuro inmediato está lejos de ser optimista.

Tras estabilizar y poner en funcionamiento nuevos mecanismos estatales por medio de la Asamblea Nacional Constituyente, el área que presenta mayores urgencias e incertidumbres es la economía.

El frente económico

El chavismo ha buscado delinear una estrategia a dos tiempos: primero, lograr responder a las necesidades y expectativas de una población que vio en los últimos años como la crisis (o guerra) económica impuesta ha golpeado continuamente su bienestar a niveles críticos. Regulación y coordinación para el control de precios de productos básicos; combate al acaparamiento y el contrabando; creación de nuevos y mejores mecanismos para la transparencia y fiscalización en la lucha contra la corrupción, entre otros.

Los problemas de la gente, que golpean el bolsillo y el estómago de la economía familiar venezolana y desarticulan la rutina diaria de los habitantes del país. Problemas esenciales para abordar y crear respuestas consistentes (y sobretodo legítimas ante el público) de cara a los próximos comicios regionales. Ya resuelta, al menos por ahora, la desactivación de la violencia callejera (“Una constituyente para la paz” fue uno de los ejes de campaña centrales del gobierno), gran parte de las expectativas y demandas de la población están centradas en estos pesares cotidianos.

En segundo lugar, a lo largo del año se han comenzado a dar pasos para el correspondiente estudio, revisión y autocrítica de aquellos aspectos estructurales de la política económica venezolana que han puesto en evidencia los puntos más frágiles del modelo de crecimiento bolivariano. Incentivos para la inversión extranjera, reorganización del sistema de cambios y adquisición de divisas, promoción de la eficacia en la gestión pública y la reorientación del tejido productivo para reducir la dependencia del petróleo.

Cortar la soga

Hacia esa dirección apunta el paquete de ocho leyes anunciado por Maduro el pasado jueves 7 de septiembre. Destaca algo ya prometido en la campaña previa al 30 de julio: el otorgar rango constitucional al sistema de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), un mecanismo que ha facilitado el acceso directo de la población a algunos de los productos de la canasta básica. Se verán acompañados por la creación de la figura de “fiscales populares”, para incentivar nuevas herramientas de transparencia y control en manos de la población, que se complementarán con las funciones ya existentes de los funcionarios públicos.

Con la creación de un nuevo régimen tributario y un nuevo marco regulador orientado a la atracción de la inversión extranjera, el gobierno ha buscado dar forma a su propósito de reactivar y reorganizar el tejido productivo del país. La gran apuesta que se busca desde aquí es el desarrollo de la actividad minera centrada en el Arco Minero del Orinoco, la cual está entre los principales objetivos del gobierno para reducir la dependencia petrolífera.

Finalmente, quedará por ver qué resultados se obtienen de la muy reclamada lucha contra la corrupción y la ineficacia. El llamado a investigar y auditar en los próximos 30 días las fortunas surgidas desde 2014 y que puedan vincularse a la distorsión de la economía podrá permitirle al gobierno anotarse algunos puntos frente a la opinión pública al dar muestra de un endurecimiento frente al enriquecimiento ilícito.

Relacionado a esto se encuentra el desenredo de una trama de corrupción profunda al interior de PDVSA, anunciada oficialmente a principios de mes por el nuevo fiscal general, Tarek William Saab. Esto condujo al reemplazo de varios directivos de alto rango de la petrolera estatal al tiempo que se publicaban las cifras millonarias adjudicadas por los sobreprecios en varios convenios de explotación.

Preludio a un nuevo round

Por su parte, el domingo 10 de septiembre, la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) llevó a cabo elecciones internas para definir la conformación de sus listas en aquellos distritos donde no pudo alcanzar un consenso en torno a las candidaturas. Este giro supone un reconocimiento implícito de la legitimidad de las instituciones que hasta entonces fueron desconocidas por la MUD, desconocimiento central dentro del discurso que busca retratar un país sumido en una dictadura opresiva.

Tras semanas de promesas el gobierno ha buscado mostrar iniciativa y disposición para actuar, en pos de mantener el capital político percibido de la victoria del 30 de julio. Nada da por garantizado que estas medidas tengan resultado inmediato, en tanto que el Estado venezolano ya poseía mecanismos para abordar estos desafíos prolongados en los últimos años. Pero igualmente, el gobierno sabe que debe obtener resultados si desea derrotar al fantasma de la derrota en las legislativas de 2015, que vieron por primera vez puesta en cuestión la representación mayoritaria del chavismo. En principio, nada garantiza que el apoyo dado a la constituyente se traslade automáticamente a alcaldías y gobernaciones.

El chavismo ha cerrado filas tanto detrás las iniciativas gubernamentales como en la presentación de listas, aún si eso va en detrimento del debate interno y la renovación de liderazgos. Cuenta con la ventaja momentánea de una oposición desarticulada y desmoralizada. Pero debe atravesar una carrera a contrarreloj frente a una situación social y económica delicada en medio del asedio constante que ha dejado fuerte marcas en el tejido social e institucional del país.

Julián Aguirre, desde Caracas – @julianlomje

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