Trabajadores de Vialidad Nacional se movilizaron en Córdoba

En la mañana del martes, trabajadores de Vialidad Nacional se movilizaron hacia la Legislatura de la provincia de Córdoba en reclamo por el Decreto Nº 794/207, que estipula la creación de Corredores Viales S.A. Este organismo paralelo tiene las facultades para realizar tareas de repartición pública y manejo del patrimonio estatal.

Todo empezó cuando el pasado 3 de octubre, en el Boletín Oficial se publicó el mencionado decreto. Esta firma privada tendrá funcionamiento en los temas competentes al Ministerio de Transporte como la “la construcción, mejora, reparación, conservación, promoción, ampliación, remodelación, mantenimiento, operación, financiación, administración, explotación y prestación de servicios al usuario, en trazas, rutas, autopistas, accesos, corredores y cualquier otra red vial de jurisdicción nacional” a través de intermediarios, terceros o por sí sola.

La decisión presidencial, avalada por el presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete Marcos Peña y el ministro de Transporte Guillermo Dietrich, contempla que el Ministerio tendrá el 51% de la Sociedad Anónima y la Dirección Nacional de Vialidad tendrá el 49% restante. Además, habilita a realizar operaciones y transacciones bancarias y financieras con entes de créditos privados y oficiales, tanto en el exterior, como en el interior.

En este sentido, se vulnera la transparencia de las contrataciones, debido a que, como expresa el artículo 4to: «Establécese expresamente que no resultan aplicables a ‘Corredores Viales S.A.’, las disposiciones de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos Nº 19.549 y sus modificatorias, del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, establecido por el Decreto Nº 1023 de fecha 13 de agosto de 2001 y sus modificatorios, de la Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y sus modificatorias, ni, en general, las normas o principios de derecho administrativo, sin perjuicio de los controles que resulten aplicables por imperio de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y sus modificatorias».

De este modo, las empresas que se contraten bajo este régimen, no lo podrán hacer en los términos de las licitaciones públicas: no se concursará para ganar dichas licitaciones, y el marco jurídico reglamentario para los controles de las actividades quedaría sin efecto. Así, se deja a la ciudadanía sin las garantías de ejecución, control y mantenimiento de obras viales.

Todo esto supone también un avance en contra de los derechos de los trabajadores, ya que dentro de la actividad vial quedaría sin efecto el Convenio Colectivo de Trabajo según lo explica el artículo 5to cuando dice: “Establécese que la sociedad mantendrá con su personal una vinculación laboral de Derecho Privado, encontrándose regida por la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias”.

Estas acciones suponen un claro avance del gobierno en contra de la administración pública y el derecho de los trabajadores, a lo que se suma las intenciones de manipular las instituciones públicas. Vialidad Nacional en los últimos tiempos fue foco de discusiones e intentos de privatización por parte del gobierno. Seis mil trabajadores de todo el país ven peligrar sus fuentes de trabajo. Es que el artículo 8° expresa: “Facúltase a la Dirección Nacional de Vialidad, para que en conjunto con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social establezcan con las organizaciones gremiales representativas de los trabajadores, en caso de corresponder, la transferencia de los mismos a la sociedad concesionaria”.

Tal y como se informa en un comunicado de la comisión directiva de Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina, los trabajadores se encuentran en estado de alerta y movilización, para lograr que bajo estos actos se intente «evitar la transparencia en la obra pública y destruir la estabilidad laboral».

Ernesto Trejo, desde Córdoba.