Tragedia de Once: comienza el juicio a Julio de Vido

Desde este miércoles el ex ministro de Planificación, Julio de Vido, será juzgado por su presunta responsabilidad en los hechos del 22 de febrero de 2012 en los que un tren chocó al llegar a la Estación de Ferrocarriles de Once con un saldo de 51 víctimas fatales y cientos de heridos.

Si bien sus nuevos abogados, Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, habían solicitado postergar el inicio del juicio, los magistrados del Tribunal Oral Federal (TOF) 4 rechazaron el pedido.

No obstante todavía podrán solicitar un plazo para estudiar el expediente ya que asumieron la defensa el jueves pasado (luego de que renunciaran a esa tarea Adrián Maloneay, Julio Virgolini y Mariano Silvestroni). Pero de acuerdo a la Agencia Télam, este podría ser no mayor a tres días lo cual coincidiría con el cuarto intermedio antes de las siguientes audiencias la semana próxima.

Maloneay, Virgolini y Silvestroni señalaron al presentar su renuncia que pese a que su cliente «no participó ni tuvo ocasión de defenderse en el juicio anterior [concluido en diciembre de 2015], la prueba en él producida parece inamovible e irreproducible, como previsiblemente lo serán las conclusiones que de él provienen».

Sin embargo esta no es la mirada de los familiares de las víctimas. «Nosotros consideramos que está probada la responsabilidad de De Vido de acuerdo a las pruebas que se fueron recolectando en cinco años y medio, y todo lo que fue saliendo en el juicio que terminó en 2015», declaró este martes Paolo Menghini, el padre de Lucas Menghini Rey, hallado sin vida en el tren dos días después de la tragedia.

Además cuestionó, como señalaron los abogados, que De Vido este «precondenado» y sea víctima de una persecución. Desde su perspectiva «no está condenado» pero sí «está debidamente procesado».

También recordó que el ex ministro y actual diputado nacional está siendo juzgado por dos cargos: «Uno es el estrago culposo, agravado por la muerte de 51 personas; y otro es la administración fraudulenta de bienes del Estado, que tiene que ver con tres mil millones de pesos que en vez de ir al mantenimiento y renovación de la flota ferroviaria se licuaron entre las empresas del grupo Cirigliano sin ningún tipo de control de parte del Estado».

En ese sentido analizó que «todo lo que llevó a que De Vido le saque la concesión a Cirigliano había sucedido antes del 22 de febrero de 2012. Hay una clara responsabilidad respecto de un dejar hacer a los empresarios sin el debido control estatal».

Esta causa contra el ex funcionario se inició en base a lo dispuesto por el TOF 2, en la sentencia dada a conocer 29 de diciembre de 2015. En aquella oportunidad fueron condenados el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, a seis años de prisión; su sucesor, Juan Pablo Schiavi, a ocho, y el responsable de la concesionaria TBA, Claudio Cirigliano, a nueve años, entre otros.